Bolivia: El pueblo paga la crisis de un gobierno arrodillado

Antes de la segunda vuelta advertimos algo que hoy empieza a confirmarse con crudeza: gane quien gane, Bolivia podía ingresar a un ciclo de alineamiento externo con el eje Washington–Milei–FMI. No se trataba de una frase lanzada al viento ni de una exageración ideológica. Era una lectura política de la correlación de fuerzas: dos candidaturas de derecha, con diferencias de estilo, pero con una misma matriz de fondo. Una derecha dura y una derecha gerencial. Una con lenguaje de shock y otra con lenguaje de eficiencia. Pero ambas sin una respuesta real a la pregunta decisiva: ¿quién paga la crisis?

Hoy, con los bloqueos, marchas, represión, desabastecimiento y la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz, esa pregunta vuelve con más fuerza. El pueblo empieza a sentir en la carne lo que antes aparecía como programa técnico: ajuste, apertura al capital externo, endeudamiento, presión minera-financiera y debilitamiento de la soberanía económica. En buen criollo: nos prometieron orden, pero el orden llegó con hambre; nos prometieron dólares, pero llegaron con correa corta; nos prometieron estabilidad, pero la estabilidad se está construyendo sobre la espalda de los trabajadores, campesinos, transportistas, maestros, gremiales y familias populares.

Esta crisis no puede reducirse a un problema de bloqueos. Esa es la mirada cómoda del poder y de los grandes medios. El bloqueo es la forma visible de una crisis más profunda: la ruptura entre el gobierno y los sectores que lo llevaron al poder. Paz llegó con votos populares, con el apoyo de sectores que no querían el retorno de la vieja derecha oligárquica, pero una vez en el gobierno empezó a gobernar con el libreto de quienes no ganaron en las calles ni en las urnas: los grupos financieros, las cámaras empresariales, los lobbies mineros, los intereses externos y el nuevo sentido común neoliberal que quiere convertir la crisis en oportunidad de saqueo.

Debemos decirlo con claridad: la actual movilización nacional no es simplemente una conspiración, ni un capricho, ni una manipulación automática. Es el resultado de un malestar social acumulado. Es la respuesta de una sociedad cansada de que cada crisis se resuelva ajustando a los mismos. Cuando suben los precios, paga el pueblo. Cuando falta combustible, paga el pueblo. Cuando se endeuda el Estado, paga el pueblo. Cuando se abre la economía a los grandes intereses, ganan pocos y pierden muchos.

El gobierno intenta presentar la protesta como amenaza a la democracia. Pero aquí aparece una contradicción central: ¿qué democracia se defiende cuando se gobierna contra las mayorías? ¿Qué democracia es esa donde el voto popular sirve para llegar al poder, pero luego el programa lo redactan los mercados, los organismos financieros y las embajadas? La democracia no puede ser solo urna cada cinco años. La democracia también debe ser pan, salario, combustible, tierra, producción, soberanía y dignidad.

Ahí está el núcleo del conflicto. Bolivia atraviesa una crisis de representación. Los partidos ya no representan proyectos históricos; administran marcas electorales. Las siglas ya no organizan horizontes colectivos; sirven como vehículos de acceso al poder. La política se ha vaciado de contenido ideológico y se ha llenado de marketing, frases, encuestas, redes y promesas rápidas. Pero cuando llega la hora de gobernar, el vacío se paga caro.

Rodrigo Paz habló de “capitalismo para todos”, pero lo que se empieza a ver es capitalismo para pocos y sacrificio para muchos. Habló de eficiencia, pero la eficiencia sin justicia social se convierte en ajuste. Habló de estabilidad, pero la estabilidad sin soberanía se convierte en obediencia. Habló de cambio, pero el cambio sin pueblo termina siendo restauración conservadora.

Por eso, esta crisis no es solo contra un presidente. Es contra una forma de gobernar de rodillas. Bolivia necesita dólares, sí; necesita inversión, sí; necesita orden económico, también. Pero una cosa es negociar con el mundo y otra muy distinta es entregar el país. Una cosa es buscar financiamiento y otra es aceptar condicionalidades que reducen la soberanía nacional. Una cosa es atraer inversión y otra es permitir que el lobby minero, financiero y agroindustrial dicte la agenda del Estado.

El conflicto actual también muestra una tensión peligrosa: el gobierno empieza a deslizarse hacia la lógica del estado de excepción. Primero se criminaliza la protesta; luego se habla de desestabilización; después se habilita la presencia militar; finalmente, se pretende gobernar el conflicto como problema de orden público y no como crisis política. Ese camino es peligroso. Bolivia conoce demasiado bien lo que ocurre cuando las demandas populares son respondidas con uniformes, gases y decretos.

La intervención militar no resolverá la crisis. Puede desbloquear una carretera por unas horas, pero no desbloqueará el hambre. Puede dispersar una marcha, pero no dispersará el descontento. Puede imponer silencio momentáneo, pero no legitimidad. La fuerza puede administrar el miedo, pero no construir gobernabilidad.

En este punto, la reflexión de Quya Reyna resulta importante. Ella plantea una pregunta incómoda para el campo popular: esta población movilizada podría lograr la renuncia de Rodrigo Paz, pero ¿qué pasaría después? Esa pregunta no debilita la protesta; la obliga a madurar. Porque no basta con derribar un gobierno si no existe un proyecto político capaz de reemplazarlo. No basta con decir “fuera” si no se construye un “hacia dónde”. La izquierda no puede contentarse con la rabia; debe convertir la rabia en programa, organización y horizonte.

La movilización tiene fuerza, pero todavía necesita dirección histórica. Tiene legitimidad social, pero requiere propuesta nacional. Tiene capacidad de presión, pero debe evitar que otros sectores se apropien de su energía para producir una salida conservadora, militarizada o meramente electoral. La historia boliviana enseña que las rebeliones populares abren caminos, pero esos caminos pueden ser capturados si no existe una conducción política clara.

Frente a este escenario, pueden abrirse al menos cuatro salidas:

La primera es la salida represiva. El gobierno puede apostar por el desgaste, la militarización, las detenciones y el estado de excepción. Sería la peor salida. Tal vez le dé oxígeno por unos días, pero lo dejaría moralmente herido y políticamente más débil. Un gobierno que necesita soldados para sostener su legitimidad ya perdió el vínculo con el pueblo.

La segunda es la salida negociada. Implicaría suspender la lógica del ajuste, retirar las medidas más agresivas, liberar detenidos, abrir un diálogo real con garantías y construir un pacto social mínimo. Pero para que ese diálogo sea creíble, el gobierno tendría que dejar de escuchar solo a empresarios, tecnócratas y embajadas. Tendría que escuchar al país profundo.

La tercera es una salida electoral o revocatoria. Si la ruptura entre gobierno y sociedad se vuelve irreversible, debería abrirse una vía democrática para consultar nuevamente al pueblo. No como golpe, no como imposición callejera, sino como mecanismo democrático de resolución de crisis. Cuando un gobierno pierde aceleradamente legitimidad social, la palabra debe volver al soberano.

La cuarta es una salida popular-programática. Esta es la más difícil, pero también la más necesaria. Supone que las organizaciones sociales, obreras, campesinas, indígenas, gremiales y populares construyan una agenda propia. Una agenda que no se limite a la renuncia, sino que plantee

• un nuevo pacto económico: industrialización,
• defensa del litio,
• control estratégico de recursos naturales,
• reforma tributaria progresiva,
• soberanía alimentaria,
• fortalecimiento productivo,
• protección del salario y reconstrucción del Estado Plurinacional desde abajo.

La izquierda debe aprender de sus propios errores. No basta con administrar el Estado; hay que transformar la estructura económica. No basta con distribuir renta cuando hay bonanza; hay que diversificar la producción. No basta con hablar en nombre del pueblo; hay que construir poder popular organizado. La crisis actual también interpela al campo popular: sin renovación política, sin ética pública, sin programa económico serio y sin democracia interna, la derecha siempre encontrará el camino para volver con traje nuevo y libreto viejo.

Bolivia no necesita un gobierno títere de Washington. Tampoco necesita una restauración del viejo neoliberalismo con lenguaje moderno. Bolivia necesita

• un Estado que negocie de pie, no de rodillas;
• que busque dólares sin entregar soberanía;
• que dialogue con el mundo sin olvidar a su pueblo;
• que ordene la economía sin destruir la vida de las mayorías.

La crisis actual es dura, pero también puede ser una oportunidad. Puede abrir un nuevo ciclo de conciencia política. Puede obligarnos a discutir lo que la campaña ocultó: quién produce, quién se beneficia, quién paga, quién decide y para quién gobierna el Estado.

El pueblo boliviano no está bloqueando por deporte. Está diciendo que no quiere pagar otra vez una crisis que no provocó. Está diciendo que la democracia sin justicia social es una cáscara vacía. Está diciendo que la soberanía no se vende en cuotas ni se negocia como garantía de préstamo.

La pregunta de fondo no es solo si Rodrigo Paz se queda o se va. La pregunta es si Bolivia seguirá aceptando gobiernos que llegan con votos populares y gobiernan con recetas ajenas. Si la respuesta popular logra convertirse en proyecto, esta crisis puede abrir un camino. Si no, el poder volverá a reciclarse, cambiará de rostro y seguirá mandando desde los mismos lugares de siempre: los bancos, las mineras, las embajadas y los organismos financieros.

Bolivia está ante una encrucijada. O se profundiza la democracia popular y soberana, o se consolida una democracia administrada por el mercado. O el Estado vuelve a mirar a las mayorías, o terminará convertido en gerente local de intereses externos. Esa es la disputa real. Todo lo demás es superficial.

Fuente: Al Mayadeen/Milton Machuca