Venezuela del bloqueo a la recuperación económica una década bajo sanciones
El pecado que hemos cometido en Venezuela es atrevernos, por primera vez en cien años, a enfrentar los groseros privilegios de una oligarquía insensata e insensible… Hugo Chávez, enero, 2003
El 18 de diciembre de 2014, cuando las venezolanas y los venezolanos nos preparábamos para el Día de Navidad —fecha que en nuestro país se celebra con devoción inigualable—, el Congreso de Estados Unidos aprobaba una extraña ley dirigida específicamente contra Venezuela. Aparte de lo insólito que resultaba que el parlamento de un país aprobase una ley sobre otro país, en aquel instrumento legal —votado al unísono por demócratas y republicanos— Estados Unidos se daba a sí mismo el derecho de intervenir en Venezuela “en defensa de la democracia y la sociedad civil”.
Demasiado ocupados en preparar las hallacas (comida típica de la Navidad) y en escoger los estrenos (ropa nueva) para los niños, los venezolanos no nos enteramos que nos habían diseñado un traje a la medida. Aquel día en Capitol Hill, los congresistas estadounidenses se justificaban en la necesidad de defender a “protestantes pacíficos venezolanos”, aludiendo a las acciones violentas y vandálicas dirigidas por la oposición aquel año, que dejaron un saldo de 43 ciudadanos asesinados. La verdad: esa ley de “defensa de la sociedad civil” fijaba el marco jurídico y preparaba el terreno para las futuras sanciones a Venezuela.
Tres meses más tarde, en marzo de 2015, Barack Obama, citando este instrumento legal, emitía un decreto presidencial en el que declaraba a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”. En la orden ejecutiva 13692, Obama se mostraba preocupado por “la situación en Venezuela”; y ese desasosiego —como era predecible— lo llevó a crear el programa de sanciones para nuestro país, dirigido a “disciplinar” a aquella democracia bolivariana, insumisa e incómoda, que no cumplía con los estándares estadounidenses.
Desde entonces, Venezuela ha sido blanco de una brutal política de devastación económica y agresión multiforme. En diez años han sido impuestas 1043 medidas coercitivas unilaterales, sanciones, persecución, asfixia y castigo contra el Estado, la economía, las finanzas públicas, la industria petrolera y el comercio exterior por parte de Estados Unidos, otros gobiernos y el sistema financiero internacional. El conjunto de esta agresión, inédita en la historia venezolana y en los casi 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, es lo que se conoce como el bloqueo a Venezuela.
Bloquear supone asediar, establecer un cerco al país. Sometida a un proceso creciente de hostilidad económica y política —y a una implacable campaña de criminalización a través de los medios de comunicación y las plataformas digitales— a Venezuela se le ha impedido acceder en los últimos diez años a los mercados financieros, comerciar el petróleo y otros minerales; se le han bloqueado, congelado y confiscado valiosos activos en el extranjero, y se impidió el acceso del país a alimentos, medicinas, materia prima y bienes esenciales, incluidas vacunas durante la pandemia de covid-19.
En una década, el bloqueo devastó la economía venezolana, acarreando duros impactos sobre la vida, el bienestar y los derechos humanos del pueblo venezolano. Entre 2015 y 2022, la economía se contrajo a una quinta parte de su valor de 2015; el ingreso en divisas cayó 90% en ese mismo período, lo que generó un agudo déficit en el presupuesto nacional que impactó, en consecuencia, la prestación de servicios públicos y los programas destinados a la protección social.
El costo estimado en pérdidas para la economía venezolana por la caída del PIB ascendió en siete años a 642 mil millones de dólares; es decir, una pérdida promedio anual de 91 mil millones dólares.
Los expertos estadounidenses en el diseño de sanciones —como el ex empleado de Obama, Richard Nephew— sostienen que las sanciones deben “causar dolor” y deben aplicarse “donde más dolor puedan causar”.
Por esta concepción en su diseño, las medidas coercitivas unilaterales impusieron duras restricciones a la industria petrolera venezolana, lo que impide que nuestro país pueda utilizar soberanamente sus fuentes de energía. Desde el año 2017, a través de varias órdenes ejecutivas dictadas por Estados Unidos, se ha impedido a PDVSA, la empresa petrolera nacional, renegociar sus compromisos internacionales y se han impuesto severas
restricciones a sus operaciones en todo el mundo. El sector petrolero ha sido blanco de 163 medidas de coerción económica, lo que supone 16% del total de las medidas contra el país.
En una década, el bloqueo devastó la economía venezolana, acarreando duros impactos sobre la vida, el bienestar y los derechos humanos del pueblo venezolano.
Producto de las sanciones, en los primeros siete años del bloqueo, la industria petrolera venezolana dejó de producir 3,993 millones de barriles de petróleo, lo que se tradujo en pérdidas de 232 mil millones de dólares.
Como consecuencia, Venezuela perdió 90% de su ingreso en divisas entre 2014 y 2020. Para hacerse una idea a partir de los números, Venezuela pasó de recibir 39 mil millones de dólares en ingresos externos en 2014 a recibir 743 millones en 2020. De 39 a menos de 1. Es sumamente difícil graficar esta caída por la enorme brecha entre ambas cifras.
En 2017, Donald Trump bloqueó la deuda soberana y de PDVSA y —como era previsible— el país cayó en cesación de pagos (default). Debido a un fenómeno que la Relatora de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, llama el “sobrecumplimiento” –que ocurre cuando las empresas se exceden en cumplir las sanciones por miedo a ser sancionadas– Venezuela fue en la práctica expulsada del sistema de mensajería interbancaria (Swift), lo que la aisló financieramente del mundo.
Más de 22 mil millones de dólares en recursos y activos del país se encuentran actualmente bloqueados o congelados en el sistema financiero, o por medidas de Estados Unidos. La ironía es que, mientras Venezuela no podía vacunar a sus niños y niñas por el bloqueo a las vacunas, buena parte de esos fondos fueron confiscados por Estados Unidos y entregados en 2019 a la oposición venezolana para financiar al falso y autoproclamado gobierno de Juan Guaidó, un engendro político de Donald Trump, quien lo hizo aplaudir de pie en pleno por el… ¡Congreso de Estados Unidos!
Hasta 41 bancos internacionales congelaron transacciones de Venezuela, incluyendo importaciones de alimentos y medicinas, turbinas para el sector eléctrico, repuestos para sistemas de agua potable y materia prima e insumos para la industria nacional.
Tales restricciones incluyen medidas contra empresas privadas y personas nacionales y extranjeras, prohibiciones de viaje, visado, congelamiento de activos públicos y de reservas internacionales en la banca internacional.
Mientras usted lee esto, Venezuela aún tiene congeladas 32 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, y 5 mil millones de dólares en el FMI, montos que ambos organismos se niegan a devolver porque “no reconocen” al Gobierno de Venezuela. La famosa doctrina de la inmunidad del patrimonio de los Estados,
que hoy se debate con relación al intento de confiscación de las reservas rusas, ya fue completamente violada en el caso de Venezuela.
Varios activos venezolanos han sido incautados o destruidos por Estados Unidos. El principal activo de Venezuela en el extranjero, la empresa CITGO Petroleum, fue bloqueada por una orden ejecutiva de Donald Trump en 2019 y está en proceso de ser subastada en el sistema judicial estadounidense.
Como era previsible, los impactos económicos se desplazaron rápidamente hacia el presupuesto nacional, y de allí hacia los programas sociales y los servicios públicos.
Entre 2016 y 2017 se impidió la importación de vacunas y medicamentos, lo cual elevó el índice de prevalencia de algunas enfermedades durante, al menos, tres años. El bloqueo a los alimentos hizo que el déficit nutricional pasara de menos de 3%, donde lo había dejado Hugo Chávez, a más de 35%. Las sanciones unilaterales y el fenómeno de sobrecumplimiento redujeron hasta 60% la producción local de medicinas, y las principales empresas farmacéuticas dejaron de enviar sus productos a Venezuela por temor a ser castigadas.
Esta crisis indujo una inédita ola migratoria que afectó a amplios sectores profesionales, laborales y sociales, en particular en salud, educación, ingeniería y técnicos especializados. En algunas áreas médicas, Venezuela perdió cerca de la mitad de sus especialistas. Más de 2.5 millones de personas salieron del país, una cifra lejana a la que emite la propaganda antivenezolana, pero que supuso un shock cultural y social inédito.
El bloqueo fue mucho allá de las preocupaciones de Obama en 2015, y hoy trasciende las amenazas militares de Trump. Es una constante, una política de Estado. El control de Venezuela y de sus inmensos recursos es un objetivo estratégico de la política exterior de Estados Unidos. Y recolonizar Venezuela es abrir camino –como dijera Álvaro García Linera en 2017– a la reconquista económica y social de América Latina y el Caribe.
Las sanciones contra Venezuela fueron diseñadas e instrumentadas para producir un “cambio de régimen político”; una figura que –según los propios estrategas de Washington– trasciende el simple cambio de gobierno o de liderazgo, y supone una suerte de “reseteo” del sistema político, económico y jurídico del país objetivo.
Como afirma Marx, la historia se repite a veces como tragedia y a veces como farsa: el cambio de régimen o de modelo es algo que ya Estados Unidos hizo en Chile en 1973 y hoy intenta hacer en Argentina. Lo que antes se hacía con sangre, propaganda y guerra económica, hoy se hace con guerra económica, propaganda (en redes sociales)… y sangre.
Las sanciones hirieron profundamente el tejido económico de Venezuela, pero han fracasado estrepitosamente en dañar el alma nacional y en lograr un cambio de régimen político. Hoy podemos afirmar, sin arrogancias, que la Revolución Bolivariana ha sido sometida a una prueba histórica y la ha superado exitosamente.
En 2018, el presidente Nicolás Maduro lanzó un programa económico para enfrentar la coerción de las sanciones; y en 2020 –en medio de la pandemia– diseñó una audaz estrategia financiera y jurídica antibloqueo. En todo este tiempo, más allá de las canalladas y mentiras que se vierten a diario contra nuestro país, la Revolución que inició Chávez basado en las ideas de Bolívar, ha contado con un pueblo dispuesto a resistir la agresión a través de la conciencia, el trabajo y la producción.
Cómo resistió el pueblo venezolano, qué recursos y estrategias utilizó para enfrentar la presión extranjera y ser hoy la economía más dinámica de Suramérica, es un tema ciertamente sorprendente y que trataré en un siguiente artículo.
El control de Venezuela y de sus inmensos recursos es un objetivo estratégico de la política exterior de Estados Unidos.
Fuente: https://www.alai.info / William Castillo Bollé
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