¿Podemos dormir tranquilas?
Desde la madrugada del 3 de enero, América Latina ya no es la misma. El bombardeo sobre Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores marcaron una nueva fase de la agresión imperialista de Estados Unidos a la región, desmontando la ficción y la ilusión de los defensores de la tesis de que la geopolítica aún estaba condicionada por las decrépitas normas del derecho internacional.
Es una verdad de las más evidentes que durante los últimos 30 años América Latina no logró romper la subordinación estructural a EE. UU. Sin embargo, el fortalecimiento de los movimientos populares, la persistencia de proyectos insurgentes, la resistencia cubana y el ascenso de gobiernos progresistas mantuvieron esa relación en disputa. A ello se sumaron otros factores geopolíticos como el avance de China, Rusia e Irán, y el debilitamiento relativo de la hegemonía estadounidense. Todo ello alimentó la ilusión de que aún existían márgenes de autonomía para los pueblos y gobiernos de la región, bajo el paraguas del derecho internacional liberal.
El 3 de enero la ingenuidad se nos estrelló en la cara. A pesar de las señales previas —el retorno del Comando Sur a la región, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional y la reedición del discurso del “narcotráfico” como dispositivo de intervención (Tokatlian, 2018)—, muchas creíamos aún que no se atreverían. Y se atrevieron.
La reacción regional evidenció una fractura profunda. Mientras algunos gobiernos rechazaron la violación a la soberanía venezolana (Colombia, Cuba, Brasil, México, Chile, Honduras), otros la respaldaron abiertamente (Panamá, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia). En ese escenario, Gustavo Petro asumió inicialmente un rol protagónico en la denuncia y repudio de la agresión, impulsando incluso la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, el 7 de enero se produjo un giro decisivo.
En medio de una movilización masiva en Colombia, Petro anunció que había cambiado su discurso tras una llamada telefónica con Donald Trump. En su intervención ya no mencionó el secuestro de la pareja presidencial venezolana, ni las víctimas de los bombardeos, ni las amenazas a Cuba y México. La condena se redujo a una afirmación ambigua: “Lo sucedido en Venezuela es ilegal, en mi opinión”. Acto seguido, relató que a Trump “lo habían engañado”, y que, tras aclararle que él no era narcotraficante y que su gobierno había incautado 2.800 toneladas de cocaína, el presidente estadounidense habría cambiado de postura.
Tanto así que Petro, que con vehemencia había insistido en que no quería visa gringa ni estaba interesado en volver a ver al pato Donald, celebró con su gabinete y con muchos de sus seguidores en la Plaza de Bolívar que Trump lo hubiera invitado a la Casa Blanca. Finalmente, cerró su discurso diciendo que “podríamos dormir tranquilos”; la crisis está superada.
Este episodio revela más que una anécdota diplomática. Expone claramente una relación de subordinación estructural, determinada por una correlación de fuerzas profundamente desigual. Como nos ha enseñado la crítica latinoamericana, el problema no es si se dialoga o no, sino las condiciones de dependencia en las que se desarrolla ese diálogo cuando se da en medio de una situación abierta de dominación que se reconfigura hoy mediante coerción y amenazas (Marini, 1973).
No se trata entonces de rechazar la diplomacia y el diálogo entre los estados, sino de la necesidad imperante de reconocer que las características reales del diálogo no son las que Petro anunció en su discurso editado. No es verosímil que el presidente siga presentando esta disputa como un asunto de narcotráfico, cuando los ojos y los oídos del mundo ya escucharon a Estados Unidos reconocer en todas las pantallas que esto se trata de un asunto geopolítico y de su dominio sobre la región y nuestros recursos naturales. Quiero decir: la nación puede reconocer la necesidad del diálogo y la diplomacia, pero no es pertinente defender los mismos argumentos y señalamientos falsos de los Estados Unidos en plena plaza pública.
Resulta equivocado entonces que, tras lo ocurrido en Venezuela, se insista en una diplomacia basada en operaciones de falsa bandera y en las “buenas formas” del derecho internacional, como si este no hubiera sido sistemáticamente vaciado de contenido cuando se trata de los intereses imperiales (Zolo, 2007). La confianza ciega en los liderazgos gubernamentales y en estrategias políticas rebuscadas que ni los funcionarios comprenden forman parte también de la guerra cognitiva y mental en la que se enmarca toda esta disputa. La izquierda y los movimientos populares seguimos perdiendo al pasar lo evidentemente falso por verdadero y, peor aún, creerlo.
Entonces, por supuesto que con el enemigo se dialoga. Pero no se le elogia, ni se le celebra, ni se construye un relato de confianza en su buena fe y en las mismas mentiras que ya han sido desmontadas. Los más férreos defensores de la actuación de Petro responden que esto hace parte de la genial estrategia geopolítica del presidente y que es imposible hablarle duro a Trump en medio de su amenaza. Bueno, pues Chávez lo hizo ante Bush, ¡ante Bush! El gobierno de Sheinbaum lo hace también. La distensión no puede convertirse en renuncia política.
De la lectura de este giro en las relaciones diplomáticas entre Petro y Trump no pueden desligarse las próximas elecciones. Trump sabe que a Petro solo le restan siete meses de gobierno, por lo que su principal interés en Colombia no es confrontar directamente a esta administración, sino debilitar la posibilidad de continuidad de un proyecto progresista, interviniendo de manera directa en la campaña electoral. A Petro, además, le preocupa de manera significativa su inclusión en la lista OFAC, también conocida como Lista Clinton. Lo ocurrido el pasado miércoles fue, ante todo, un acto de campaña. El mensaje que Trump envía a Petro —y que este amplifica en distintos escenarios públicos— es claro: a Colombia le conviene un gobierno mucho más moderado si se espera una revisión de su situación frente a la OFAC.
Las tensiones del nuevo equilibrio de poderes en América Latina y la estrategia de Washington están neutralizando a los gobiernos progresistas y conminándolos a una nueva situación de subordinación y dominación. Es evidente que las instituciones regionales no tienen capacidad militar —Colombia no tiene defensa antiaérea—, ni herramientas políticas —como plataformas de unidad continental— para responder contundentemente a este ataque. Si los gobiernos están en incapacidad de liderar la confrontación contra el imperialismo, esa tarea recaerá —una vez más— en el campo popular organizado, bastante debilitado hoy.
La sevicia de Estados Unidos contra nuestros pueblos no se detendrá. Las amenazas de ataques contra Cuba y México desde la Casa Blanca se mantienen. Trump actúa con este desparpajo porque la potencia imperial conoce la situación de nuestras sociedades, ha promovido también nuestras fracturas, dispersión y la cooptación de liderazgos sociales y políticos. Así las cosas, con las instituciones y los gobiernos debilitados, fortalecer la movilización autónoma y la generación de conciencia barrio a barrio, y vereda a vereda, será la alternativa para enfrentar fortalecidas esta guerra que, a lo sumo, será de décadas. No hay de otra; la historia latinoamericana ofrece suficientes certezas como para no depositar nuestra seguridad en promesas imperiales.
Hasta tanto, no podremos dormir tranquilas.
Fuente: Prensa Periferia/Andrea Rincón Acevedo
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