{"id":3639,"date":"2026-01-09T21:30:38","date_gmt":"2026-01-09T21:30:38","guid":{"rendered":"https:\/\/hueleaazufre.com\/wordpress_a\/?p=3639"},"modified":"2026-01-09T21:30:38","modified_gmt":"2026-01-09T21:30:38","slug":"el-desastre-ilegal-de-ee-uu-en-torno-al-secuestro-presidencial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hueleaazufre.com\/wordpress_a\/index.php\/2026\/01\/09\/el-desastre-ilegal-de-ee-uu-en-torno-al-secuestro-presidencial\/","title":{"rendered":"El desastre ilegal de EE.UU. en torno al secuestro presidencial"},"content":{"rendered":"
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Un\u00a0<\/span>mensaje\u00a0publicado<\/a>\u00a0por Donald Trump el 3\u00a0de enero<\/span>, en plena ejecuci\u00f3n del bombardeo sobre territorio venezolano, introdujo un elemento que trasciende la ret\u00f3rica pol\u00edtica y se\u00a0puede<\/span>\u00a0inscribir<\/span>\u00a0directamente en el terreno jur\u00eddico.<\/p>\n

La investidura presidencial<\/span><\/strong><\/h2>\n

En esa publicaci\u00f3n, Trump afirm\u00f3 que los Estados Unidos hab\u00edan llevado a cabo \u00abcon \u00e9xito un ataque a gran escala contra Venezuela y su l\u00edder,\u00a0el presidente Nicol\u00e1s Maduro<\/strong>\u00ab, a\u00f1adiendo que este hab\u00eda sido\u00a0\u00ab<\/span>capturado\u00ab<\/span>\u00a0junto con su esposa y trasladado fuera del pa\u00eds en colaboraci\u00f3n con fuerzas del orden estadounidenses.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de la forma y del canal utilizado,\u00a0<\/span>el contenido del mensaje proyecta una pretensi\u00f3n de oficialidad que no puede desligarse del cargo que ostenta\u00a0quien lo emit\u00eda ni del contexto operativo al que alude.<\/p>\n

Aunque el sistema estadounidense suele ampararse en una calculada ambig\u00fcedad entre declaraciones personales y pronunciamientos institucionales, ese juego burocr\u00e1tico de conveniencia no disuelve la gravedad del hecho, es decir,<\/span>\u00a0la publicaci\u00f3n revela, por su propio texto, una operaci\u00f3n jur\u00eddicamente fr\u00e1gil en sus fundamentos y,\u00a0por supuesto<\/span>,\u00a0en absoluto,<\/span>\u00a0manifiestamente ilegal.<\/p>\n

Al referirse expresamente a Nicol\u00e1s Maduro como Presidente, el propio mensaje reconoce su condici\u00f3n de Jefe de Estado en ejercicio. Esa menci\u00f3n tiene consecuencias jur\u00eddicas directas.<\/p>\n

En el derecho internacional consuetudinario, los jefes de Estado en funciones gozan de inmunidad personal absoluta frente a la jurisdicci\u00f3n penal de otros Estados. Dicha inmunidad impide su arresto, detenci\u00f3n o enjuiciamiento por tribunales extranjeros.<\/p>\n

Se trata de un principio asentado en la pr\u00e1ctica estatal generalizada y reiteradamente reconocido por\u00a0el espectro multilateral<\/span>, cuyo prop\u00f3sito es preservar la igualdad soberana de los Estados y evitar que el ejercicio del poder jurisdiccional de uno se convierta en instrumento de dominaci\u00f3n sobre otro.<\/p>\n

Desde esa perspectiva,\u00a0el secuestro<\/span>\u00a0de un presidente en funciones por fuerzas militares de un Estado extranjero, sin consentimiento del Estado afectado ni autorizaci\u00f3n expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas\u00a0(ONU)<\/span>, constituye una violaci\u00f3n directa de la inmunidad soberana y del principio de igualdad soberana consagrado en el\u00a0art\u00edculo 2(1)<\/a>\u00a0de la Carta de la ONU.<\/p>\n

A ello se suma la infracci\u00f3n del art\u00edculo 2(4), que proh\u00edbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia pol\u00edtica de cualquier Estado. El propio lenguaje empleado por Trump\u00a0con anunciar que se ejecut\u00f3 un\u00a0<\/span>ataque a gran escala no deja margen para reinterpretaciones,\u00a0pues\u00a0<\/span>se reconoce un acto de fuerza armada y se asume p\u00fablicamente su resultado pol\u00edtico y personal: el secuestro de un jefe de Estado.<\/p>\n

La\u00a0ilegalidad<\/span>\u00a0del caso se hizo a\u00fan m\u00e1s evidente cuando, tras ser trasladado a Nueva York, Nicol\u00e1s Maduro\u00a0compareci\u00f3<\/a>\u00a0ante el juez federal Alvin Hellerstein el 5 de enero y declar\u00f3 que era el Presidente de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela.<\/p>\n

Esa afirmaci\u00f3n constituy\u00f3 la invocaci\u00f3n expl\u00edcita de un estatus jur\u00eddico protegido por el derecho internacional. En ese momento, se activ\u00f3 formalmente un argumento de defensa fundamental, seg\u00fan el cual el tribunal estadounidense carece de jurisdicci\u00f3n penal v\u00e1lida para juzgar a un jefe de Estado en ejercicio.<\/p>\n

La inmunidad personal es amplia y absoluta mientras dura el mandato, y cubre tanto actos oficiales como privados, precisamente para evitar que los tribunales de un Estado se conviertan en \u00e1rbitros del poder pol\u00edtico de otro.<\/p>\n

El Gobierno de los Estados Unidos suele sostener que no reconoce a Maduro como presidente leg\u00edtimo. Sin embargo, esa posici\u00f3n pertenece al \u00e1mbito de la pol\u00edtica exterior del Poder Ejecutivo y no constituye, por s\u00ed misma, una determinaci\u00f3n autom\u00e1tica y vinculante para el an\u00e1lisis jur\u00eddico internacional.<\/p>\n

La inmunidad de jefe de Estado no depende del reconocimiento unilateral de otro pa\u00eds, sino de la realidad objetiva del ejercicio del poder estatal y del reconocimiento general dentro del sistema internacional.<\/p>\n

Aqu\u00ed emerge una contradicci\u00f3n central que debilita cualquier intento de justificaci\u00f3n jur\u00eddica. No es coherente negar la inmunidad presidencial mientras, al mismo tiempo, se reconoce p\u00fablicamente el estatus de Jefe de Estado.<\/p>\n

El mensaje de Trump puede adquirir valor como contexto probatorio e interpretativo, ya que<\/span>\u00a0evidencia una admisi\u00f3n t\u00e1cita de la condici\u00f3n presidencial de Maduro y expone la inconsistencia interna de la actuaci\u00f3n estadounidense. Aunque una publicaci\u00f3n en redes sociales no crea por s\u00ed sola obligaciones jur\u00eddicas, s\u00ed puede ser utilizada para demostrar la contradicci\u00f3n entre el discurso p\u00fablico del poder pol\u00edtico y las tesis procesales sostenidas ante un tribunal.<\/p>\n

En suma, el secuestro y posterior intento de enjuiciamiento de un presidente extranjero en funciones no solo desaf\u00eda principios fundamentales del derecho internacional, sino que desnuda una pr\u00e1ctica de extraterritorialidad selectiva que erosiona el propio orden jur\u00eddico que Estados Unidos afirma defender.<\/p>\n

El ataque a gran escala y la condici\u00f3n de prisionero de guerra<\/strong><\/h2>\n

La audiencia fue un\u00a0arraignment<\/em>, es decir, el primer acto formal del proceso penal federal tras la detenci\u00f3n de un acusado. Su finalidad es estrictamente procedimental\u00a0en cuanto a<\/span>\u00a0confirmar identidad, informar cargos, garantizar conocimiento de derechos y registrar la declaraci\u00f3n de culpabilidad o inocencia.<\/p>\n

Todo<\/span>\u00a0lo que all\u00ed se dijo qued\u00f3 incorporado al registro oficial del tribunal, y precisamente por eso adquiere una relevancia que trasciende la aparente rutina procesal. En derecho, lo que se asienta en actas no se evapora:<\/span>\u00a0se convierte en materia prima para futuras mociones, alegatos y controversias estructurales.<\/p>\n

Desde ese marco, la declaraci\u00f3n inicial del presidente<\/span>\u00a0Nicol\u00e1s Maduro:\u00a0<\/span>\u00abSoy presidente de la Rep\u00fablica de Venezuela y estoy secuestrado desde el 3 de enero. Fui capturado en mi casa en Caracas. Me considero un prisionero de guerra\u00bb,<\/span>\u00a0fue\u00a0<\/span>una formulaci\u00f3n jur\u00eddica consciente que introduce, desde el primer minuto del proceso, un conflicto frontal entre el derecho penal interno estadounidense y el derecho internacional p\u00fablico.<\/p>\n

Al afirmar su investidura presidencial, denunciar una captura forzada en territorio venezolano y asumirse como prisionero de guerra,\u00a0el presidente\u00a0<\/span>Maduro dej\u00f3 sembrada una controversia que no puede resolverse dentro de los estrechos m\u00e1rgenes de un\u00a0arraignment<\/em>, pero que queda jur\u00eddicamente viva en el expediente.<\/p>\n

La<\/span>\u00a0noci\u00f3n de \u00abataque a gran escala\u00bb, empleada por Trump en su mensaje del 3 de enero, es central para comprender esa afirmaci\u00f3n.<\/p>\n

En el lenguaje del derecho internacional, un ataque armado de esa naturaleza constituye el uso de la fuerza entre Estados. Estados Unidos no solo reconoci\u00f3 haber empleado fuerza militar contra Venezuela, sino que vincul\u00f3 directamente esa acci\u00f3n\u00a0con el secuestro<\/span>\u00a0del Jefe de Estado venezolano y su traslado fuera del pa\u00eds.<\/p>\n

En ese contexto, la calificaci\u00f3n de \u00abprisionero de guerra\u00bb\u00a0es<\/span>\u00a0una consecuencia l\u00f3gica del propio\u00a0discurso\u00a0<\/span>estadounidense, debido a que\u00a0<\/span>hubo un ataque militar interestatal y una captura asociada a ese uso de la fuerza; el Derecho Internacional Humanitario se activa como marco normativo aplicable.<\/p>\n

El Derecho Internacional Humanitario, codificado principalmente en los\u00a0Convenios de Ginebra<\/a>\u00a0de 1949, regula precisamente las situaciones de conflicto armado.\u00a0<\/span>El Tercer Convenio establece un r\u00e9gimen detallado de protecci\u00f3n para los prisioneros de guerra, imponiendo al Estado captor\u00a0(Estados Unidos)\u00a0<\/span>obligaciones estrictas de trato humano, respeto a la dignidad, prohibici\u00f3n de tortura, represalias y exposici\u00f3n a la curiosidad p\u00fablica, as\u00ed como garant\u00edas de alimentaci\u00f3n\u00a0y\u00a0<\/span>atenci\u00f3n m\u00e9dica.<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 13 obliga al captor, Estados Unidos,<\/span>\u00a0a garantizar la seguridad y el honor del prisionero en toda circunstancia.<\/p>\n

Al declararse \u00abprisionero de guerra\u00bb,\u00a0el presidente\u00a0<\/span>Maduro introduce formalmente este cuerpo normativo en un proceso que Estados Unidos pretende reducir a un expediente penal ordinario.<\/p>\n

Este choque\u00a0forma<\/span>\u00a0parte de una arquitectura m\u00e1s amplia de contradicciones.<\/p>\n

Por un lado, se ejecuta un uso no provocado de la fuerza militar, sin autorizaci\u00f3n del Congreso, en abierta tensi\u00f3n con la Constituci\u00f3n estadounidense, que reserva al Poder Legislativo la facultad de declarar la guerra; y con la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que limita severamente la capacidad del Presidente para ordenar acciones militares sin aprobaci\u00f3n congresual.<\/span><\/p>\n

Por otro lado,\u00a0como se mencion\u00f3 previamente,<\/span>\u00a0se violenta la Carta de las Naciones Unidas, tratado vinculante para Estados Unidos, que proh\u00edbe la amenaza o el uso de la fuerza contra otro Estado salvo en defensa propia o con mandato del Consejo de Seguridad.<\/p>\n

El resultado es un retorno,\u00a0que ya no se disimula,<\/span>\u00a0a una l\u00f3gica de \u00abdiplomacia de las ca\u00f1oneras\u00bb.<\/span><\/p>\n

En paralelo, el andamiaje penal presentado por la fiscal\u00eda revela una precariedad estructural. El\u00a0indictment<\/em>\u00a0<\/em>(la acusaci\u00f3n)<\/span>\u00a0es, en esencia, un\u00a0charging instrument unilateral<\/em>\u00a0<\/em>(un instrumento de acusaci\u00f3n penal emitido \u00fanicamente por el fiscal)<\/span>,\u00a0redactado<\/a>\u00a0sin control probatorio previo.<\/p>\n

Todo su contenido es alegacional,\u00a0pues<\/span>\u00a0no presenta pruebas f\u00edsicas directas atribuibles al presidente Maduro\u00a0<\/span>o a la primera dama Cilia Flores,\u00a0<\/span>quien adem\u00e1s es diputada,<\/span>\u00a0y se apoya casi exclusivamente en\u00a0supuestos\u00a0<\/span>testimonios de cooperantes y afirmaciones gen\u00e9ricas.<\/p>\n

La jurisprudencia federal exige la demostraci\u00f3n de un nexo sustancial y concreto, no especulativo, entre los acusados y los hechos imputados.<\/p>\n

Aqu\u00ed, ese nexo aparece diluido, construido m\u00e1s como pieza de una pol\u00edtica\u00a0palurda\u00a0<\/span>sostenida durante a\u00f1os que como resultado de una investigaci\u00f3n penal rigurosa.<\/p>\n

Esa pol\u00edtica no es nueva. Las acusaciones en contra se inscriben en una estrategia de presi\u00f3n prolongada, reiterada y acumulativa, que ha operado durante a\u00f1os sin alcanzar resultados jur\u00eddicos concluyentes.<\/p>\n

Lo que cambia ahora es el punto de ebullici\u00f3n, es\u00a0<\/span>el momento en que se abandona la ficci\u00f3n de la legalidad y se recurre abiertamente a la fuerza.<\/p>\n

En ese instante, se destapa lo que durante mucho tiempo se intent\u00f3 cubrir con narrativas t\u00e9cnicas y eufemismos legales. Se acabaron las excusas.<\/p>\n

Lo que sigue es una maniobra de alegatos jur\u00eddicos destinada\u00a0a<\/span>\u00a0cometer<\/span>\u00a0actos il\u00edcitos desde la cosmovisi\u00f3n imperial que subordina el derecho a la conveniencia estrat\u00e9gica.<\/p>\n

La declaraci\u00f3n de inocencia del presidente venezolano cumple, en ese marco, una funci\u00f3n procesal clara, debido a que<\/span>\u00a0obliga al aparato judicial\u00a0<\/span>a avanzar hacia el descubrimiento de pruebas, habilita a la defensa a presentar mociones previas al juicio,\u00a0<\/span>incluidas las relativas a jurisdicci\u00f3n, inmunidad y supresi\u00f3n de pruebas,<\/span>\u00a0y sit\u00faa el caso en la fase ordinaria del procedimiento penal federal.<\/p>\n

Estados Unidos, pa\u00eds facineroso en emergencia<\/span><\/strong><\/h2>\n

El caso venezolano\u00a0forma<\/span>\u00a0parte de un entramado jur\u00eddico cuidadosamente moldeado durante d\u00e9cadas por los Estados Unidos, basado en ambig\u00fcedades legales funcionales a la expansi\u00f3n del poder. Ese entramado permite condicionar escenarios, degradar adversarios y ejecutar acciones que, bajo un an\u00e1lisis cl\u00e1sico del derecho internacional, resultar\u00edan abiertamente il\u00edcitas.<\/p>\n

De hecho, se trata de la producci\u00f3n deliberada de categor\u00edas jur\u00eddicas que redefinen al adversario antes de enfrentarlo.<\/span><\/p>\n

No es casual que esta l\u00f3gica aparezca ya formulada en la\u00a0Estrategia de Seguridad Nacional publicada a finales de 2025<\/a>, documento que opera como una suerte de supra-constituci\u00f3n para la pol\u00edtica exterior estadounidense y como axioma rector de su proyecci\u00f3n global. All\u00ed se consolida una visi\u00f3n en la que determinados Estados dejan de ser tratados como interlocutores soberanos y pasan a ser descritos como focos de inestabilidad, amenazas sist\u00e9micas o entornos hostiles al orden internacional que Washington se atribuye la responsabilidad de preservar.<\/p>\n

Es en ese\u00a0marco<\/span>\u00a0donde se prepara el terreno para el llamado derecho contrainsurgente estadounidense. Desde\u00a0esa<\/span>\u00a0\u00f3ptica, el derecho interno deja de ser un marco dom\u00e9stico y se convierte en una herramienta de alcance extraterritorial.<\/p>\n

El Estado previamente deslegitimado ya no es abordado como sujeto de derecho internacional, sino como un actor \u00abrebelde\u00bb, \u00abdesviado\u00bb o \u00abinsurgente\u00bb, susceptible de ser gestionado mediante categor\u00edas propias de la seguridad nacional y la persecuci\u00f3n penal, m\u00e1s que a trav\u00e9s de los l\u00edmites cl\u00e1sicos de la soberan\u00eda.<\/p>\n

Bajo esta l\u00f3gica, un gobierno extranjero\u00a0objetivo\u00a0<\/span>puede ser degradado progresivamente, tanto en el discurso como en el plano jur\u00eddico, hasta dejar de ser tratado como una autoridad soberana y pasar a ocupar un estatus ambiguo, cercano al de una organizaci\u00f3n criminal o una amenaza \u00abinsurgente\u00bb contra el\u00a0\u00ab<\/span>orden liderado por Estados Unidos\u00ab<\/span>.<\/p>\n

Una vez logrado ese desplazamiento conceptual, el problema deja de gestionarse en clave de derecho internacional y se reconvierte en un caso penal estadounidense, sustentado en interpretaciones expansivas y unilaterales de jurisdicci\u00f3n extraterritorial.<\/p>\n

La operaci\u00f3n es tan astuta como peligrosa, ya que,\u00a0p<\/span>rimero, se diluye la imagen del Estado,<\/span>\u00a0se niega el reconocimiento al gobierno, se multiplican sanciones ilegales de car\u00e1cter extraterritorial, se instalan acusaciones reiteradas sin sustento probatorio s\u00f3lido y se construye un relato de ilegitimidad permanente.<\/p>\n

Ese proceso, acumulativo y progresivo, fue aplicado sin distinci\u00f3n partidista. Dem\u00f3cratas y republicanos, con estilos distintos pero con un mismo objetivo estrat\u00e9gico, contribuyeron durante a\u00f1os a erosionar la posici\u00f3n internacional de Venezuela, preparando el terreno pol\u00edtico y jur\u00eddico para que, llegado el momento, el recurso de la fuerza apareciera como una consecuencia \u00abnecesaria\u00bb y no como una ruptura del orden legal.<\/p>\n

En este marco, Estados Unidos se presenta a s\u00ed mismo como un pa\u00eds en emergencia constante.\u00a0S<\/span>e autodefine, de manera deliberada y sostenida, como un pa\u00eds bajo amenaza constante. La emergencia es una condici\u00f3n estructural que justifica todo.<\/p>\n

La noci\u00f3n de crisis permanente,\u00a0<\/span>ya sea por terrorismo, narcotr\u00e1fico, amenazas h\u00edbridas o desaf\u00edos al \u00aborden internacional\u00bb,<\/span>\u00a0funciona como carta blanca para expandir atribuciones y justificar lo que, en circunstancias normales, ser\u00eda jur\u00eddicamente inadmisible.<\/p>\n

Desde la aprobaci\u00f3n de la Autorizaci\u00f3n para el Uso de la Fuerza Militar de 2001, el Poder Ejecutivo ha redefinido sistem\u00e1ticamente operaciones militares transfronterizas como actos de \u00abaplicaci\u00f3n de la ley\u00bb.<\/span><\/p>\n

Este desplazamiento sem\u00e1ntico permite eludir los l\u00edmites constitucionales internos y, al mismo tiempo, vaciar de contenido las restricciones del derecho internacional.<\/p>\n

En este esquema, la figura del \u00abenemigo\u00bb se redefine continuamente. Ya no es necesario un adversario estatal cl\u00e1sico ni un conflicto armado declarado.<\/p>\n

Basta la construcci\u00f3n jur\u00eddica de una amenaza difusa que supuestamente altere el \u00aborden global liderado por Estados Unidos\u00bb para activar ese engranaje. De all\u00ed deriva la expansi\u00f3n deliberadamente moldeable de categor\u00edas como Estado forajido\u00a0(<\/span>introducida<\/a>\u00a0por la administraci\u00f3n de George W. Bush\u00a0a Venezuela\u00a0<\/span>a comienzos de la d\u00e9cada del 2000)<\/span>, as\u00ed como las nociones de insurgencia, rebeld\u00eda, terrorismo o narcoestado, utilizadas de manera intercambiable seg\u00fan las necesidades del momento.<\/p>\n

As\u00ed que, lo\u00a0<\/span>que en el derecho internacional tradicional alude a fuerzas internas que desaf\u00edan a su propio gobierno, en la\u00a0pantomima\u00a0<\/span>estadounidense se transforma en cualquier actor,\u00a0<\/span>estatal o no,<\/span>\u00a0que resista o desobedezca la arquitectura de\u00a0sus intereses<\/span>.<\/p>\n

Estados Unidos no se presenta entonces como agresor, sino como un actor forzado a actuar, casi a la defensiva, en nombre de la estabilidad mundial.<\/p>\n

El derecho interno estadounidense contiene un conjunto de normas dise\u00f1adas para operar m\u00e1s all\u00e1 de sus fronteras\u00a0(como las \u00d3rdenes Ejecutivas o Declaraciones de Emergencia)<\/span>, permitiendo etiquetar a gobiernos soberanos como \u00abamenazas criminales\u00bb o \u00abestructuras insurgentes\u00bb, seg\u00fan convenga al escenario pol\u00edtico.<\/p>\n

Lo que legitima sociol\u00f3gicamente esta operaci\u00f3n no es el derecho internacional, sino el relato de urgencia: un Estado supuestamente amenazado que act\u00faa porque no tiene alternativa. La emergencia, una vez m\u00e1s, funciona como coartada jur\u00eddica. En definitiva, la excepcionalidad se normaliza.<\/p>\n

La<\/span>\u00a0administraci\u00f3n de Donald Trump empuja al sistema internacional hacia una l\u00f3gica de fuerza desprovista de contenci\u00f3n jur\u00eddica.\u00a0Pero, por otro lado, la figura del presidente\u00a0<\/span>Maduro aparece como un Jefe de Estado que, aun secuestrado y sometido a un proceso viciado desde su origen, activa\u00a0al golpeado\u00a0<\/span>derecho internacional y expone la fragilidad del andamiaje imperial.<\/p>\n

Fuente: Misi\u00f3n Verdad\u00a0<\/strong><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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