La seguridad y la arquitectura de dominación
América Latina atraviesa una profunda reconfiguración geopolítica en la que la seguridad se ha convertido en uno de los principales instrumentos de disputa por el poder. La disputa de Estados Unidos-Israel por el control de minerales críticos, energía, biodiversidad, agua, corredores logísticos y cadenas globales de suministro ha acelerado la externalización de funciones estatales hacia empresas privadas de seguridad, inteligencia y vigilancia. No se trata únicamente de una modernización tecnológica, sino de la consolidación de una arquitectura de dominación donde la guerra, el espionaje y el control social se convierten en mercancías que se ofertan.
Las empresas militares y de seguridad privadas (PMSC) han dejado de desempeñar funciones auxiliares para asumir tareas propias del Estado: inteligencia, control territorial, entrenamiento de fuerzas armadas, protección de infraestructuras estratégicas e incluso operaciones armadas. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre mercenarios ha señalado que este fenómeno erosiona el monopolio legítimo del uso de la fuerza, debilita la rendición de cuentas y profundiza la impunidad. Así, dichas empresas privadas contratadas por gobiernos escapan a todo control y, además, encubren las acciones de las Fuerzas Militares.
En este proceso, Israel ocupa un lugar central. Su complejo militar-industrial ha consolidado una posición privilegiada en América Latina, mediante la exportación de armamento, drones, plataformas de inteligencia, sistemas de vigilancia y ciberseguridad, acompañados de entrenamiento, asistencia técnica y acuerdos de cooperación de largo plazo. No se exportan únicamente equipos: se transfieren doctrinas de seguridad, metodologías operativas y modelos de control desarrollados en un contexto de ocupación permanente sobre el pueblo palestino.
La industria israelí promociona sistemas “probados en combate”, convirtiendo la ocupación de Palestina en un argumento comercial. Allí se ensayan sistemas de vigilancia, inteligencia artificial, biometría y doctrinas militares que posteriormente son comercializados en todo el mundo como soluciones eficaces para combatir el crimen o el terrorismo.
En Colombia, por ejemplo, un informe de La República (2025) identifica cerca de un centenar de empresas israelíes operando en sectores estratégicos como agroindustria, salud, energía, tecnología, ciberseguridad y defensa. Aunque la inversión acumulada en la última década ronda los USD 31,7 millones, su importancia no radica en el volumen de capital, sino en su inserción en áreas críticas del Estado. Empresas como Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems y Check Point Software suministran radares, drones, sistemas de vigilancia, defensa aérea y ciberseguridad para las Fuerzas Militares, la Policía y diversas entidades públicas. El Tratado de Libre Comercio vigente desde 2020 profundizó estos vínculos, consolidando una dependencia tecnológica y doctrinaria que trasciende el intercambio comercial.
En otros países del continente encontramos un amplio listado de empresas militares privadas vinculadas al ecosistema israelí afianzando la presencia militar estadounidense, donde la seguridad privatizada constituye un componente de la estrategia regional de subordinación geopolítica.
Lo que está en juego, por tanto, trasciende la adquisición de armamento o software. Se disputa el modelo de seguridad, el sentido mismo de la soberanía y la capacidad de los pueblos para decidir su futuro. La privatización de la guerra fortalece élites subordinadas a intereses externos, criminaliza la protesta social, amplía el control sobre pueblos indígenas, organizaciones populares y defensores ambientales, mientras asegura las condiciones para la continuidad del extractivismo y el despojo territorial.
En consecuencia, contratar estas tecnologías no constituye un acto neutral: implica financiar una industria cuya rentabilidad depende de la guerra permanente y de la experimentación sobre poblaciones sometidas.
Hoy la amenaza ya no llega únicamente mediante invasiones militares; también se expresa a través de contratos de seguridad, plataformas digitales, inteligencia artificial, vigilancia masiva y dependencia tecnológica. La respuesta exige construir soberanía científica y tecnológica, fortalecer la integración latinoamericana, impulsar controles democráticos sobre la seguridad y romper la subordinación al complejo militar-empresarial transnacional.
Esta amenaza termina por fortalecerse en el gobierno de Abelardo, de nacionalidad, prioritariamente, estadounidense y admirador o militante de la causa sionista. Esta es su “batalla cultural”, arrodillarse a los Estados Unidos y a la Entidad Sionista.
Huele a azufre es una plataforma digital de análisis geopolítico contrahegemónico, que busca visibilizar las voces y los discursos silenciados por el poder mediático.
