La soberanía también está en nuestros alimentos
El derecho a la alimentación y a elegir lo que sembramos, cómo lo sembramos, cómo lo cosechamos, cómo los distribuimos e incluso cómo lo cocinamos es lo que se conoce como soberanía alimentaria. Un concepto central cuando hablamos de soberanía de los pueblos, introducido por el movimiento campesino internacional agrupado en la Vía Campesina en ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996.
La soberanía alimentaria es definida como “el derecho de los pueblos, sus países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin la interposición de terceros países”. Es diferente a la seguridad alimentaria, término usado en los organismos multilaterales como FAO, que solo considera la garantía de tener alimentos no importa su origen, la forma en que se produjo o las consecuencias que trajo esa producción. Este concepto no incluye elementos de vital importancia como lo es el de la propiedad de la tierra, el derecho de campesinos y campesinas, el uso de técnicas agrícolas que dañan la naturaleza, entre otros.
Según un informe de FAO de 2020, 690 millones de personas en el mundo sufrían de malnutrición crónica. Ese número se elevó a 733 millones en 2024 y se estima que alcanzará los 840 millones en 2030. Si agregamos el segmento con malnutrición moderada, la cifra se eleva a más de 2.500 millones de seres humanos. En 2020, se esperaba que entre 83 y 132 millones de personas pasarían a la lista de personas con malnutrición solo por efecto de la pandemia.
Hablar sobre soberanía alimentaria es hablar sobre la viabilidad de la humanidad. En tiempos de crisis climática, las contradicciones del modelo civilizatorio se han hecho evidentes. Indicadores de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) revelan que en el mundo se producen alimentos para toda la población. El problema entonces no es producir más. El problema se relaciona con el tipo de alimentos que se producen, las tecnologías que se utilizan y la manera en que se distribuyen. En el contexto de un modelo de muerte como es el capitalismo, la producción de alimentos no busca alimentar humanos sino generar capital para unas cuantas empresas. Empresas que, como la industria armamentista y farmacéutica, son las más poderosas del mundo. Estas empresas promueven la revolución verde que incluye la agricultura intensiva, la patente sobre las semillas, el uso de transgénicos y con éstos, el mercado de fertilizantes y plaguicidas y el control de las decisiones sobre qué y cuánto sembrar, cómo distribuir las cosechas, a quiénes financiar, etc. En el capitalismo, los alimentos son mercancía. Valen no por su valor de uso. Valen porque pueden intercambiarse. Valen porque generan capital.
Los procesos de colonización desmantelaron los sistemas agrícolas locales, las redes de intercambio, la concepción misma de la tierra como un bien común. El hambre está relacionada con la pobreza. Son los pobres los más afectados y, dentro de este segmento, las mujeres, los infantes y los adultos mayores son los que más la sufren. El hambre no es democrática. Un ejemplo patente es lo observado en el Sahel donde los colonizadores europeos reorganizaron la tierra y las identidades provocando diferencias y rivalidades entre aquellos que practicaban la trashumancia (pastores) y aquellos cuya actividad tradicional se centraba en la agricultura. El otorgar privilegios a un grupo generó clases y un conflicto que se intensificó por la pérdida de suelos, limitaciones de agua y desertificación provocados por el cambio climático. Un caso descrito en un trabajo reciente del Instituto Tricontinental de Investigación Social que nos muestra al cambio climático no como la causa primaria del problema sino como el acelerador del mismo. Es la civilización moderna, los procesos de colonización y el desarrollo del capitalismo los que produjeron las opresiones de clase, de raza y género y que se expresan, entre otras formas, en hambre en vastos sectores de la población mundial. Un sistema que se basa en la desposesión de la tierra y en la dependencia tecnológica sobre sistemas agrícolas depredadores que niegan al campesino y campesina sus derechos y hieren de muerte cualquier rasgo de soberanía alimentaria.
El 28 de febrero de este año amanecimos con una (otra) terrible noticia: la alianza criminal EE. UU. /Israel atacó a la República Islámica de Irán. Esta agresión ilegal y despiadada está produciendo consecuencias aparentemente no calculadas por los entes agresores: el cierre del Estrecho de Ormuz. ¿Qué tiene que ver esto con la alimentación? Los países del Golfo Pérsico son importantes productores de fertilizantes nitrogenados y fosfatados y unos 16 millones de toneladas de fertilizantes (entre el 20 y el 30% mundial) atraviesan anualmente el Estrecho de Ormuz. No solo gas y petróleo son transportados por ese corredor.
Según revela FAO en su informe CL 180/3, fechado el 28 de abril, el cierre del Estrecho de Ormuz afecta el eje central de las cadenas de suministros de energía y amenaza un punto de cogestión estratégico con consecuencias que impactarán la cadena de producción de alimentos a nivel mundial. Una disminución de la oferta de fertilizantes impactará en una disminución de las tierras cultivadas lo que afectará de manera notable los precios de los alimentos. India y China, por ejemplo, importan del Golfo un 20% de sus fertilizantes. Bangladesh es más vulnerable aún, dependiendo en un 53% de los fertilizantes del Golfo. En América Latina, los efectos no pasarán desapercibidos. Brasil obtiene una quinta parte de sus fertilizantes del Golfo. Dado que es a su vez principal exportador de maíz, soya y azúcar, la disminución concomitante de su producción afectará a terceros países que dependen de sus importaciones desde Brasil. El informe estima una disminución de la producción agrícola para finales de este año, con consecuencias a más largo plazo si el cierre del Estrecho se prolonga más de tres meses.
Vemos que un sistema que hizo de la producción de alimentos una cadena comercial dependiente de insumos industriales, rutas de transporte a largas distancias y necesidades energéticas crecientes se muerde la cola cuando ese mismo sistema provoca con sus guerras la disrupción de toda su base funcional.
Afortunadamente muchos pueblos han respondido a esta trampa construyendo redes y rescatando o adaptando conocimientos y técnicas ancestrales para una producción de alimentos soberana. Ejemplos los encontramos en los campesinos y campesinas de Tanzania, agrupados en la Asociación Mviwata, las mujeres de la Asociación Watinoma en Burkina Faso o los y las miles de militantes del Movimiento de Trabajadores sin Tierra de Brasil que han recuperado tierras que se trabajan de manera colectiva y que tienen como horizonte la agroecología que los libera de la dependencia de agroquímicos y de las redes depredadoras del agronegocio.
En Venezuela la Alianza Científico-Campesina es un testimonio vivo de cómo se articulan las capacidades productivas de las comunidades con las capacidades de las universidades para hacer frente a situaciones límites y amargas, mediante bancos de semillas. En ellos, hay una ganancia en conocimiento y una ganancia en cuanto al empoderamiento de metodologías para cultivos agroecológicos y el rescate de semillas. La organización en redes permite vincular productores y consumidores y tomar decisiones de manera realmente soberana. Vale decir que fueron estas redes las que hicieron la diferencia, produciendo los alimentos en momentos en que las más de mil medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre Venezuela intentaron impedir el acceso a los mismos por parte de la mayoría del pueblo venezolano.
La defensa de la soberanía alimentaria es una lucha por la liberación de los pueblos en contra de un sistema de muerte, el capitalismo, que, en tiempos de decadencia, intenta imponerse a través de guerras y de formas de dominio cada vez más violentas. Contra ese sistema, los pueblos del mundo dicen sí a la vida y al reencuentro con las raíces y con la madre tierra.
Fuente: Globetrotter/Guillermo Barreto
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