{"id":3800,"date":"2026-02-13T19:09:48","date_gmt":"2026-02-13T19:09:48","guid":{"rendered":"https:\/\/hueleaazufre.com\/wordpress_a\/?p=3800"},"modified":"2026-02-13T19:09:48","modified_gmt":"2026-02-13T19:09:48","slug":"magnates-censura-y-negocios-los-duenos-de-la-red","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hueleaazufre.com\/wordpress_a\/index.php\/2026\/02\/13\/magnates-censura-y-negocios-los-duenos-de-la-red\/","title":{"rendered":"Magnates, censura y negocios: los due\u00f1os de la red"},"content":{"rendered":"
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El debate contempor\u00e1neo sobre la libertad de expresi\u00f3n en internet suele presentarse como una confrontaci\u00f3n entre ciudadanos libres y Estados intrusivos. El problema no es denunciar supuestas censuras gubernamentales, el principal problema radica en hacerlo como si existiera previamente un territorio neutral, un espacio digital originalmente abierto que los poderes p\u00fablicos intentar\u00edan colonizar o restringir. Esa premisa rara vez se examina. Las grandes redes sociales y los nuevos canales de comunicaci\u00f3n no son espacios p\u00fablicos en sentido jur\u00eddico ni pol\u00edtico: son infraestructuras privadas de alcance global, propiedad de corporaciones concretas que operan bajo l\u00f3gicas empresariales. Es importante tener en cuenta que antes de cualquier regulaci\u00f3n estatal, antes de cualquier intervenci\u00f3n legislativa, all\u00ed ya hab\u00eda un propietario.<\/p>\n

Esta confusi\u00f3n no es inocente. Si asumimos que las plataformas son meros canales de comunicaci\u00f3n, perdemos de vista que constituyen uno de los sectores m\u00e1s rentables del capitalismo contempor\u00e1neo. No venden \u00fanicamente publicidad ni servicios tecnol\u00f3gicos: venden capacidad de influencia basada en la explotaci\u00f3n sistem\u00e1tica de datos conductuales. Un ejemplo ser\u00eda Meta* \u2014propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram\u2014 que declar\u00f3 en 2024 ingresos superiores a los 160.000 millones de d\u00f3lares, con beneficios netos cercanos a los 60.000 millones. Pero, \u00bfcu\u00e1l es el negocio? Seg\u00fan sus propias fuentes y lo que recogen distintos medios econ\u00f3micos, el 98 % de sus ingresos proceden de publicidad segmentada. Su modelo no consiste en ofrecer un servicio gratuito, sino en\u00a0comercializar<\/strong>\u00a0la posibilidad de\u00a0intervenir sobre los comportamientos de sus usuarios<\/strong>\u00a0con una precisi\u00f3n sin precedentes. Es decir, una informaci\u00f3n precisa e individualizada sobre el comportamiento humano que ese contenido revela. Cada interacci\u00f3n, cada \u00abme gusta\u00bb, cada b\u00fasqueda, cada pausa ante una imagen alimenta modelos predictivos que permiten anticipar decisiones de consumo, afinidades ideol\u00f3gicas e incluso patrones emocionales. La gratuidad es, en este sentido, una ilusi\u00f3n funcional: no pagamos con dinero, sino con datos. Unos datos que no son un efecto colateral, sino el n\u00facleo mismo del negocio. Y que, finalmente, son vendidos al mejor postor.<\/p>\n

Lo llamativo es que esta arquitectura econ\u00f3mica suele permanecer en segundo plano en el debate p\u00fablico.\u00a0Se teme la vigilancia estatal y se normaliza la vigilancia corporativa<\/strong>. La posibilidad de que un gobierno establezca l\u00edmites regulatorios provoca alarma inmediata, mientras que la absoluta certeza de que una empresa privada almacena, procesa y monetiza la vida cotidiana de millones de personas apenas genera cierta incomodidad. En esa direcci\u00f3n, la cuesti\u00f3n no es negar los riesgos del poder estatal, sino comprender que el poder privado que organiza la esfera digital no es menos estructural.<\/p>\n

No pagamos con dinero, sino con datos. Unos datos que no son un efecto colateral, sino el n\u00facleo mismo del negocio.<\/p><\/blockquote>\n

Un ejemplo reciente ilustra esta inversi\u00f3n de percepciones. Cuando el presidente del Gobierno espa\u00f1ol, Pedro S\u00e1nchez,\u00a0anunci\u00f3<\/a>\u00a0mecanismos de verificaci\u00f3n de edad para proteger a menores en determinadas plataformas, la reacci\u00f3n fue inmediata. P\u00e1vel D\u00farov, fundador de Telegram,\u00a0alert\u00f3<\/a>\u00a0contra posibles injerencias gubernamentales, enviando mensajes directos a usuarios de la plataforma en Espa\u00f1a. La escena parec\u00eda clara: el poder p\u00fablico restringiendo libertades y el empresario digital defendiendo a la ciudadan\u00eda. Sin embargo, Telegram supera los 800 millones de usuarios activos y ha consolidado un modelo de monetizaci\u00f3n basado en publicidad segmentada, de nuevo, suscripciones premium y servicios vinculados a blockchain. No es una organizaci\u00f3n filantr\u00f3pica, sino una empresa cuya valoraci\u00f3n depende de la expansi\u00f3n de usuarios y de la explotaci\u00f3n de su actividad. Adem\u00e1s, como cualquier otra gran plataforma, adapta su funcionamiento a los marcos regulatorios de las jurisdicciones donde opera. La ret\u00f3rica libertaria convive, en la pr\u00e1ctica, con la obediencia a las normas que garantizan su continuidad comercial. Por ejemplo, desde la Uni\u00f3n Europea no tenemos acceso a canales de informaci\u00f3n rusos en esta plataforma.<\/p>\n

Otro caso es el de\u00a0Elon Musk<\/strong>, que adem\u00e1s permite ampliar el enfoque. El empresario se presenta como\u00a0adalid de la desregulaci\u00f3n y cr\u00edtico del intervencionismo estatal<\/strong>. Sin embargo, SpaceX \u2014compa\u00f1\u00eda matriz de Starlink\u2014 es adjudicataria del programa National Security Space Launch del Departamento de Defensa de EE.UU.\u00a0y mantiene contratos con el Pent\u00e1gono y la Fuerza Espacial para el lanzamiento de sat\u00e9lites estrat\u00e9gicos y la provisi\u00f3n de servicios satelitales. Ha creado incluso una divisi\u00f3n espec\u00edfica, Starshield, orientada a clientes gubernamentales y de defensa. As\u00ed que su infraestructura no es \u00fanicamente comercial, forma parte del entramado estrat\u00e9gico de seguridad estadounidense. En ese sentido, decisiones como la activaci\u00f3n o restricci\u00f3n de Starlink en escenarios de conflicto no pueden interpretarse como gestos tecnol\u00f3gicos neutrales. No se trata de conspiraciones, sino de interdependencias estructurales entre grandes corporaciones tecnol\u00f3gicas y el aparato estatal al que est\u00e1n vinculadas contractualmente.<\/p>\n

En este contexto, el supuesto enfrentamiento entre Estado y plataformas resulta simplificador. El Estado no es una entidad abstracta ajena a las din\u00e1micas econ\u00f3micas: hist\u00f3ricamente ha garantizado marcos jur\u00eddicos, infraestructuras y condiciones necesarias para la acumulaci\u00f3n de capital, al tiempo que tambi\u00e9n ha sido un espacio de disputa pol\u00edtica. Es decir, no es un espacio neutral, pero tampoco cerrado.<\/p>\n

Lo que presentan como una batalla por los derechos civiles es, en realidad, una pugna empresarial por el control de un territorio estrat\u00e9gico.<\/p><\/blockquote>\n

Sin embargo, es necesario profundizar esta cuesti\u00f3n. La presencia cada vez m\u00e1s evidente de los nuevos magnates tecnol\u00f3gicos en el escenario p\u00fablico, ha motivado, un importante debate te\u00f3rico sobre si estas din\u00e1micas configuran una nueva fase del capitalismo que algunos autores han denominado \u00abtecnofeudalismo\u00bb. El economista Yanis Varoufakis sostiene que las grandes plataformas act\u00faan como se\u00f1ores digitales que extraen rentas a quienes operan en su territorio; C\u00e9dric Durand ha subrayado que el control de infraestructuras digitales esenciales genera relaciones de dependencia estructural de car\u00e1cter rentista; mientras que la soci\u00f3loga estadounidense Shoshana Zuboff prefiere hablar de \u00abcapitalismo de vigilancia\u00bb para destacar la centralidad de la extracci\u00f3n masiva de datos conductuales.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de las diferencias conceptuales o del debate te\u00f3rico que en estos momentos est\u00e1 en pleno desarrollo, lo relevante es constatar que el poder ya no se ejerce \u00fanicamente a trav\u00e9s de la propiedad cl\u00e1sica de los medios de producci\u00f3n, sino tambi\u00e9n mediante el dominio de plataformas que organizan la comunicaci\u00f3n, el comercio y la interacci\u00f3n social a escala global debido a la revoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica. En ese sentido, bajo mi punto de vista, no es que las grandes corporaciones tecnol\u00f3gicas busquen sustituir al Estado, sino condicionarlo y participar en la definici\u00f3n de las reglas que regulan su propio sector y garantizan sus beneficios.<\/p>\n

La cuesti\u00f3n, por tanto, no es la censura ni la libertad de expresi\u00f3n, sino los negocios y el poder.\u00a0El espacio digital nunca fue neutral<\/strong>: naci\u00f3 como infraestructura privada y, en tanto producto de una revoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica a\u00fan reciente, sigue buscando su encaje estructural dentro del sistema capitalista. En ese proceso, las grandes plataformas negocian con los Estados los t\u00e9rminos de su poder, su marco normativo y su porci\u00f3n del beneficio. Lo que presentan como una batalla por los derechos civiles es, en realidad, una pugna empresarial por el control de un territorio estrat\u00e9gico. Mientras tanto, arrastran a la ciudadan\u00eda a una tensi\u00f3n que no le pertenece, utiliz\u00e1ndola como coartada discursiva donde los que han convertido la vigilancia en modelo de negocio se erigen c\u00ednicamente como defensores de la \u00ablibertad\u00bb de todos.<\/p>\n

*Calificada en Rusia como organizaci\u00f3n extremista, cuyas redes sociales est\u00e1n prohibidas en su territorio.<\/em><\/p>\n

Fuente: RT\/Carmen Parejo Rend\u00f3n<\/strong><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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