Níger y la doctrina AES: cuando la seguridad colectiva deja de ser una declaración

Durante varias horas de la noche del 28 al 29 de agosto, Niamey volvió a convertirse en el centro de una crisis cuyo alcance inicialmente resultaba difícil de dimensionar. Un grupo de militares se sublevó, tomó como rehenes a otros efectivos y atacó diferentes puntos sensibles de la capital. La Base Aérea 101, ubicada en el complejo del aeropuerto internacional Diori Hamani, fue uno de los principales escenarios de los enfrentamientos; también se registraron acciones en las proximidades de la Presidencia y durante un período fueron interrumpidas las transmisiones de la radio y la televisión estatales.

El ministro de Defensa, Salifou Mody, informó que la reacción de las fuerzas leales permitió contener el movimiento y recuperar progresivamente los sitios atacados. Las horas posteriores confirmaron que el gobierno encabezado por Abdourahamane Tiani había superado la amenaza más seria surgida desde el interior de las propias Fuerzas Armadas desde julio de 2023. La Base 101 terminó nuevamente bajo control gubernamental y Niamey recuperó paulatinamente la normalidad.

Conviene, sin embargo, comenzar despejando una cuestión. Mientras algunas fuentes hablaron de un golpe de Estado frustrado, la comunicación oficial nigerina utilizó inicialmente el término “motín” y la Confederación de Estados del Sahel habló de una “empresa de desestabilización”. Aún no existe información pública suficiente para determinar la estructura completa de la sublevación, su conducción política ni la eventual existencia de apoyos exteriores. Convertir cualquiera de esas hipótesis en una certeza sería adelantarse a los hechos.

Hay, en cambio, elementos internos que no pueden ignorarse. Entre los sublevados habría efectivos provenientes de Ouallam, Téra y Dosso, zonas donde las Fuerzas Armadas han sufrido importantes bajas frente a las organizaciones armadas que operan en el oeste nigerino. Apenas días antes, otro ataque había causado numerosas bajas militares. El desgaste de las unidades desplegadas en el frente, las dificultades para contener la violencia insurgente y el malestar generado por la reiteración de ataques contra posiciones militares forman, por lo tanto, parte del escenario que precedió al levantamiento.

Esta dimensión es especialmente relevante porque impide construir una explicación confortable en la que toda contradicción interna pueda atribuirse automáticamente a una operación extranjera. Las relaciones de Níger con Francia se encuentran en su peor momento desde la independencia; existen fuertes intereses económicos afectados por las decisiones soberanas adoptadas por Niamey, particularmente alrededor del uranio; y el desplazamiento de las antiguas alianzas occidentales por nuevas asociaciones con Rusia ha alterado profundamente el tablero geopolítico regional. Todo ello vuelve razonable investigar las presiones externas, pero investigar no significa probar.

La fortaleza de una lectura antiimperialista no reside en encontrar una conspiración detrás de cada crisis, sino en distinguir entre las contradicciones internas y las intervenciones externas, y establecer dónde ambas dimensiones se cruzan. En el caso nigerino, esa cautela no reduce la importancia política del episodio: permite analizarlo sin confundir las hipótesis todavía abiertas con hechos comprobados.

De una alianza defensiva a una doctrina de seguridad colectiva

La reacción política de la Confederación de Estados del Sahel fue prácticamente inmediata. El mismo 29 de agosto, mientras todavía comenzaba a aclararse la dimensión de lo ocurrido, la AES expresó su “apoyo total” a las instituciones nigerinas, reivindicó la actuación de las fuerzas leales y declaró su determinación de preservar “la unidad, la cohesión y la estabilidad” del espacio confederal. El comunicado fue más allá: convocó conjuntamente a las poblaciones de Burkina Faso, Mali y Níger a permanecer alertas frente a campañas de desinformación, manipulación y división que pudieran acompañar nuevas acciones desestabilizadoras.

El lenguaje utilizado por la Confederación resulta significativo porque la crisis dejó de ser presentada exclusivamente como un problema interno de Níger y pasó a ser interpretada como una amenaza potencial contra la estabilidad del conjunto confederal. La AES no necesitó demostrar una intervención militar directa para producir ese desplazamiento político: bastó con afirmar que la seguridad de uno de sus integrantes comprometía la seguridad de los otros.

Sin embargo, varias informaciones difundidas durante y después de los enfrentamientos sostienen que efectivos burkineses integran el dispositivo encargado de proteger al presidente Tiani y que fueron esas unidades las que defendieron posiciones estratégicas en Niamey. La posibilidad resulta políticamente relevante y no debe ser descartada. Al mismo tiempo, la información disponible no permite establecer con precisión el número de efectivos, su cadena de mando ni el alcance exacto de su participación. Por eso, conviene formularlo como una hipótesis respaldada por diversos reportes, no como un hecho definitivamente probado.

La presencia de fuerzas burkinesas en la defensa del poder nigerino modificaría la lectura del episodio. Ya no se trataría únicamente de una declaración de solidaridad entre gobiernos, sino de una expresión concreta —aunque todavía parcialmente documentada— del principio según el cual una amenaza contra uno de los Estados de la AES compromete militarmente a los otros. La doctrina confederal comenzaría así a adquirir una dimensión operativa.

También se ha informado sobre la presencia de efectivos rusos del Africa Corps en la Base 101, cuya participación fue reconocida por el embajador ruso en Níger. La recuperación de la instalación habría involucrado a fuerzas nigerinas leales y a esos efectivos rusos. La coexistencia de ambos elementos —la posible intervención burkinesa en la protección presidencial y la asistencia rusa en posiciones estratégicas— muestra que la respuesta a la crisis se apoyó en una combinación de capacidades nacionales, cooperación confederal y alianzas externas.

La participación rusa obliga también a introducir una contradicción que la narrativa soberanista deberá resolver. La ruptura con la arquitectura militar francesa no significó autosuficiencia defensiva. Níger, Mali y Burkina Faso siguen necesitando cooperación tecnológica, armamento, entrenamiento e incluso asistencia militar extranjera. Cambió el socio, cambiaron las condiciones políticas de esa asociación y desapareció buena parte de la tutela colonial francesa, pero la dependencia de capacidades externas no desapareció.

La pregunta relevante, entonces, no es si existe dependencia, sino qué tipo de relación se construye, quién establece sus condiciones, qué capacidad conserva el Estado africano para modificarla y si la cooperación externa sirve para desarrollar capacidades propias o simplemente sustituye un proveedor extranjero por otro. El episodio de Niamey vuelve visible esa tensión porque muestra, al mismo tiempo, la voluntad de los gobiernos sahelianos de defender su autonomía política y la persistencia de limitaciones materiales que todavía los obligan a recurrir a socios externos.

También permite observar que la construcción de una respuesta común comenzó bastante antes de la noche del 28 de agosto. En diciembre de 2025, los tres gobiernos pusieron en marcha la Fuerza Unificada de la AES y establecieron su Estado Mayor operacional precisamente en Niamey. Las cifras oficiales nigerinas hablan actualmente de unos 5.000 efectivos y de la intención de avanzar progresivamente hacia una fuerza mucho mayor; otras estimaciones han situado la dotación inicial alrededor de 6.000 hombres. En julio de este año, los ministros de Defensa reunidos en Ouagadougou aprobaron además el estatuto jurídico de esa Fuerza Unificada y las directivas correspondientes al segundo año de funcionamiento de la Confederación.

El objetivo declarado consiste en remover obstáculos administrativos para realizar operaciones transfronterizas y avanzar hacia mayores niveles de integración militar. Esto indica que Mali, Burkina Faso y Níger ya no están discutiendo simplemente mecanismos ocasionales de cooperación, sino que intentan institucionalizar una estructura permanente de defensa común.

Esa institucionalización diferencia la experiencia actual de buena parte de los mecanismos que la precedieron. Antes estuvieron la Fuerza Multinacional Conjunta prevista para Liptako-Gourma y posteriormente la Fuerza Conjunta del G5 Sahel. Ambas experiencias mostraron las enormes dificultades de construir autonomía militar regional cuando el financiamiento, la logística, la inteligencia y buena parte de la arquitectura política dependían de socios externos. La actual Fuerza Unificada AES constituye el tercer intento en menos de una década por establecer un instrumento militar conjunto entre los Estados del Sahel central, pero se desarrolla bajo una conducción política más homogénea y con una percepción compartida de las amenazas.

Los tres gobiernos no enfrentan únicamente el terrorismo. También identifican como riesgos la posibilidad de desestabilización interna, las presiones diplomáticas externas, la vulnerabilidad de sus fronteras y la necesidad de proteger los procesos políticos surgidos después de las rupturas con el antiguo esquema regional. Por eso, los intentos de desestabilización denunciados durante los últimos años en Burkina Faso, las crisis internas sufridas por Mali y ahora el levantamiento militar en Níger van construyendo una experiencia acumulativa. Cada crisis refuerza entre los tres gobiernos la percepción de que la supervivencia de uno está vinculada con la supervivencia de los otros.

En ese proceso comienza a aparecer lo que podríamos denominar una doctrina AES: una amenaza grave contra uno de los Estados deja de ser interpretada exclusivamente como un problema nacional para convertirse en una cuestión de seguridad confederal. La posible participación de fuerzas burkinesas en la defensa de Niamey sería, en ese sentido, el primer indicio de que esa doctrina puede estar pasando del plano declarativo al operativo.

La doctrina, además, enfrenta límites evidentes. No puede afirmarse que la AES haya demostrado capacidad para resolver el problema estructural de la insurgencia en el Sahel. Los grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico mantienen capacidad operativa, continúan produciendo importantes bajas y han demostrado una preocupante adaptación táctica. Precisamente las pérdidas sufridas por las fuerzas nigerinas forman parte del contexto que ayuda a comprender el motín de agosto.

Sin embargo, sería igualmente equivocado evaluar la AES únicamente por la persistencia del terrorismo. La Confederación intenta construir aquello que sus tres integrantes consideran que faltó durante la década de intervención occidental: capacidad militar común, intercambio de inteligencia, continuidad territorial de las operaciones y una conducción política que responda prioritariamente a los gobiernos de la región. Su desafío consiste en demostrar que esa coordinación puede traducirse en seguridad efectiva sin reproducir las dependencias que caracterizaron a las estructuras anteriores.

La Unión Africana y el fracaso de la seguridad continental

La Unión Africana es el organismo continental africano y posee una arquitectura formal de seguridad compuesta por el Consejo de Paz y Seguridad, la Arquitectura Africana de Paz y Seguridad, mecanismos de alerta temprana, un Panel de Sabios, una Fuerza Africana de Reserva y un Fondo para la Paz. Sobre el papel, dispone de instrumentos destinados a prevenir conflictos, autorizar misiones, coordinar respuestas regionales y promover una política común africana de defensa.

Pero la existencia de esa arquitectura no equivale a una capacidad efectiva de intervención. En materia de seguridad, la Unión Africana ha demostrado una y otra vez que sus protocolos no se traducen en respuestas capaces de modificar el curso de las crisis. La distancia entre sus declaraciones, sus reuniones y sus mecanismos institucionales, por un lado, y la realidad de los conflictos africanos, por otro, se ha vuelto demasiado amplia para seguir presentándola como una potencia continental de seguridad.

Basta observar el Cuerno de África, Sudán y otros escenarios de guerra prolongada. Frente a conflictos que han producido millones de desplazados, destrucción estatal y crisis humanitarias de enorme magnitud, la UA no ha logrado desplegar una capacidad autónoma y decisiva. Sus iniciativas dependen con frecuencia de financiamiento externo, de acuerdos con Naciones Unidas o de la voluntad de potencias que conservan una influencia determinante sobre los gobiernos africanos. La arquitectura existe, pero su capacidad material permanece subordinada.

La crisis nigerina expuso esa debilidad de manera particularmente clara. Cuando se produjo el golpe de julio de 2023, la respuesta de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental no se limitó a la presión diplomática. La CEDEAO llegó a amenazar con una intervención militar y avanzó en la preparación de una fuerza regional cuyo liderazgo debía recaer en Nigeria. La Unión Africana, lejos de construir una salida africana autónoma basada en la negociación y en la comprensión de las causas políticas del quiebre, acompañó la presión sobre Niamey y suspendió a Níger de sus órganos.

La amenaza de una intervención militar contra un país africano, impulsada desde una estructura regional y respaldada políticamente por el sistema continental, mostró hasta qué punto la agenda de seguridad de esas instituciones podía coincidir con los intereses estratégicos de Occidente. La defensa del “orden constitucional” fue presentada como un principio jurídico, pero en la práctica se articuló con la preservación de una arquitectura geopolítica que mantenía a Níger dentro del dispositivo militar occidental y bajo la influencia de Francia, Estados Unidos y la Unión Europea.

La cuestión no consiste en negar que los golpes militares planteen problemas políticos ni en convertir a los gobiernos castrenses en modelos democráticos. Consiste en observar que la Unión Africana aplica sus principios de manera selectiva y dentro de un marco internacional profundamente desigual. Mientras condena con rapidez los cambios de gobierno que desafían los intereses occidentales, no logra ofrecer respuestas equivalentes frente a guerras devastadoras como la de Sudán, ni construir mecanismos autónomos capaces de contener los conflictos del Cuerno de África.

La UA, por lo tanto, no carece de legitimidad por ser una institución continental. Su problema es que esa condición no se traduce en soberanía estratégica. Es el ente africano de alcance continental, pero en cuestiones de seguridad continúa actuando dentro de límites definidos por financiamiento externo, alianzas militares heredadas y prioridades que con frecuencia coinciden con las de las potencias occidentales. Su arquitectura institucional existe, pero no constituye todavía una arquitectura africana autónoma de seguridad.

La diferencia con la AES aparece entonces con mayor nitidez. La Confederación no posee la escala ni la sofisticación formal de la Unión Africana, pero comparte una percepción de amenaza, adopta decisiones con mayor rapidez y está intentando construir mecanismos militares directamente subordinados a los gobiernos que la integran. La UA tiene instituciones continentales, pero carece de capacidad operativa autónoma; la AES tiene una estructura más limitada, pero busca convertir la solidaridad política en defensa concreta.

La paradoja es evidente: la AES está intentando construir, en escala subregional, parte de aquello que la Unión Africana lleva años proclamando en escala continental, pero sin haber logrado desprenderse de los condicionamientos externos que limitan sus respuestas.

La cuestión ya no puede reducirse a preguntar por qué Mali, Burkina Faso y Níger se alejaron de las antiguas estructuras regionales. Hay que invertir la pregunta: ¿por qué tres Estados africanos consideraron necesario construir por fuera de ellas mecanismos de defensa que esas mismas estructuras prometían proporcionar?

La respuesta conduce hacia uno de los problemas históricos de la seguridad africana posterior a las independencias: la enorme distancia existente entre soberanía jurídica y autonomía material. Durante décadas, los Estados africanos construyeron organizaciones regionales, aprobaron protocolos de seguridad, diseñaron fuerzas de intervención y proclamaron doctrinas comunes mientras una parte considerable de las capacidades militares decisivas continuaba dependiendo de Francia, Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas u otras potencias externas.

El Sahel llevó esa contradicción hasta el extremo. Después de más de una década de Operación Serval, Barkhane, bases militares extranjeras, programas europeos, cooperación estadounidense y G5 Sahel, la insurgencia no había desaparecido. Por el contrario, se había extendido territorialmente y atravesado nuevas fronteras. Ese fracaso constituye una de las condiciones políticas que explican el ascenso de los gobiernos militares soberanistas y el apoyo que recibieron inicialmente de sectores importantes de sus sociedades.

La AES nació de ese agotamiento. Primero fue una alianza defensiva frente a la amenaza de una intervención contra Níger después del golpe de 2023; luego se convirtió en una alianza política y posteriormente en una Confederación. Más tarde avanzó hacia la coordinación diplomática, los proyectos económicos conjuntos y la creación de una fuerza militar unificada. En ese recorrido comenzó a consolidarse una idea más profunda: la seguridad de Mali, Burkina Faso y Níger es indivisible.

La respuesta regional a los acontecimientos del 29 de agosto también excedió las fronteras formales de la Confederación. El 31 de agosto, Abdelmadjid Tebboune mantuvo una conversación telefónica con Tiani. La Presidencia argelina informó que Tebboune felicitó al mandatario nigerino por haber frustrado lo que denominó una tentativa de desestabilización y reafirmó el compromiso de Argelia de permanecer junto a Níger, su pueblo y sus instituciones. Tiani, por su parte, agradeció expresamente el apoyo argelino.

Argelia no pertenece a la AES y mantiene diferencias importantes con algunos de sus integrantes, particularmente alrededor de Mali. Pero comparte una preocupación estratégica fundamental: un colapso de los Estados del Sahel central extendería la inestabilidad directamente sobre miles de kilómetros de su frontera meridional. Su posición muestra que la cuestión ya no concierne únicamente a los tres gobiernos confederados, sino que comienza a afectar los cálculos de seguridad de los países vecinos.

Se configura así, todavía de manera incompleta y contradictoria, un nuevo ecosistema de seguridad regional. En su centro están Mali, Burkina Faso y Níger. Alrededor aparecen asociaciones estratégicas con países como Argelia y Rusia. No constituye una alianza homogénea ni debe confundirse con un bloque geopolítico cerrado, pero expresa el desplazamiento de una arquitectura de seguridad que durante décadas tuvo a París como centro gravitacional.

La discusión sobre Rusia debe escapar de las simplificaciones. Si el retiro francés termina simplemente reemplazando una dependencia estructural por otra, la promesa soberanista de la AES encontrará rápidamente sus límites. Pero si la cooperación rusa, argelina o con cualquier otro socio sirve como plataforma para desarrollar capacidades militares, industriales, tecnológicas y de inteligencia propias, estaremos frente a un proceso diferente. La soberanía no consiste en no tener aliados, sino en conservar la capacidad de elegirlos y, sobre todo, en avanzar hacia una situación en la que esos aliados dejen de ser indispensables.

La integración que comienza por la defensa

La consecuencia más interesante de los acontecimientos de Niamey no puede medirse únicamente en la cantidad de detenidos, las horas de combate o las instalaciones recuperadas. Su importancia reside en que la crisis puso a prueba una forma de integración africana que no comenzó por la economía, sino por la defensa colectiva de la soberanía.

Muchos proyectos de integración regional del continente comenzaron por la economía: áreas comerciales, uniones aduaneras, monedas comunes, infraestructura y circulación de personas debían producir gradualmente mayores niveles de coordinación política. La Confederación del Sahel parece recorrer el camino inverso. Su secuencia ha sido seguridad, soberanía, coordinación política, integración institucional y, finalmente, construcción económica común.

Todavía no sabemos si ese modelo funcionará. Los desafíos son enormes. La violencia insurgente continúa, las economías de los tres países mantienen debilidades estructurales, la mediterraneidad limita su acceso a los mercados internacionales y persisten contradicciones dentro de las propias fuerzas armadas. La crisis nigerina demostró, además, que la amenaza puede surgir desde el interior del aparato estatal, mientras que la necesidad de asistencia rusa confirma que la autonomía estratégica continúa siendo una aspiración más que una realidad consumada.

Precisamente por eso lo ocurrido en Niamey resulta importante. Un proyecto de integración no se mide solamente cuando todo funciona, sino también cuando alguno de sus integrantes enfrenta una crisis. La noche del 28 de agosto puso a prueba a Níger y, de manera indirecta, a la idea misma de Confederación.

No puede afirmarse de manera concluyente que la Fuerza Unificada AES haya dirigido la respuesta militar al levantamiento, porque la información pública disponible no permite establecer con precisión su cadena de mando ni el alcance de su despliegue. Pero tampoco resulta correcto descartar la posible participación de fuerzas burkinesas en la defensa de las posiciones presidenciales y estratégicas de Niamey. Si esos reportes se confirman, la crisis habrá constituido una primera manifestación concreta de la defensa colectiva confederal.

En cualquier caso, la AES reaccionó inmediatamente como una unidad política frente a la amenaza contra uno de sus integrantes, mientras continuaba desarrollándose una estructura militar común cuyo Estado Mayor se encuentra precisamente en Niamey. Esa diferencia entre solidaridad política y capacidad militar efectiva debe mantenerse clara, pero no invalida la importancia del proceso institucional que se encuentra en marcha.

Frente a ello, la Unión Africana no puede ser presentada como una autoridad continental de seguridad simplemente porque posee protocolos, consejos y mecanismos formales. Su fracaso frente a Sudán, el Cuerno de África y otros conflictos, así como su alineamiento con la presión occidental contra Níger en 2023, muestran que la arquitectura institucional no se ha traducido en autonomía estratégica ni en respuestas eficaces. La UA continúa siendo el organismo continental africano, pero su centralidad política no debe confundirse con capacidad material ni con independencia frente a los intereses externos.

Por eso, la pregunta que deja Níger no debería limitarse a quién estuvo detrás de los disparos del 29 de agosto. La cuestión verdaderamente estratégica consiste en determinar si estamos viendo nacer en el Sahel una forma distinta de integración africana, en la cual la defensa colectiva de la soberanía precede a la integración económica y obliga a repensar desde abajo la arquitectura continental de seguridad.

Si la AES consigue convertir esa solidaridad política en capacidad militar autónoma, reducir progresivamente su dependencia exterior y demostrar al mismo tiempo que puede ofrecer mayor seguridad a sus poblaciones, la experiencia habrá dejado de ser una excepcionalidad surgida de tres golpes de Estado. Podría comenzar a transformarse en un modelo, aunque su consolidación dependerá de que logre superar las contradicciones que todavía la atraviesan: la persistencia de la insurgencia, la dependencia de proveedores externos, la fragilidad institucional y la ausencia de un calendario claro para la normalización política.

En ese escenario, el desafío para la Unión Africana ya no consistirá solamente en encontrar la manera de reincorporar plenamente a Mali, Burkina Faso y Níger al orden institucional continental. Será más profundo: deberá preguntarse por qué sus estructuras de seguridad no fueron capaces de ofrecer respuestas autónomas frente a las guerras y crisis del continente, por qué su acción aparece con frecuencia subordinada a prioridades externas y qué están intentando construir esos tres Estados que África todavía no ha conseguido construir para sí misma.

La cuestión decisiva no es si la Unión Africana posee instituciones. Las posee. La cuestión es si esas instituciones pueden convertirse en instrumentos africanos de poder, defensa y soberanía. Hasta ahora, la experiencia del Sahel, Sudán y el Cuerno de África ofrece una respuesta poco alentadora.

La AES, con todas sus limitaciones, está intentando ocupar ese vacío.