Parecía que la «judicialización de la política» —que es lo que se ha bautizado como lawfare— se tomaría un respiro luego del intento de sepultar políticamente a Lula en Brasil, fracasado cuando un ejercicio real de la justicia sobreseyó las causas por las que se le había condenado sin pruebas; que estaría satisfecho tras los procesos suspendidos y luego reabiertos para confinar a la expresidenta argentina y líder peronista Cristina Fernández a seis años de prisión domiciliaria, y prohibirle ocupar cargos públicos para siempre; que no querría más vidas encerradas después de las condenas que mantienen encerrado sin pruebas al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, y virtualmente exiliado en Europa al líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa… por solo mencionar los casos más visibles y sonados.
Pero no, luego de esos primeros y pesados golpes contra el progresismo sobre los cuales se han cebado el negacionismo y las falsas narrativas para cambiar la historia, lacerar la imagen de la izquierda y degollar mediáticamente a sus principales líderes, otras personalidades también recibieron castigo injusto para poner entre rejas las ansias de cambio suyas, o evitar las de otros colegas en países como Perú, donde sigue en prisión, junto a exmandatarios condenados por corrupción, el maestro cajamarquino Pedro Castillo, acusado por el Congreso de querer un golpe de Estado cuando él fue, en verdad, la figura política vapuleada y sacada del cargo.
Muy cerca de allí, las divisiones en el MAS que, junto a factores económicos, condujeron a la pérdida del Gobierno del Movimiento al Socialismo y la vuelta de la derecha en Bolivia, buscan igualmente «castigar» y aleccionar al progresismo con el encarcelamiento del exjefe de Estado Luis Arce, quien se ha declarado preso político al que se han vulnerado sus derechos pues, aduce, fue llevado a prisión preventiva sin que existiera una orden legal de aprehensión, y luego de que todas las solicitudes de su defensa fueran rechazadas, en virtud de una acusación todavía no demostrada de hechos corruptos durante su mandato.
Pero el lawfare no solo se ensaña contra figuras relacionadas directamente con la política. En Honduras se está dando la salvaje anomalía de que un magistrado electoral sea sometido a juicio por decir la verdad. O, en cualquier caso, lo que él, mostrando pruebas, demostró como la verdad.
No obstante, este lunes se inicia en el Congreso de Honduras un juicio político contra Marlon Ochoa, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de esa nación centroamericana que denunció un megafraude cuando empezó a «fallar» el lentísimo conteo de las actas de la votación del pasado 30 de noviembre con «errores» en más de 14 mil de ellas, entre otras irregularidades registradas luego de las declaraciones de la Casa Blanca, amenazando con cortar toda la ayuda al país —incluyendo las remesas— si triunfaban la candidata del entonces gobernante partido Libre, o hasta el aspirante del tradicional Partido Liberal.
Por cumplir con su misión, al magistrado se le acusa de mal desempeño en el cargo, a tenor de supuestas acciones que habrían afectado el funcionamiento del CNE -dicen los acusadores- y el avance del proceso electoral…
Otras figuras del CNE también serán objeto de la audiencia, como Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y Lourdes Maribel Mejía Estape y Gabriel Gutiérrez Peralta, ambos magistrados suplentes del TJE, divulgó la prensa local.
Pero Ochoa replica que no ha cometido algún delito y que el bipartidismo —los tradicionales partidos Nacional y Liberal que por décadas se alternaron el poder— quieren encubrir lo que él sigue denunciando como «golpe electoral».
Instrumento de cacería de la derecha y su oscuro sentimiento de revancha tras su retorno al poder en varias naciones de la región, el lawfare sigue tratando de cortar el vuelo a todo lo que le parezca cercano a la izquierda. Acaso temen que vuelva.
Fuente: Al Mayadeen/Marina Menéndez
