Las hostias divinas
La presencia militar en América Latina de Estados Unidos se hace más fuerte y cada día se intensifica su plan expansionista por medio del Comando Sur dirigido por la generala Laura Richardson, a razón de su interés creciente por controlar el litio, las fuentes de agua, el petróleo venezolano, el oro y el cobre, y desde luego la Amazonía.
La jefa del Comando Sur recorre, de sur a norte, el territorio asignado con el claro propósito de espantar a sus eventuales competidores: China, Rusia e Irán. Para los Estados Unidos, esta competencia por los recursos es un asunto de “seguridad nacional”.
Cuando se trata de un asunto de «seguridad nacional», para los Estados Unidos es algo de primer orden, como cuando se trata de impulsar «su lucha contra las drogas». En algunos casos pierde la cordura, si es que la tiene, la Administración de Control de Drogas y la Agencia Central de Inteligencia (DEA y CIA, respectivamente, por sus siglas en inglés) entregan dinero para involucrar personas incautas o «iniciados» en negocios de drogas para luego capturarlos «con las manos en la masa».
Hubo un caso en Norte de Santander, hace unos pocos años, donde la DEA le entregó dinero a una persona para comprar 47 kilos de cocaína en el Catatumbo. El tipo quedó debiendo al vendedor cerca de la mitad de la droga; cuando llegó con la droga los agentes de la DEA lo detuvieron y lo hicieron pasar como integrante del ELN, sin serlo, se quedaron con la droga y no terminaron de pagar la otra mitad.
Cuántos actos de barbarie judicial se dan en este caso: inducen a cometer un delito, le entregan dinero para que cometa el delito, hacen que una persona quede debiendo un dinero a un tercero, privan de la libertad a una persona inducida por ellos mismos a cometer un delito, lo inculpan de pertenecer al ELN y para rematar lo extraditan. Pero se quedan con los 47 kilos de cocaína, váyase a saber qué hacen con esa «mercancía». Total, están enfrentando un problema de «seguridad nacional» para los EE.UU.
Igual que este tipo de los 47 kilos, hay muchos otros que han sido inducidos «para dar resultados», en cambio, los peces gordos que están involucrados en fabulosos negocios con las drogas sólo se quedan en los informes reservados que luego de más de 4 décadas hacen públicos, como acontece con los documentos revelados por National Security Archive (NSA es una entidad fundada en 1985 como un instituto de investigación y centro de periodismo que se especializa en clasificar, ordenar y difundir un amplio cúmulo de información oficial que se libera cada tanto, gracias a la ley de libertad de información de los EE.UU.).
El pasado 15 de abril dicha entidad reveló en su página web documentos oficiales, comunicación de alto nivel entre funcionarios públicos de Colombia y EE.UU., memorandos, entre otros documentos, que respaldan la acusación de corrupción del entonces candidato Julio César Turbay Ayala —y quien sería presidente de Colombia entre 1978 y 1982—; estos documentos señalan su relación con el narcotráfico a través de su sobrino, Aníbal Turbay Bernal, perteneciente a la red narcotraficante de José Manuel Parra Urrea en ese entonces.
Pero, no siendo menos, señalan dichos reportes y documentos que Aníbal Turbay tenía el poder de influir en la elección de los jefes de las fuerzas del orden, tal como puede leerse en varios memorandos oficiales. Así mismo muestran la estrecha cooperación y protección que Julio César Turbay Ayala realizaba a favor de funcionarios que tenían especiales funciones y que podía facilitar las operaciones de narcotráfico.
Nombrar altos cargos militares y proteger funcionarios que facilitaran las operaciones del narcotráfico, se tradujo en asuntos concretos que transitaron hacia configurarse en un modelo de gestión pública criminal y, que al parecer, se convirtió en una suerte de cartilla o manual de operación y de administración pública de facto.
“Acá se reitera que gobernar con criminales sumisos a las directrices de los EE.UU. es garantía del cumplimiento ciego de sus intereses no importando el caos, el impacto social, el dolor para las comunidades.”
Uno de esos funcionarios fue Álvaro Uribe Vélez —joven promesa de la política de ese entonces— quien sería nombrado como director de la aeronáutica civil de Colombia el 25 de marzo de 1980, tal como lo reportó el periódico El Tiempo en la página 9A de ese día. Dicho nombramiento sería el mejor regalo para todos los narcotraficantes colombianos, quienes dispondrían de los permisos para operar aeronaves y pistas para su lucrativo negocio, durante los 18 meses que se mantuvo en el cargo.
El 2 de agosto de 2004, en la página web del NSA, se comunicó que: “un informe de inteligencia de 1991 de funcionarios de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos en Colombia afirmó que el entonces senador y presidente de Colombia era un amigo personal cercano a Pablo Escobar y que estaba dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en altos niveles gubernamentales”.
Sin duda alguna, la administración pública se tradujo en una escuela de gestión del crimen. Se convirtió así, a la institución Estado, en una gran escuela de ascenso y sostenimiento de grandes carteles.
Lo curioso es que si, por un lado, el entonces presidente fungió como aliado de EE.UU. en su “lucha contra las drogas” y, por otro, EE.UU. sabía de toda su relación con el narcotráfico, ¿por qué se hizo el desentendido? Acá se reitera que gobernar con criminales sumisos a las directrices de los EE.UU. es garantía del cumplimiento ciego de sus intereses no importando el caos, el impacto social, el dolor para las comunidades.
El 25 de mayo de 2018, nuevos documentos desclasificados presentan un cúmulo importante de textos en donde Estados Unidos alertó, nuevamente, sobre los vínculos de Álvaro Uribe —junto a otros políticos prestantes y altos rangos militares— con el narcotráfico. Allí se relaciona que el Senador Luis Guillermo Vélez Trujillo (1993) afirmó, en la embajada de los EE.UU., que la familia Ochoa Vásquez “había financiado la campaña de Uribe”.
Para leer más información sobre los informes que relacionan a Uribe con el narcotráfico
El 31 de agosto de 2020, en la página web de NSA, se revela otro tanto que sigue sumando comunicaciones de alto nivel, en términos de la relación con el narcotráfico del dos veces presidente de Colombia. Además, se le señala en la conformación de grupos paramilitares, así como también relacionan a altos cargos militares involucrados en estos hechos; tanto con el narcotráfico como con la conformación y expansión del paramilitarismo en Colombia.
Esta es solo una pequeña historia —a modo de línea de tiempo— en la que se relacionan políticos de alto nivel, financiación de campañas, tráfico de influencias para el nombramiento de militares que faciliten estos negocios ilícitos, empresarios, etc.
En dichos informes se mantienen nombres ocultos, pues son personajes de la vida nacional aún activos que los EE.UU. protegen.
Eso quiere decir que «la guerra contra las drogas» no es tal cuando se trata de sus «amigos», pero sí se usa para inculpar inocentes y se usa, además, como parte de su repertorio en la lucha contrainsurgente.
Y se puede constatar esto cuando a los paramilitares de los Castaño se les dio «patente de corso» para que financiaran sus fechorías con dinero producido por el narcotráfico; entonces, dicho dinero era benditos para los gringos, como en otros tiempos y en otras latitudes fue usado el dinero del narcotráfico en la lucha contrainsurgente. El diablo alimentándose de hostias divinas.
Autor: Antonio García
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