Bolivia: La lucha del pueblo contra el ajuste que repite la historia en tiempos de incertidumbre global

Es el choque más crudo entre dos formas de entender la vida, el poder y la democracia: una que defiende que el Estado y las instituciones existen para servir a las mayorías que trabajan, producen y construyen país, y otra que responde exclusivamente a los intereses de las oligarquías, los grandes negocios y los poderes externos que imponen sus reglas sin importar el costo social. En el centro de esta pelea no hay discursos, ni cifras abstractas, está la lucha de un pueblo que recuerda lo que significa ser protagonista, y que hoy sale a las calles para recuperar la democracia que en manos de este gobierno se ha convertido en palabra vacía.

El gobierno de Rodrigo Paz llegó prometiendo renovar el pacto sociopolítico que sostuvo a Bolivia entre 2006 y 2019, cuando se construyó el Estado Plurinacional sobre dos pilares fundamentales: la participación activa de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y una fuerte intervención estatal que redistribuía recursos, generaba obras y hacía posible el desarrollo para todos.

La gente esperaba que ese modelo se actualizara, que se terminara con la corrupción y que se escuchara la voz de quienes sostienen la economía con su esfuerzo. Pero Paz, hijo de una élite alejada de la realidad del país, convirtió esa promesa en una burla. Actuó como si la política fuera un juego: prometió lo que fuera necesario para ganar votos —incluso habló de “capitalismo para todos” en regiones como Achacachi— y luego ignoró por completo a quienes lo eligieron.

Lo primero que hizo fue romper el vínculo más importante: excluyó a los sectores populares del aparato estatal, cerrando las puertas a la participación que había sido el corazón del acuerdo social. Luego tomó decisiones que golpearon de forma directa y dolorosa la vida de cada familia: ordenó pagar el doble por la gasolina, y a cambio entregó un combustible adulterado, de mala calidad, que dañó vehículos particulares, maquinaria agrícola, trilladoras y todas las herramientas de trabajo que son el sustento de campesinos, transportistas, obreros y trabajadores de todos los rubros.

Para el boliviano, ese vehículo o esa máquina no es un objeto suntuoso, es el fruto de años de esfuerzo, de ahorro y de trabajo diario. Dañarlo con un producto corrupto no fue solo un error técnico: fue un robo directo, una falta de respeto que la gente entendió de inmediato como un ataque a su dignidad y a su forma de vivir.

A eso se sumó una crisis económica que es la peor en cuatro décadas: la inflación supera el 14%, la economía se contrae y los salarios se quedan atrás, sin poder seguir el ritmo de los precios de los alimentos, la salud, el transporte y los servicios básicos. Todo esto no es casualidad ni un fenómeno natural: es el resultado de un modelo de ajuste diseñado para cumplir con las exigencias de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Se recortan subsidios, se reduce la presencia del Estado, se desregulan los mercados y se abre el camino a negociados oscuros, como las importaciones de combustibles sin transparencia ni controles. Mientras tanto, los recursos del país se concentran en pocas manos, y el Estado pierde su capacidad de proteger a los más vulnerables. El gas, que durante años fue la fuente principal de recursos para sostener el bienestar de la población, ya no cumple esa función, y el nuevo modelo se basa en sacar ganancias del país, sin generar desarrollo ni justicia social.

Ante esta situación, la respuesta del gobierno no fue el diálogo ni la búsqueda de soluciones: fue la represión y la criminalización. Desde inicios de mayo, miles de personas —obreros organizados en la Central Obrera Boliviana, campesinos, docentes, trabajadores de la salud, comunidades indígenas y transportistas— mantienen bloqueadas más de 22 rutas en todo el país, cerrando los accesos a las ciudades y cortando los caminos que mantienen viva la economía. Sus reclamos son claros y justos: piden aumentos salariales que alcancen para vivir, estabilidad económica, que no se privaticen las empresas estatales y, sobre todo, que un presidente que ya no representa a nadie más que a sus círculos cercanos renuncie. Lo que exigen no es nada más que lo que toda democracia debería garantizar: que sus necesidades sean escuchadas, que sus derechos sean respetados y que las decisiones se tomen pensando en ellos.

El gobierno responde con operativos policiales y militares: más de 3.500 efectivos salen a las calles, usan gases lacrimógenos, detienen a más de 50 personas y acusan a los manifestantes de ser delincuentes, de estar financiados por el crimen organizado o el narcotráfico. Se habla de orden y de estabilidad, pero se olvida mencionar que la verdadera inestabilidad viene de un modelo que castiga a quienes trabajan y beneficia a quienes tienen poder. Se acusa a la gente de generar desabastecimiento y de causar muertes por falta de atención médica, hechos que son verdaderamente dolorosos y que deben investigarse, pero se oculta la raíz del problema: la gente sale a las calles porque no tiene otro espacio para ser escuchada, porque las instituciones ya no responden a sus intereses y porque la democracia se ha convertido en una máquina que sirve solo para elegir representantes, pero no para que ellos decidan sobre su propio futuro.

Lo que pasa en Bolivia es parte de una realidad más amplia que recorre toda América Latina, en un mundo que vive tiempos de gran incertidumbre y de cambios profundos marcados por guerras y tensiones geopolíticas. Conflictos en zonas estratégicas han encarecido los precios de la energía, alterado las cadenas de producción y generado presiones inflacionarias que golpean con más fuerza a quienes menos tienen. Mientras las grandes potencias compiten por recursos y mercados, nuestra región se convierte en un lugar donde se aplican recetas económicas diseñadas en despachos lejanos, sin tener en cuenta nuestra realidad ni nuestras necesidades. En toda la zona se repite el mismo patrón: gobiernos que llegan prometiendo cambios, que se presentan como renovadores, pero que al tomar el poder terminan aplicando políticas que benefician a las minorías y que castigan a las mayorías. En Argentina, con el modelo de ajuste que se impone hoy, como en otros países del cono sur, se rompe el vínculo entre gobernantes y gobernados, y la democracia se reduce a un concepto vacío.

Pero aquí hay una diferencia fundamental: en Bolivia, la memoria de lo que es una democracia al servicio de los trabajadores sigue viva. La gente no pide volver exactamente al pasado, porque el país y sus actores han cambiado mucho en estas dos décadas, pero sí exigen que se respete la idea de que el Estado debe estar presente, que debe redistribuir riqueza, que debe proteger los derechos y que debe dejar que la voz de los que producen y trabajen sea la que marque el rumbo. La crisis actual no es solo económica ni política: es una crisis de expectativas incumplidas. La población sabe que otra forma de organizar la vida del país es posible, y por eso lucha.

Las movilizaciones, los bloqueos, las demandas de justicia y de dignidad no son actos de desorden: son la expresión más clara de una democracia que funciona. Cuando los ciudadanos tienen la posibilidad de ser escuchados, cuando sus reclamos se toman en cuenta, cuando las decisiones se toman con su participación, la sociedad se mantiene unida y en paz. Pero cuando se cierran los canales de diálogo, cuando se criminaliza la protesta y cuando se imponen modelos que no responden a las necesidades de la gente, la única forma que queda de defender los derechos es salir a las calles.

Bolivia está en un punto de inflexión en medio de un escenario de recolonización que pone en juego no solo el destino de un pueblo, sujeto a un gobierno entreguista, sino la posibilidad de construir una democracia verdadera que esté al servicio de los trabajadores, de los campesinos, de los obreros y de todos los que sostienen el país con su esfuerzo.

La renuncia de Paz puede ser parte de una salida coyuntural, pero lo que realmente necesita el país es cambiar el patrón de acumulación económica, reconstruir el acuerdo entre Estado y sociedad y crear instituciones que representen realmente a las mayorías.

Esta lucha del pueblo boliviano, pone en la vidriera el valor que adquiere la unidad en tiempos de defensa de los intereses populares. Muestra que cuando los trabajadores y el conjunto de la sociedad se unen para preservar sus derechos y exigen que la Constitución se cumpla, es posible cambiar el rumbo de cualquier política de sometimiento.

Porque la democracia también se expresa en las calles, no solo en los recintos y el los escritorios burocráticos, no se expresa votando cada cierto tiempo para extender un cheque en blanco a los elegidos. La democracia es una herramienta para el debate y el consenso que garantice que las decisiones se tomen pensando en la gente, que los recursos se distribuyan con justicia y que nadie se quede atrás.

Esa democracia de la transición entre la decadencia capitalista impuesta a los pueblos con mentiras y a los tiros y la democracia de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica se expresa por momentos en la lucha que hoy libra el pueblo boliviano.

Bolivia está en esa encrucijada, la Marcha por la Vida, que partió desde Caracollo el martes 12 de mayo, llegó este domingo a El Alto, y el lunes descenderá hasta la Sede del Gobierno para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz; y lo que pase allí no solo le pertenece al país, sino que forma parte de la historia y del desafío que se presenta para toda América Latina.

Fuente: PIA Global Oscar Rotundo