Zona Económica Binacional entre Venezuela y Colombia: ¿qué más hay detrás?
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros dio recientemente detalles sobre la creación de la Zona Económica Binacional con Colombia, gracias a un acuerdo en el que ambas naciones vienen trabajando desde que el presidente Gustavo Petro llegó al gobierno.
Si bien las dos administraciones han hablado sobre las bondades económicas que estos acuerdos pueden aportar, desde Caribe Investigación consideramos necesario darle una mirada alternativa al tema que contribuya a fortalecer los lazos de hermandad —no solo comerciales; una lectura crítica que prevea escenarios futuros inmediatos (militares y geopolíticos, por ejemplo), el marco sancionatorio que aún pesa sobre Venezuela, o la postura e intromisión de la administración Trump en estos y otros asuntos del hemisferio.
Hasta ahora, ninguno de los dos gobiernos ha aclarado si estos acuerdos estarán fuera del alcance e influencia de los Estados Unidos y de la política sancionatoria de la administración Trump. Responderían de manera retórica, y con argumentos, que son países soberanos y que, desde un marco jurídico, pueden blindar la Zona Económica Binacional.
Lo que no se puede obviar es que la economía colombiana está comprometida comercialmente con Estados Unidos: su política de drogas sigue sometida al yugo prohibicionista de la DEA. En enero de 2025, tras un choque diplomático con el presidente Gustavo Petro, se reactivó la amenaza de descertificación. Aunque Trump suspendió las sanciones económicas y migratorias contra Colombia, dejó abierta la posibilidad de retirar recursos clave para la lucha antidrogas, lo que convierte esto último en un arma de presión sobre la administración Petro.
Tampoco puede pasarse por alto que la economía venezolana, en constante crecimiento en los últimos tres años, sigue arrastrando las consecuencias de las sanciones unilaterales e ilegales impuestas por los Estados Unidos. Cualquier intento de diversificar su economía fuera de sus fronteras estará siempre bajo el radar estadounidense.
Sería atrevido inferir —aunque no descabellado— que existen acuerdos y negociaciones a tres bandas, a través de las cuales Venezuela, Colombia y Estados Unidos van levantando una agenda conforme a los intereses de cada cual (cada uno por su lado). Sobre todo en lo que respecta a la seguridad fronteriza con Venezuela, porque Colombia sigue supeditada militarmente a Estados Unidos: con bases militares en su territorio, la misma doctrina militar de la década de 1950, el Plan Colombia y la política antidrogas.
No hay negociación política, acuerdos, diálogos o procesos con organizaciones armadas ilegales en Colombia que no estén supeditados a la intromisión estadounidense. Se debe tomar en cuenta el vigente acuerdo de extradición entre ambos países y la ayuda militar que sigue llegando.
¿Qué pueden negociar?
El Gobierno venezolano se la ha jugado en los últimos años para revertir las sanciones económicas, impulsando la producción nacional de alimentos y diversificando las exportaciones que garantizan el ingreso de divisas. También está construyendo alianzas estratégicas en materia energética para no depender de las licencias de exportación otorgadas por Estados Unidos.
En el caso de Colombia, la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta al estado Zulia (occidente venezolano) con el departamento de La Guajira, sería un ganar-ganar para ambas naciones: suministro de gas a precio mucho más bajo que el que paga actualmente Colombia a Estados Unidos y Europa, y desarrollo de la actividad gasífera de Venezuela (cuarta mayor reserva de gas del mundo). Pero esto no estaría fuera del alcance de lo que decida Estados Unidos, como veremos más adelante.
Un acuerdo en materia de gas entre ambos países encontró resistencia y rechazo temprano por parte del sector energético colombiano, especialmente de los encargados de importarlo y comercializarlo. Este sector no solo tiene peso económico y político en Colombia; muchas veces sus intereses tienen vasos comunicantes con empresas transnacionales radicadas en Estados Unidos. Además, el gas importado en los últimos años proviene de dicho país.
De igual manera, cualquier acuerdo energético entre ambos países no sería posible sin que Estados Unidos tome partido y dé luz verde a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para expedir licencias especiales. Esto nos lleva a pensar que, de las negociaciones que mantiene Venezuela con Estados Unidos, solo conocemos algunos temas (migración y excarcelación de presos, entre otros). ¿Estarán bajo la lupa de Trump estos acuerdos entre Colombia y Venezuela? Lo planteamos especialmente por la administración Petro y el incierto resultado electoral de las presidenciales de 2026.
Queda claro que el Gobierno venezolano no se somete a chantajes ni presiones, y que las sanciones tampoco surtieron el efecto que Estados Unidos esperaba. Sin embargo, encontramos a un Nicolás Maduro más negociador y dialogante que, sin ceder a presiones, va abriendo camino diplomáticamente.
Otro elemento que entra en juego hoy, aunque no esté dentro de los acuerdos macro de la Zona Económica Binacional, es la venta de la importante y estratégica empresa Monómeros al Estado colombiano. También es una apuesta ganar-ganar: Venezuela evita futuras intervenciones, sanciones o robo de activos; Colombia se queda con un negocio y una empresa no solo rentable, sino clave para abaratar los costos de la producción agrícola. Y Petro suma un logro incuestionable de cara a las elecciones de 2026.
Arma de doble filo
Desde el inicio de la administración Petro, este Gobierno ha insistido en que Venezuela se involucre más en temas de seguridad binacional para combatir el “narcotráfico” y también a la guerrilla del ELN (sí, específicamente, el presidente Petro pidió a Venezuela combatir a esa guerrilla).
Primero lo hizo en abril de 2023, cuando declaró desde Washington que existía un acuerdo militar con Venezuela para “quitarle espacio” a los elenos. El 31 de enero de este año, luego de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias en el Catatumbo, Petro también anunció operativos conjuntos para combatir la insurgencia.
Sobre la creación de la Zona Económica Binacional y la seguridad fronteriza, el presidente Maduro expresó: “La idea es que toda esa zona sea de paz, de integración comercial, desarrollo agroindustrial, de sustitución de importaciones… Unión política de las autoridades, conversación y diálogo, y, lo más importante, unión de los pueblos… liberar esa zona de violencia, narcotráfico, paramilitares”.
¿Cómo será esta cooperación militar? ¿Tendrá alguna influencia Estados Unidos y sus bases militares? No lo sabemos. Pero queda claro que el Gobierno venezolano pone toda la carne en el asador: apuesta por el desarrollo económico e industrial, y se compromete formalmente en un tema bastante delicado, tomando en cuenta la influencia militar y política de Estados Unidos en Colombia.
El Plan Colombia, antes de implementarse, siempre tuvo como propósito controlar militarmente a Colombia para someter a Venezuela. Petro, por mucho discurso radical y antiimperialista que pronuncie, no solo deja intacta la doctrina del enemigo interno colombiana, sino que no hace nada ni tiene cómo hacer para sacar las bases militares estadounidenses; al contrario, bajo el pretexto de investigaciones biológicas, cedió un permiso para operaciones de la Armada estadounidense en la Isla Gorgona (Pacífico colombiano).
Dos elementos adicionales para concluir:
La élite y la industria colombiana, sobre todo la del centro del país, están conscientes de la importancia del intercambio comercial con Venezuela. Primero, por las materias primas venezolanas; segundo, por la ubicación estratégica del Lago de Maracaibo, que acorta las rutas comerciales de los productos colombianos del centro del país hacia Estados Unidos y Europa, sin tener que transitar por el Caribe colombiano.
Petro goza de popularidad, eso no está en duda. Pero el futuro inmediato es incierto: se define en apenas meses con las elecciones presidenciales de 2026. Hay un sector empresarial colombiano que gana por partida doble, sin importar quién llegue a la presidencia el próximo año. Otro sector, el energético, está totalmente en contra, porque un acuerdo en gas o petróleo les tumba el negocio de la importación de gas licuado desde Estados Unidos y otros países.
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