Diez años del fallo sobre el Mar de la China Meridional y la agonía del orden liberal

Al cumplirse una década del histórico laudo arbitral del 12 de julio de 2016, emitido por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya, el Mar de la China Meridional se presenta no como el espacio de vigencia de un derecho marítimo universal, sino como el monumento más elocuente al ocaso del orden internacional basado en reglas y al triunfo de la política de los hechos consumados.

La reciente declaración conjunta emitida por Estados Unidos, Japón, Filipinas y otros once países (entre los que destacan miembros de la OTAN, las repúblicas bálticas y socios oceánicos) para conmemorar este décimo aniversario no es un acto de fuerza, sino una gesticulación de impotencia jurídica frente a una realidad militar y geográfica que ya ha sido completamente reescrita por Beijing.

Mientras que el bloque occidental y sus aliados intentan revivir el laudo de 2016 como un tótem de legitimidad internacional, las aguas en disputa albergan hoy bases aéreas, sistemas de radar de última generación y baterías de misiles donde antes solo existían arrecifes semisumergidos.

Para comprender el alcance real de este aniversario, es imperativo despojarse de los romanticismos leguleyos y analizar el conflicto desde la cruda lente del realismo geopolítico.

El Mar de la China Meridional no es simplemente una disputa sobre rocas, bancos de arena y derechos de pesca; es el epicentro de la colisión tectónica entre una potencia hegemónica global en repliegue estratégico (Estados Unidos) y una potencia terrestre que reclama su espacio vital marítimo histórico y su seguridad estratégica regional (China).

El Laudo de 2016 y la disonancia entre el derecho y el poder

El 12 de julio de 2016, el tribunal de La Haya emitió un dictamen categórico en el caso presentado por Filipinas contra la República Popular China. La corte desmanteló jurídicamente la famosa “línea de los nueve puntos” —aquella delimitación cartográfica con la que Beijing reclama derechos históricos sobre aproximadamente el 80% de ese espacio marítimo—.

El tribunal dictaminó que China carecía de base legal para reclamar derechos históricos sobre los recursos dentro de dicha línea, que ninguna de las características terrestres en las islas Spratly era capaz de generar una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas, y que las actividades de construcción de islas artificiales y la interferencia con los pesqueros filipinos violaban la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Desde el primer día, Beijing adoptó una postura de absoluto rechazo, calificando el proceso de farsa jurídica y el fallo de “pedazo de papel mojado”. China, firmante de la CONVEMAR, se acogió a las cláusulas de exclusión que el propio tratado permite respecto a delimitar fronteras marítimas y soberanía territorial, argumentando que el tribunal carecía de jurisdicción para fallar sobre la soberanía de las características físicas en disputa.

La lección de estos diez años es brutalmente sencilla, donde vemos un nuevo ejemplo de como el derecho internacional es vinculante solo en la medida en que existan mecanismos coercitivos capaces de hacerlo cumplir, o cuando las potencias involucradas deciden cooperar por conveniencia mutua.

China comprendió de inmediato que la mejor defensa contra un fallo desfavorable era la velocidad de sus dragas y la firmeza de su ingeniería. En lugar de retroceder, Beijing aceleró la militarización de los arrecifes Mischief, Subi y Fiery Cross. Lo que en 2016 eran incipientes montículos de arena compactada, hoy son fortalezas militares operativas con pistas de aterrizaje aptas para cazas de quinta generación, hangares blindados, sistemas de misiles tierra-aire HQ-9 y plataformas de guerra electrónica. La soberanía de facto se impuso sobre la “legalidad de jure” en sistema de farsa llevada a cabo por occidente.

La internacionalización del conflicto y la geopolítica de la declaración conjunta

La conmemoración del décimo aniversario mediante una declaración conjunta firmada por Estados Unidos y sus estados lacayos revela una estrategia multifacética liderada por Washington para internacionalizar y multilateralizar lo que Beijing insiste en tratar como disputas puramente bilaterales y que le conciernen sobre su proyección marítima legitima.

Resulta de especial interés la inclusión de países de la periferia europea, como las repúblicas bálticas (Estonia, Letonia, Lituania) y naciones de Europa Central y Oriental. ¿Qué interés geopolítico directo tienen Riga o Vilna en los derechos de pesca del arrecife Scarborough o en el destino de un barco encallado en el banco de arena Second Thomas? La respuesta reside en la creciente “globalización de las alianzas” patrocinada por la Casa Blanca.

Para Washington, el Mar de la China Meridional es el laboratorio donde se ensaya la contención multidimensional contra China. Al vincular la seguridad del Indo-Pacífico con la seguridad euroatlántica, Estados Unidos busca establecer un principio de indivisibilidad de la seguridad.

Esto significa para los europeos, firmar un documento que es el tributo político necesario para asegurar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con el flanco oriental de la OTAN frente a Rusia. Mientras que para Estados Unidos, es la demostración de que puede movilizar un consenso “global” normativo para presionar a Beijing, intentando presentar la conducta china no como un desafío regional, sino como una amenaza directa a las bases mismas del comercio global y la seguridad marítima internacional.

Por su parte, el comunicado del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, enfatizando que la negativa de China a aceptar la decisión “socava el Estado de derecho en la comunidad internacional”, expone la profunda ansiedad de Tokio. Para Japón, el Mar de la China Meridional es la arteria vital por la que transita el grueso de sus importaciones energéticas y de recursos básicos.

Si China consolida el control absoluto de estas aguas, tendrá la capacidad de estrangular la economía japonesa en caso de un conflicto en el Estrecho de Taiwán o por las islas Senkaku/Diaoyu.

Por ello, la retórica del “Estado de derecho” sirve a Japón como un escudo diplomático para legitimar su propia proyección naval y su creciente cooperación militar con Manila y Washington.

Del pragmatismo transaccional a la trinchera del Indo-Pacífico

El epicentro de esta disputa ha sido Filipinas, cuyo comportamiento exterior en la última década ilustra perfectamente los dilemas de las potencias medianas y pequeñas atrapadas en la fricción de dos gigantes.

Tras el fallo de 2016, la administración de Rodrigo Duterte optó por archivar pragmáticamente el laudo. Bajo un enfoque transaccional, Duterte buscó apaciguar a Beijing a cambio de promesas de inversión multimillonarias en infraestructuras bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI).

El cálculo de Duterte era certero al pensar que el laudo era inutilizable militarmente, por lo que era mejor cambiarlo por desarrollo económico real. Sin embargo, la mayor parte de esas promesas de inversión nunca se materializaron sustancialmente, mientras que la presión de las flotas pesqueras y de la Guardia Costera de China sobre la ZEE filipina no disminuyó.

La llegada de Ferdinand Marcos Jr. a la presidencia marcó un giro de 180 grados. Manila no solo desenterró el laudo de 2016 para usarlo como su principal activo diplomático, sino que transformó su postura de seguridad, de esta forma otorgó a Estados Unidos acceso a cuatro nuevas bases militares bajo el Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada (EDCA), varias de ellas ubicadas estratégicamente de cara al Mar de la China Meridional y a Taiwán.

Por otro lado expuso sistemáticamente ante la prensa internacional los hostigamientos de las patrullas chinas mediante cañones de agua, colisiones intencionadas y el uso de láseres de grado militar contra buques de la guardia costera filipina y para potenciar aun mas la discordia se profundizo el control sobre Sierra Madre, el oxidado buque de la Segunda Guerra Mundial, encallado intencionadamente en 1999 en el banco de arena Second Thomas (Ayungin) para servir como puesto militar avanzado, que se ha convertido en el punto de fricción física más peligroso del planeta.

El dilema para Manila es enorme, al alinearse de manera tan inequívoca con la estrategia de contención estadounidense, Filipinas ha ganado cobertura de seguridad bajo el Tratado de Defensa Mutua de 1951 con Washington, pero al mismo tiempo se ha colocado en la primera línea de fuego de una conflagración militar potencial.

La declaración conjunta firmada en este aniversario busca precisamente apuntalar la posición de Marcos Jr., ofreciéndole un manto de legitimidad colectiva que compense su extrema vulnerabilidad material frente a la maquinaria naval de Beijing.

La doctrina de la “Guerra de Zona Gris” de Beijing y la inacción de la comunidad internacional

La respuesta de China a la ofensiva legal y diplomática de la última década ha sido una obra maestra de la estrategia militar indirecta, conocida conceptualmente como la “guerra de zona gris”.

Esta táctica consiste en alcanzar objetivos estratégicos mediante acciones paulatinas que se sitúan justo por debajo del umbral que justificaría una respuesta militar abierta por parte de Estados Unidos o sus aliados.

El instrumento principal de esta estrategia no ha sido la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL), sino una combinación asimétrica de tres elementos potenciados por orden del PCCh en los ultimos años:

• La Guardia Costera de China (CCG): Equipada con buques de gran tonelaje, algunos de ellos antiguos destructores reconvertidos, que patrullan de manera asertiva y constante las aguas disputadas.
• La Milicia Marítima (las “Fuerzas Azules”): Flotas de pesqueros civiles que operan bajo control estatal y militar, utilizados para rodear arrecifes, bloquear accesos y desgastar la resistencia de los guardacostas locales mediante la pura superioridad numérica.
• La construcción de infraestructura civil de doble uso: Faros, estaciones de rescate marítimo y centros de monitoreo ambiental que Beijing utiliza para justificar su presencia “civil” y “humanitaria” en aguas internacionales, enmascarando su control soberano real.

Al utilizar fuerzas no estrictamente militares para coaccionar a sus vecinos, China neutraliza la efectividad de las alianzas de defensa de Estados Unidos. Si una lancha patrullera filipina es embestida por un pesquero de la milicia china, ¿constituye eso un “ataque armado” que active el Tratado de Defensa Mutua con Washington? La ambigüedad de la respuesta es el espacio donde opera la victoria de Beijing.

Durante una década, esta parálisis decisional del bloque occidental ha permitido a China consolidar un control casi absoluto sobre el tráfico marítimo y la explotación de recursos pesqueros e hidrocarburos en la zona.

La conmemoración del aniversario del fallo pone en evidencia que, mientras Occidente debate la interpretación de los artículos de la CONVEMAR (de la actual Estados Unidos no es miembro ni ha querido tener participación alguna), China ha establecido una red de sensores ópticos e hidroacústicos que mapea en tiempo real cada movimiento naval en el área, anulando la ventaja del sigilo submarino de la Marina estadounidense.

La arteria vital de la globalización

Para entender la tenacidad de ambas partes, hay que analizar el peso específico del Mar de la China Meridional en la economía global contemporánea. No estamos ante un espacio marítimo marginal, sino ante la yugular de la globalización económica.

El peso estratégico y económico de esta región se sustenta en variables contundentes que definen el pulso de la globalización. Por un lado, se estima que por estas aguas transita anualmente aproximadamente un tercio del volumen de comercio marítimo global, lo que representa un flujo de mercancías cuyo valor monetario supera los 3.4 billones de dólares al año.

Asimismo, la zona constituye un nodo crítico para la seguridad energética de Asia Oriental, dado que por el Estrecho de Malaca y el Mar de la China Meridional pasa más del 60% del suministro de crudo destinado a potencias como China y Japón.

A esta importancia logística se suma un enorme valor en recursos naturales, el área alberga alrededor del 10% de las capturas pesqueras mundiales, un pilar indispensable para la seguridad alimentaria de cientos de millones de personas en la región.

Finalmente, el subsuelo marino atesora un vasto potencial de recursos energéticos aún no explotados; según estimaciones de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), estas aguas albergan reservas probables de 11.000 millones de barriles de petróleo y 190 billones de pies cúbicos de gas natural.

Para China, controlar estas aguas es una cuestión de supervivencia nacional, es la respuesta directa al llamado “Dilema de Malaca”, la vulnerabilidad estratégica que representa la posibilidad de que una potencia hostil (Estados Unidos) bloquee el estrecho homónimo y corte el suministro de energía e insumos que alimenta la maquinaria industrial china.

Al dominar el Mar de la China Meridional, Beijing empuja su perímetro defensivo cientos de millas más allá de sus costas continentales, creando un bastión donde sus submarinos con capacidad de ataque nuclear pueden operar con relativa seguridad frente a la supremacía antisubmarina de la Armada estadounidense.

Para la coalición de países firmantes de la declaración conjunta, permitir que el Mar de la China Meridional se convierta en un lago interior chino equivale a ceder las llaves del comercio global a Beijing.

Si la República Popular puede decidir de manera unilateral quién transita y bajo qué condiciones por estas rutas comerciales, el eje del poder económico y normativo mundial se habrá desplazado definitivamente de Occidente a Oriente.

El fin del “fin de la historia” en el teatro del Indo-Pacífico

La conmemoración del décimo aniversario del laudo de La Haya es un sobrio recordatorio de que las instituciones internacionales construidas bajo la hegemonía estadounidense de la posguerra y consolidadas en el interregno unipolar tras la caída de la Unión Soviética están perdiendo su vigencia operativa frente al empuje de la multipolaridad.

El conflicto en el Mar de la China Meridional demuestra que la legalidad internacional ha dejado de ser un árbitro neutral para convertirse en un arma más del arsenal diplomático en la competencia de grandes potencias.

Mientras que Estados Unidos y sus aliados se aferran a la letra del laudo de 2016 para tratar de mantener la ilusión de un orden normativo global, China responde con la lógica de la masa, la proximidad geográfica y el poder militar asimétrico.

A diez años de distancia, el fallo de La Haya no es el inicio de una era de resolución pacífica de disputas bajo el derecho del mar; es, más bien, el certificado de defunción del idealismo liberal en el Indo-Pacífico.

La próxima década no se definirá por la jurisprudencia o las declaraciones de solidaridad diplomática de catorce naciones occidentales, sino por la capacidad de disuasión militar real en el mar, la resiliencia de las cadenas de suministro globales y la voluntad de ambas superpotencias de evitar que una colisión incidental entre barcos de madera y cañones de agua se convierta en la chispa que desate la primera gran guerra del siglo XXI.

Fuente: PIA Global/Tadeo Casteglione