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En el cerro de El Cable se encuentran desplegados 120 bomberos, 365 soldados, 53 miembros de la Fuerza Aérea. | Foto: Colprensa

Los incendios se convirtieron en noticia cotidiana para Colombia durante las últimas semanas. Los paisajes han cambiado drásticamente, pues ahora en el país hay 31 mil hectáreas menos de vegetación de las que había antes de noviembre del año pasado, cuando inició el «Fenómeno del Niño». 

Casi tres meses y 486 incendios han tenido que ocurrir para que el desastre ambiental sea la primera plana y titular.

Lastimosamente, la imagen de los cientos de frailejones rostizados en los páramos nos ubica de frente con una problemática de dimensiones globales. Hoy vemos con mayor claridad las consecuencias de un modelo económico capitalista que se caracteriza por la extracción, la hiper producción y el despojo.

El aumento de la temperatura en el planeta no solo responde a ciclos naturales, sino que es un desastre cuyos principales responsables, los países potencia del norte global, se mantienen a la cabeza de la producción, respaldados por gran parte de la institucionalidad. La misma que sigue encontrándose en foros ambientales como la última COP28, donde plantean compromisos en materia ambiental pero en la práctica todo sigue igual.

Como ya lo he dicho antes, el carácter meramente declarativo de estos espacios pone en duda la verdadera voluntad que tienen los Estados por transformar sus hábitos y prácticas de producción y cuidado. Por ahí se diría que del dicho al hecho hay mucho trecho.

A nivel global existe una responsabilidad diferenciada por parte de quienes emiten más del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un tercio de esas emisiones son causadas por la deforestación y destrucción de ecosistemas para la producción de aceite de palma, soja, papel, cuero y pulpa de madera. Sin embargo, según la organización Global Canopy el 40% de las empresas causantes de esto no tienen ninguna política para frenarla.

 

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Asimismo, a nivel nacional también existen actores que han contribuido en mayor medida al desarrollo de la tragedia que estamos presenciando. Hoy nos escandalizamos con los incendios pero en Colombia el despojo, así como la apropiación de tierras y de bienes naturales ha estado relacionada con el fuego.

La quema de ecosistemas ha sido utilizada para expandir la frontera ganadera, así como los monocultivos de palma de aceite africana en regiones como los Montes de María, donde las plantaciones de Fedepalma, propiedad de Carlos Murgas, ya son el paisaje.

Frente a la ganadería, se ha mencionado también la relación entre la deforestación y el aumento de cabezas de ganado. «Colombia es responsable de proteger la Amazonía y Fedegán, como organización gremial, es antagonista a este propósito», mencionó la Fundación Paz y Reconciliación en uno de sus informes.

Y para colmo, ambos tipos de enclaves económicos han estado ligados al financiamiento o al accionar en coordinación con grupos paramilitares.

Frente al deterioro de los bienes naturales y de los atropellos de distintos sectores económicos, las comunidades han plantado las respuestas desde hace muchos años. En distintas regiones los pueblos han exigido regulación frente a las prácticas de las empresas y de los proyectos extractivos, entendiendo la ganadería y los monocultivos también como economías neoextractivas.

La consulta popular en Mercaderes, Cauca, donde más de 6 mil personas rechazaron la exploración y explotación minera, mientras que solo 17 la apoyaron. También en Jericó, Antioquia, donde las comunidades espontáneamente han expulsado a las empresas mineras que han llegado bajo el objetivo de la exploración. Y tal vez el caso más reciente resulta ser el paro departamental en Arauca donde denuncian las consecuencias negativas que las petroleras han generado en su territorio.

Pensar en frenar los incendios que tanto nos indignan en este momento, implica también pensar en soluciones estructurales que reflexionen alrededor de las prácticas alrededor de la tierra en Colombia. Una comunidad de vida es finalmente eso: una comunidad, conformada por seres humanos y por la naturaleza, que garantice el bienestar de todas las formas de vida.

Además, es fundamental recordar que aunque la opinión pública está desviada de la crisis ambiental que hace unos días estuvo en auge, no podemos olvidar que las lluvias son apenas un alivio temporal para un problema cuyas raíces son estructurales y cuyos responsables siguen sin responder.

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Como Organización, acompañamos las exigencias de los pueblos pero además estamos convencidos de la urgente necesidad de que haya una legislación soberana que cobije a los ecosistemas, principalmente a los más vulnerables, que nos permita identificar y hacer exigencias a los responsables, así como proyectar territorios vivos en donde la naturaleza sea un eje transversal de la construcción de paz para los pueblos. 

 

Autor: Antonio García

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