Continúa el genocidio del movimiento social en el Sur de Bolívar
CI.- Comunidades y organizaciones sociales denuncian el asesinato del dirigente campesino Jairo Alberto Díaz por parte del Clan del Golfo. Exigen acciones del Estado para desmantelar el paramilitarismo.
Secuestro y asesinato en medio de la indiferencia institucional
El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), grupo paramilitar vinculado con la fuerza pública, secuestró al dirigente social Jairo Alberto Díaz durante la noche del 21 de diciembre en la vereda El Jardín de San Pablo, Sur de Bolívar.
Integrantes del Clan del Golfo lo trasladaron por la fuerza hacia el corregimiento de Cañaveral Bajo.
A pesar de que organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos alertaron de inmediato al Personero Municipal, al Inspector de Policía y a otras entidades para salvaguardar su vida, la respuesta institucional fue que «no es día laboral y toca atender el caso en horario de oficina».
El cuerpo de Jairo Díaz apareció asesinado en la mañana del 22 de diciembre.
Un líder histórico que sembraba vida
Jairo Alberto Díaz, oriundo de Vegachí (Antioquia), vivía desde hacía 20 años en la región.
Fue uno de los fundadores de la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar (ASAMISSUR) y dedicó varios años a trabajar en la Junta de Acción Comunal (JAC).
En el momento de su muerte, era el tesorero de la JAC de la Vereda El Jardín y de la Asociación.
Las organizaciones lo describieron como un dirigente histórico, reconocido por su valiosa trayectoria. Padre de cinco hijos, se sostenía de cultivos de pancoger.
«Era una persona que sembraba vida y dignidad», expresaron.
Una muerte política anunciada
La comunidad responsabiliza al Clan del Golfo del asesinato. Este grupo había declarado una «muerte política y jurídica» a ASAMISSUR, la organización de Díaz, y le había prohibido reunirse o hacer presencia en el municipio.
Aunque Jairo no recibió amenazas directas, varios hombres identificados como integrantes de las AGC acabaron con su vida, según las denuncias de las comunidades.
Señalaron que estas acciones buscan «debilitar el tejido social y comunitario de la región».
Serranía de San Lucas. Foto Ecos Disonantes
Exigencias de justicia y desmantelamiento paramilitar
Las organizaciones solicitan al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo que esclarezcan este crimen y actúen contra los responsables del genocidio que enfrentan las comunidades.
También exigen sanciones para los funcionarios que omitieron atender el caso.
Reiteran la exigencia al gobierno de Gustavo Petro y al Estado colombiano para que desmantelen el paramilitarismo y la doctrina militar que, a su juicio, permiten el exterminio del movimiento social.
Entre las organizaciones que condenan los hechos se encuentran el Congreso de los Pueblos, el CNA, REDHER, la Corporación Jesús María Valle y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), entre otras.
Un genocidio que no se detiene: 185 líderes asesinados en 2025
El crimen de Díaz no es aislado. En abril de 2024, el Clan del Golfo asesinó al dirigente campesino Narciso Beleño.
La Fiscalía señaló al excoronel José Alejandro Castro Cadavid como presunto autor intelectual. Estos y otros casos permanecen en la impunidad.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que, solo en 2025, la cifra de dirigentes sociales asesinados en todo el país asciende a 185 víctimas. Este crimen se enmarca en un conflicto territorial complejo donde, además del Clan del Golfo y el ELN, opera la Primera División del Ejército Nacional.
Minería ilegal y guerra territorial: El trasfondo económico
Un habitante del Sur de Bolívar, bajo reserva de identidad, declaró que el Clan del Golfo es dueño de más de 50 retroexcavadoras en la región, con las que adelanta minería ilegal, causa daño ambiental y explota laboralmente a la población, en muchos casos sin pagarles e incluso asesinándolos.
A su vez, el ELN sostiene un enfrentamiento armado con el Clan, por lo que ha realizado varios ataques contra la maquinaria y demás estructura para explotar oro. Como represalia, el grupo paramilitar dirige sus ataques contra la población civil y las organizaciones sociales.
Jairo Díaz y ASAMISSUR habían denunciado reiteradamente las afectaciones de esta explotación minera en el territorio y sus daños a la fauna y la flora.
Sur de Bolívar. Foto Ecos Disonantes.
La deuda del Estado: Protestas y exigencias
Durante el gobierno de Petro, las organizaciones han realizado numerosas protestas exigiendo el desmonte del paramilitarismo y de la doctrina de seguridad que consideran causante del genocidio contra comunidades, organizaciones y líderes sociales.
El asesinato de Jairo Díaz se convierte en otro símbolo de una deuda histórica de protección y justicia que el Estado no ha saldado.
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