Ankara: la fábrica del rearme y la liturgia del reparto
El Foro de Industria de Defensa de la OTAN y la economía política del redespliegue occidental
Ayer, mientras en Ankara se montaba el escenario del septuagésimo aniversario simbólico de una alianza que insiste en llamarse defensiva, la OTAN celebró su Foro de Industria de Defensa (NSDIF26) con una consigna cínica; “tenemos mucho para mostrar hoy”. Lo mostrado fueron contratos multimillonarios, y la mayoría firmados semanas antes de que las cámaras se prendieran.
El Foro reunió a ministros aliados, funcionarios de alto rango y ceos de más de cien empresas para traducir en cifras el compromiso asumido hace un año en La Haya de llevar el gasto militar al 5% del PBI para 2035. Mark Rutte fue el maestro de ceremonias de esa liturgia, anunció la entrega de la décima aeronave Airbus A330 MRTT a la flota multinacional de reabastecimiento, la compra de aviones no tripulados Triton de Northrop Grumman para vigilancia marítima y la adquisición conjunta de los Saab GlobalEye —a los que ahora se suman Canadá y Francia— para modernizar la alerta temprana aérea. A eso se agregó la iniciativa Drone Edge, con más de 40.000 millones de dólares comprometidos en cinco años para sistemas antidrones y el objetivo de multiplicar por cinco la cantidad de operadores certificados hacia 2027, además de un “mercado” específico para acelerar la compra de interceptores homologados por la Alianza.
El dato que interesa no es el catálogo de artefactos, sino la arquitectura institucional que los sostiene. Rutte presentó el “NATO Front Door for Industry”, una ventanilla única para que las empresas privadas accedan a las licitaciones, y el “NATO Engine”, pensado para conectar líneas de producción civiles y militares y así ampliar la capacidad fabril del bloque. En paralelo, lanzó un llamado explícito a las instituciones financieras para que aumenten el flujo de capital hacia el sector defensa. Ahí está la clave de lectura, es financiarización del rearme. El capital no acompaña a la industria militar como un actor externo que reacciona a la demanda; es convocado activamente a constituirla, a apalancarla, a convertirla en un activo rentable de largo plazo. Es el mismo movimiento que ya describimos a propósito del canciller alemán Friedrich Merz —ex presidente del directorio de BlackRock en Alemania— impulsando la reforma del freno constitucional a la deuda para financiar armamento que termina, en buena medida, comprado a contratistas estadounidenses en los que su antigua gestora también tiene posiciones. En Ankara ese mecanismo dejó de ser anécdota nacional para presentarse como política de bloque.
La Unión Europea puso número a esa arquitectura por boca de Ursula von der Leyen con el programa ReArm Europe moviliza hasta 800.000 millones de euros hasta 2030; el SAFE, destinado a compras conjuntas, ya cuenta con diez acuerdos por 100.000 millones de euros sobre un total de 150.000 millones disponibles, con la condición de que el 65% del contenido se produzca dentro de la Unión. Canadá fue el primer país extra-comunitario en sumarse a ese esquema tras firmar un acuerdo de seguridad y defensa con Bruselas. Buena parte de esas compras se financia con préstamos baratos levantados en los mercados de capital por hasta 170.000 millones de dólares. Europa se endeuda para comprar armamento que, en su mayoría, vuelve a fabricarse del otro lado del Atlántico. El dinero sale por una puerta y reingresa por otra; en el medio queda la deuda pública europea y la ganancia privada norteamericana.
Turquía, anfitriona, no jugó de comparsa. Ankara aportó dos satélites de observación construidos por el TUBITAK en contratos por más de 300 millones de dólares, se consolidó como socio central de la iniciativa espacial de vigilancia persistente de la Alianza (APSS) y selló contratos con ASELSAN para sistemas de comunicación militar y radares de alerta temprana dentro de su arquitectura de defensa aérea integrada, la llamada “Cúpula de Acero”. No es casual que el gobierno de Erdogan llega a este Foro reclamando el fin de las restricciones internas al comercio de armamento entre aliados, avanzando con Francia e Italia en la compra de sistemas SAMP/T y presionando —en el bilateral con Trump— por el levantamiento de sanciones y el regreso al programa del caza F-35, del que fue expulsada en 2019 tras la compra de los S-400 rusos. Ankara capitaliza el anfitrionaje para negociar su propia readmisión plena en la cadena de valor militar occidental, un dato que confirma la centralidad turca en lo que ya caracterizamos como una “Pax Cilicia”: la gestión regional delegada en Turquía como pieza de recambio de un ordenamiento en retirada.
Todo esto ocurre, además, bajo la sombra de Donald Trump, presente en Ankara y descripto por el propio Rutte como “extremadamente insistente” en exigir el salto al 5%. La fórmula que empieza a circular puertas adentro de la Alianza —“OTAN 3.0”— sintetiza el objetivo de Washington de que Europa pague más para que Estados Unidos pueda reorientar recursos hacia otros tableros, empezando por el Indo-Pacífico. El sostén a Ucrania acompaña ese libreto sin sobresaltos. Los 70.000 millones de euros comprometidos para 2026 en equipamiento, asistencia y entrenamiento, financiados con aportes bilaterales y un mecanismo de préstamos de la UE por 60.000 millones, sin previsión de aporte estadounidense directo.
Leído con las categorías que venimos trabajando, Ankara no es un hecho aislado sino un nodo más de la secuencia declinacionismo-redespliegue-multipolarismo. La potencia hegemónica en declive no se retira, rediseña la carga. Delega en sus aliados el financiamiento del propio aparato militar que la sostiene, mientras conserva —vía contratistas y vía deuda europea— el excedente que ese aparato genera. Es militarización como respuesta a la pérdida relativa de centralidad, y es financiarización como técnica para que esa militarización no dependa exclusivamente del presupuesto público norteamericano. El “Made in NATO” que proclamó Rutte describe una cadena de valor donde Europa pone la deuda, Turquía pone la posición geográfica y la buena voluntad diplomática, y el capital financiero transatlántico pone las condiciones.
La pregunta que la geopolítica crítica de estos procesos —y no hace falta ir muy lejos, alcanza con la desnaturalización elemental— debería instalar no es si la Alianza se rearma, cosa que exhibe sin pudor, sin necesidad de sospecha ni de investigación periodística. La pregunta es quién paga esa arquitectura, quién cobra, y por qué ese reparto se presenta, una y otra vez, como si fuera la única forma posible de organizar la seguridad colectiva.
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