Sistema público de cuidado para la tercera edad y problema pensional
En los artículos anteriores se especificó el concepto de proletariado y la forma como se materializa en la realidad colombiana. A la vez que se especificaban las fracciones sociales y de clase proletaria, resaltándose ciertos aspectos que ameritan una consideración más amplia. Por eso, aquí revisitamos el problema pensional para mostrar que se trata de un enfoque que es insuficiente frente a las necesidades de las personas de la tercera edad. Un sistema de cuidado para la tercera edad implica un conjunto de actividades y procesos que garanticen el bienestar y el reconocimiento social de los usuarios, siendo más amplio y adecuado que el sistema pensional, que se limita a entregar recursos monetarios individualizados, línea de acción a la que se reducen los análisis y discusiones en el país. Sin embargo, a pesar de ser una necesidad claramente identificada, ésta se tiende a ocultar, probablemente porque la puesta en funcionamiento demanda montos de recursos que inmediatamente dejan en claro que los problemas de la clase proletaria no pueden ser solucionados bajo las condiciones capitalistas en que se reproduce la sociedad. A fin de dilucidar el anterior planteamiento, se inicia por una breve conceptualización del proceso de vida de la clase proletaria, luego se considera el papel del sistema pensional, sus limitaciones, los nimios alcances de la nueva ley pensional, y por último, se realiza un acercamiento general a las necesidades de gasto social que demanda un sistema de protección y cuidado que tienda a ser verdaderamente universal para las personas de la tercera edad.
1.Succión de la vitalidad del proletariado
El capital reduce a las personas a mera mano de obra que se puede comprar y vender como cualquier otra mercancía, pero junto a tal reducción se imponen condiciones de cuidado menos favorables de las que el capital suele tener con otras mercancías. Tal relación se visualiza con facilidad cuando se considera que cuando el capital adquiere una mercancía procura que su estado no se deteriore a fin de que no pierda valor, por eso invierte grandes sumas de dinero en todo el proceso de cuidado que implica su transporte, manipulación, bodegaje y seguridad.
Sin embargo, en el caso del proletariado, las condiciones de cuidado del cuerpo humano quedan a cuenta del trabajador y sus ingresos. El capitalista individual se limita a cumplir con el pago de salario y se desinteresa de lo demás, esto es de las condiciones por las cuales se sostiene y reproduce la vida de los trabajadores. A su vez, los capitalistas recargan sobre el Estado el objetivo de que exista una oferta de mano de obra que cumpla los requerimientos mínimos necesarios para que el capital funcione. Por eso, el Estado funge como capitalista colectivo y pasa a implementar “servicios sociales” destinados a sostener las condiciones generales de reproducción del proceso productivo.
Bajo tales relaciones el proletariado, en tanto cosa y medio de enriquecimiento del capitalista, queda sujeto a un proceso de vida recortado en tres segmentos. Durante la infancia y juventud se prepara en varios sentidos: asimila la obediencia a la jerarquía, fortalece su cuerpo, eleva sus conocimientos y destrezas, quedando listo para entrar a la competencia del mercado laboral. En los años más vigorosos de su vida (22-50), y por tanto más productivos, su fuerza de trabajo puede ser vendida y usada como medio de producción para el capital. Finalmente, una vez que el capital ha aprovechado los años más vitales del trabajador, es desechado y reemplazado por los contingentes de personal más joven, que por lo general tienen nuevas competencias laborales y están más apremiados por las necesidades sin atender. En consecuencia, el financiamiento de los tramos inicial y final de vida recaen sobre los ingresos totales de la familia proletaria1
Lo anterior significa que los ingresos salariales de los proletarios y proletarias deben ser suficientes no sólo para reponer su capacidad de trabajar un día tras otro, sino que además tienen que dar para sostener la reproducción de la familia nuclear y permitir ahorros, a fin de enfrentar los años de la vejez. Sin embargo, las condiciones de alta informalidad e inestabilidad laboral juegan en contra de esa exigencia. Es así que la dificultad para acumular y vivir de los activos en Colombia es limitada, por ejemplo “de las personas mayores que no trabajan, solo el 9% vive de otros ingresos provenientes de la renta o bancarios”2 .
Así, bajo condiciones capitalistas, el periodo de la vejez es la parte vital más exigente, porque se ha secado la capacidad de generar ingresos, mientras el cuerpo tiende a deteriorarse con mayor rapidez y en consecuencia reclama más cuidados, tanto en servicios de salud como en asistencias personales para atender las limitaciones –motoras y cognitivas- que van surgiendo debido al mismo deterioro corporal. Y, a lo anterior se suma un costo moral, puesto que la persona y sus habilidades tienden a ser desechadas, producto del desconocimiento y negación de su propia validez existencial.
2.El sistema pensional como forma mercantil de tratar el cuidado de la tercera edad
Desde fines del siglo XIX el proletariado comprendió el ciclo mediante el cual el capital succiona su vitalidad para enriquecerse. Fue así que, por medio de sus luchas, logró imponerle al capital sistemas de ahorro mediante los cuales se le garantizara una protección para esa tercera etapa de su vida. Si bien se crearon sistemas privados donde la misma empresa garantizaba un pago mensual tras la jubilación, a la larga esa función se trasladó a manos del Estado, que en cuanto capitalista colectivo ofrecía mejores garantías ante los riesgos de quiebra empresarial. A partir de allí, y bajo la recubierta que ofrece el derecho, pasó a entenderse como parte del sistema de seguridad social de cada país, viéndose extendido hacia mediados del siglo XX, periodo durante el cual el capitalismo aún se mostraba vigoroso. En ese “arreglo” entre capital y trabajo, los capitalistas individuales pagaron un porcentaje pequeño del valor de su nómina a los sistemas públicos, que por lo general fueron connotados como solidarios y de prima media. Se supuso que los pagos de los trabajadores activos cubrirían las obligaciones que se debían pagar a los futuros jubilados, pero de faltar, el Estado entraba a garantizar la cobertura del déficit. Por supuesto, cuando se inició el sistema los ingresos podían ser superiores a los egresos, porque había pocos pensionados. A ello se agregó que los ahorros totales del fondo pensional serían invertidos dentro de la misma sociedad, esperándose un impulso al crecimiento sostenido de las fuerzas productivas, que debía traducirse en la ampliación de productividad y puestos de trabajo, además también por esa vía se esperaba generar flujos crecientes de ingresos.
Era obvio que el equilibrio entre flujos de ingresos y egresos debía romperse en cualquier momento del tiempo futuro, razón por la cual el Estado aparecía como garante de las obligaciones. De esa forma, se dio por sentado que los faltantes para cubrir las obligaciones serían asumidas por el Estado a partir del presupuesto público, déficit que obviamente tenía que ser cerrado contra impuestos futuros, significando un desplazamiento de obligaciones entre las generaciones de los capitalistas. Tal situación efectivamente se puso de presente hacia los años ochenta del siglo XX en la mayoría de Estados, condiciones que presionaron los déficits fiscales y demandaron más impuestos.
Se agregó que, justo en ese momento el capitalismo ya no mostraba la vitalidad que tenía tres décadas antes, por el contrario, se encontraba enfrascado en una crisis de acumulación. Bajo tales condiciones pasó a romper las reglas de los acuerdos establecidos, agregando un zarpazo sobre los fondos pensionales hasta lograr privatizarlos en su beneficio. El descarado robo fue justificado por los economistas neoclásicos como un paso a la libertad, en tanto permitía que cada trabajador pagara el flujo de su futura pensión mediante los ahorros durante el tiempo de trabajo, recursos que eran colocados a rentabilizar en los fondos privados bajo cuentas individuales.
El resultado fue un paso más en la pura mercantilización del sistema de pensiones, puesto que en el sistema antecedente el aseguramiento de ingresos futuros para los proletarios ya dependía del movimiento monetario y de la marcha del mismo capitalismo, muy a pesar del papel que cumplía el Estado. El resultado del nuevo sistema de prima media fue para los proletarios una dura contracción, tanto en el ingreso de las mesadas pensionales como en el número de pensionados, mientras los grupos financieros vieron acrecentados sus beneficios y capitales. Esta repercusión ha sido más gravosa en el caso de países capitalistas con menor desarrollo, como Colombia, donde más de 465 billones de pesos del fondo pensional son la fuerza de apalancamiento de los tres grandes magnates bancarios: Bancolombia, Grupo AVAL y Davivienda.
3. Limitaciones del sistema pensional y los nimios logros de la reforma
A pesar de que el sistema pensional significó un avance en la protección del proletariado en cuanto clase, siempre ha sido ampliamente insuficiente. En Colombia su cobertura se mantuvo en un rango muy bajo, pudiendo llegar a un 20% hacia 1990, cuando sólo regía el sistema de solidario; en forma posterior fue estimada en un 24% por la Comisión de Gasto Público en 2017, y actualmente sólo llegaría a cubrir el 26% de los mayores de sesenta años. Este último dato surge de tomar como referencia que en 2023 la población total era 52 millones, de los cuales el 14% era mayor de 60 años, para un total de 7,3 millones, y una cobertura de sólo 1.9 millones de pensionados (1,5 millones en Colpensiones y 400 mil en el régimen privado). A ese monto hay quienes pretenden agregar 3 millones de personas que perciben el ridículo “subsidio” por 230 pesos mensuales.
La reciente reforma al sistema de pensiones -Ley 433 de 2024- poco soluciona el problema estructural en cobertura, aun cuando supone algunos alivios para ciertos rangos de población cotizante. Esto si el capital por medio de sus partidos y abogados no logra que las Cortes decidan su inviabilidad, para lo cual han desarrollado una furiosa campaña con la que pretende retroceder los nimios avances que entrarían en vigencia en 2025. Esta postura persiste muy a pesar de que el sistema de pilares proviene de recomendaciones del Banco Mundial y que significa un cierto recorte en los derechos antes adquiridos por los trabajadores.
El nuevo sistema considera cuatro pilares diferenciados. En el contributivo -hasta dos salarios mínimos (SMLV)-, los recursos van a Colpensiones bajo el sistema de prima media, en el que las mujeres se pueden pensionar con mil semanas cotizadas, menos los descuentos por hijos, y los hombres con 1.300. Los ingresos a partir de dos salarios mínimos pueden ir a las administradoras de los fondos privados, empresas que lograron mantener en sus manos los más de 465 billones de pesos del ahorro pensional que en realidad constituye un capital público, punto en el que radica la mayor derrota para el proletariado del país, en tanto no se pudo reversar el zarpazo antes comentado.
Se agrega el tercer pilar semicontributivo, para las personas que no logren las semanas mínimas. En éste se consideran rangos entre 300 a 900 semanas cotizadas, que pueden dar origen a mesadas entre 242 mil pesos a 621 pesos, ingresos que varían de acuerdo a si es mujer u hombre. Y finalmente el cuarto, el solidario, es sólo una conversión del actual subsidio de Colombia Mayor, el que pasaría a 223 mil pesos para personas del Sisben hasta nivel tres.
Así, más allá de la rabiosa riña que sostienen los partidos y voceros del capital, las cosas poco cambiaron. Por ejemplo, para el próximo quinquenio -en forma optimista- se estima que al sistema contributivo podrían ingresar 400 mil nuevos beneficiarios, como efecto positivo de la nueva Ley. Pero en realidad podrían ser menos, si se tiene en cuenta las condiciones negativas para pensionarse ante la persistencia de la inestabilidad laboral y el sostenimiento de la informalidad, aspectos que prevalecen ante el hundimiento de la reforma laboral.
Las salvedades están en la posibilidad de pensión anticipada para las personas que lograron cotizar más de mil semanas y tengan la edad, de modo que pueden cobrar la pensión, a la que se le descuentan los aportes hasta completar el número de semanas establecidas como mínimo. También el que se reconozca la labor de cuidado de las mujeres, a las que se les pueden descontar cincuenta semanas por cada hijo, hasta un total de ciento cincuenta, facilitándoles el acceso al tope mínimo de las mil semanas.
En consecuencia, tiende a mantenerse el hecho de que, en promedio, el 72% de la población mayor de 60 años no acceda al verdadero sistema de ingreso pensional; problema reconocido por el actual Presidente, quien en su campaña propuso que los mayores de 65 años tendrían derecho a un salario mínimo -para saldar la deuda histórica con los ancianos del país, iniciativa que luego fue reducida a medio salario y considerada sólo como un bono pensional en su programa “Colombia Potencia Mundial de la Vida”(pg. 35), quedando en los risibles 230 pesos antes comentados.
En tanto se trata de un problema real que afecta a las familias proletarias, es importante considerarlo un poco mejor. Tomando como referencia que los mayores de 65 años en el Censo de 2018 eran el 9,91% del total de la población, ese porcentaje se correspondería a 5.155.635 personas en 2024. Así, la población objetivo sería 3.255.635 personas, al restar los 1,9 millones de pensionados. Vamos a suponer un porcentaje del 80% de un salario mínimo mensual sin subsidio de transporte (1.750.724) para que una persona mayor pueda sobrevivir ($1.400.724), entonces se tendría una necesidad de 4,6 billones mes o 54.7 billones adicionales al año, para un 9,87% del Presupuesto Nacional del 2026, cerca del 3% del PIB anual.
A pesar de lo abultado que parece la cifra, en realidad no lo es, si se considera que en 2024 el Presupuesto consideró un gasto pensional de 56,6 billones, para un 11,3% del total. Tomándose como referencia un total de 1,4 millones de pensionados del sistema público, se tendría que cada uno de ellos percibe en promedio 3,3 millones al mes, esto es tres veces lo que se propone para la población que actualmente no tiene acceso a las mesadas pensionales. Por supuesto, si al capital y sus representantes en el Congreso la nueva Ley les parece demasiado, de seguro la ampliación de la cobertura con esos 54.7 billones adicionales al año de seguro les generará un ataque cardiaco
4.Sistema público de cuidado a la tercera edad y demanda de recursos
Un sistema de cuidado real para las personas de la tercera edad debe considerar cuando menos actividades y procesos asociados a servicios de alimentación y nutrición; médicos, hospitalarios y farmacéuticos; espacios de vivienda y movilidad; así como condiciones para su reconocimiento social, mediante el sostenimiento de espacios de vida diaria que permitan actividades de socialización, esparcimiento y cuidado. Al considerar el conjunto de estas necesidades, se descubre que la situación de las personas de la tercera edad en el país es de total precariedad. Por ejemplo, en 2015 se estimó que el 77,2% de las personas mayores de sesenta años no recibía pensión, y por eso 30% debía trabajar, con el agravante de que la mayoría se veía obligada a laborar en condiciones de informalidad3 . Así mismo “en 2015 la Encuesta Nacional de Salud Mental (…) informó que un elevado porcentaje de las personas en este rango de edad no participa en grupos (60%) o en actividades de beneficio comunitario (43,7%)”4 .
A ello se agrega que, en 2020, del total de personas mayores de sesenta años, un 74,8% vivía con otros familiares, y que el 70,7% que “requerían cuidado lo recibían por parte de un miembro del mismo hogar”, mientras sólo un 6,2% recibía atención de una persona fuera del hogar, mediando pago de remuneración. Eso explica que el 84,8% de las personas que brindaban los cuidados fuesen mujeres que no recibían ingresos por esa labor 5 .
También en 2021, se reportó que 28,4% del total de personas adultas mayores pertenecían a hogares en situación de pobreza monetaria y 1,2 millones enfrentaban alguna discapacidad6 . Por eso, si bien la campaña del candidato Petro resaltó uno de los grandes problemas del país, su fórmula inicial de salida no estaba suficientemente bien encaminada para generar cambios sociales. Esto, porque la mera entrega de mesadas monetarias individualizados sólo genera un canal de irrigación de recursos en la economía capitalista, que no alcanza a cubrir las necesidades básicas integrales de los mayores y que, en realidad, no implica cambios hacia una transformación de las relaciones sociales, tendiente a conformar un sistema público universal de cuidado.
Valga señalar que la Constitución vigente en su Artículo 46 plantea que “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”. Y en su artículo 48 plantea que la “Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley”
Sin embargo, ese criterio de universalidad es totalmente burlado, porque una vez se le afirma, enseguida se colocan cortapisas como que la ampliación de cobertura puede ser progresiva, se le sujeta a la evasiva de la sostenibilidad financiera y se agrega que la prestación puede ser realizada por entidades públicas o privadas, garantizándose que todo quede sujeto a las leyes mercantiles y las restricciones tributarias que impone la burguesía. Ejemplo de ello es la Ley 1251 de 2008, en la que se dictan normas sobre la protección a los adultos mayores, que en su artículo No 30 dispone como fuentes de recursos los de atención a población vulnerable, los del sector privado, los de cooperación internacional y los que gestionen los adultos mayores. En fin, toda una burla.
Como se ve, la concepción de un sistema de cuidado para la tercera edad es mucho más amplio que el pago de un simple ingreso. Si bien el ingreso puede cubrir algunos medios y servicios de vida, siempre resulta insuficiente porque las necesidades de cuidado son crecientes conforme aumenta la edad. Por ejemplo, una de las grandes demandas de las personas de la tercera edad es la lucha contra la soledad, el aislamiento social y por su reconocimiento, de donde surge la necesidad de crear espacios de encuentro y socialización permanentes. Pero este aspecto tiende a ser ocultado en los documentos oficiales -en especial en los informes que elaboran Fedesarrollo y la fundación Saldarriaga Concha-posicionando la idea de que existirían altos niveles de satisfacción de las personas cuidadoras y cuidadas, sin entrar a desentrañar las raíces del tal tipo de conformismo.
Realizar un balance sobre la cobertura de servicios de cuidado en el país resulta una tarea exigente, en tanto cada ciudad y municipio tienen programas diferenciados. Para tener una imagen general se preguntó a Deepseek sobre el número de centros públicos de atención para veinte ciudades capitales, identificando 103, de los cuales 62 se concentran en las primeras cinco 8 . Luego se supuso que cada uno puede atender directamente a 150 personas, monto que se comparó con el total de población mayor de 65 años, lográndose establecer que la cobertura en promedio apenas superaría el 1,4% del total. Aun suponiendo que cada centro puede atender una cantidad tres veces mayor (450 personas), lo que es una exageración, el promedio de cobertura apenas puede llegar al 3,62%, para 19 ciudades, cifra que da cuenta del menosprecio en que se encuentran las personas que con su trabajo levantaron este país.
En el caso del Distrito Capital se reportan 20 Centros Día, y por ejemplo en Usaquén sólo atienden a ochenta personas, mientras el de Kennedy llega a cien. Se suman programas del tipo extensión – Centros Vivir Mejor- que desarrollan actividades recreativas y preventivas y podrían cubrir a 750 personas, atención domiciliaria para unas 1.500 y los subsidios monetarios que llegan otras 3.000S9 . Entonces la atención apenas podría rozar el 1% del total, siendo servicios que se destinan a las franjas más vulnerables, sin siquiera cubrirlas.
Los costos promedio de atención por beneficiario pueden rondar desde los dos millones de pesos10, si requieren atención permanente y pernoctar, hasta alrededor de los 900 mil pesos mes por beneficiario11 considerando sólo transporte, alimentación y cuidado básico. Cifra inferior al gasto que actualmente enfrentan las familias cuando acuden a los servicios de centros privados, el que se encuentra en un rango entre 1,5 a 2 millones de pesos mes, para ciudades intermedias.
A partir de lo anterior se pueden inferir las necesidades de recursos que requiere el sostenimiento de un sistema básico de cuidado para las personas de la tercera edad. Es factible que no todos los 5.3 millones de personas mayores de 65 años deseen o requieran acudir a los servicios, sobre todo los que reciben pensión contributiva y están en la primera franja de edad de los adultos mayores, digamos de 65 a 74 años. Por lo tanto, vamos a suponer una cifra objetivo de 3,2 millones, que básicamente son los que no reciben pensión en la actualidad. Luego, las necesidades de recursos mensuales son de 2,9 billones mes y de 35.1 billones al año, inversión que podría generar cerca de 530 mil puestos de trabajo, si consideramos una relación de un trabajador o trabajadora respecto de seis beneficiarios, en el marco de un sistema público-social. Con los datos anteriores, las necesidades de recursos adicionales para implementar un sistema de pensiones, atención, ocio y cuidado para las personas mayores de 65 años serían del orden de 47,3 billones año, esto es un 9,4% del presupuesto nacional de 2024.
El dato considera que las necesidades de ingreso monetario -para los que actualmente no tienen ninguno y opten por los centros de atención integral- pude reducirse al 30% del SMLV, en tanto los centros de cuidado suministren los alimentos, transporte, cuidado y ocio. Así, la cifra anual en pagos de mesadas para los actualmente no pensionados quedaría en 12 billones y los recursos de los centros en 35,1 billones. Ya sabemos que la burguesía, por medio de sus partidos dirán que tales cifras son una locura, con lo cual sólo afirman que ni quieren, pero tampoco pueden resolver los problemas centrales del país, de allí que siempre esté al orden la construcción de una salida proletario-popular a la crisis que vivimos en el país. Podemos concluir así, retrayendo la afirmación de que “mientras impere la relación capitalista es imposible que el conjunto de proletarios y proletarias encuentren una forma adecuada de resolver su tiempo de descanso en la vejez”12.
Esto porque de un lado el sistema pensional que descansa en aportes sobre la nómina es muy restringido debido a la altísima informalidad e inestabilidad en los puestos de trabajo, y de otra porque la necesidad para un sistema de cuidado universal para la tercera edad demanda recursos monetarios que los capitalistas y sus políticos han negado en múltiples ocasiones.
BIBLIOGRAFÍA
1. La cosificación de las personas en tanto mercancía conduce a que su vida permanezca enfrentada con la línea de sobrevivencia vital. Además, su libertad tiende a reducirse a la venta “libre” y continua a la clase capitalista, y la competencia individualista, asocia- da a esa relación cosificada, tiene impactos necesarios en su relación consigo mismo y los demás. De allí que Marx identifique la alienación de su vida y respecto de sus congéneres como todo lo contrario al supuesto ideal de la libertad.
2. “Misión Colombia Envejece: cifras, retos y recomendaciones”, Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, pag 170.
3. Misión Colombia Envejece: cifras, retos y recomendaciones”, Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015.
4. El total es 1,691 millones de personas según “Informe al Congreso de la República sobre política pública nacional de envejecimiento y vejez 2022-2023”, Ministerio de salud y protección social, abril de 2023.
5. “Misión Colombia envejece –una investigación viva (2023), el cuidado y los cuidadores de las personas”, MCE-04-CuidadoyCuidadores-Jun26-2023.pdf
6. DANE, “Personas mayores en Colombia: Hacia la inclusión y la participación”, oct-2022-nota-estadistica-personas-mayores-en-colombia.pdf
7. Ver la cifra en “Política nacional de cuidado” DNP, julio de 2022, versión borrador, pg 51.
8. Para 2020 el DNP reporta la capacidad de 30 mil cupos para larga estancia, estando ocupados en un 84%, teniendo cada uno como promedio 39 cupos, contando cada uno, en promedio con 5 auxiliares de servicios, 4 profesionales de enfermería y 3 personas cuidadoras. Esto es una relación de tres beneficiarios por personas cuidadora. Ver “Política nacional de cuidado” DNP, julio de 2022, versión borrador, pg 50.
9. La referencia de datos es de Deepseek, con base en Secretaría de Integración Social (SIS): Reportes de cobertura 2022-2023 y Programa “Bo- gotá Mayor”: Datos de subsidios en SIS.
10. Duitama: 2.26, Tunja: 2.4, Neiva: 2.08, Villavicencio: 2.4, Pereira: 2.5 millones de pesos.
11. Por sencillez se puede considerar 3.000 de transporte, 15.000 de alimentación y 12.000 de mano de obra en cuidados y recreación, para un total día de 30.000, y un valor de 900.000 mes. Cifra relativamente cercana al estimativo de Deepseek para el costo mes de servicios diarios en ciudades como Neiva: 900.000, Tunja: 750.000, Villavicencio:950.000; Pereira: 850.000, para 2023.
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