La guerra sin sonrojo
La 36 Cumbre de la OTAN, celebrada en Ankara (Turquía) el 7 y 8 de julio de 2026, marca un nuevo momento en la reorganización del orden internacional. Bajo el discurso de la “seguridad colectiva”, va quedando clara una arquitectura política, financiera, tecnológica y militar destinada a preservar la hegemonía occidental frente al avance del mundo multipolar y de actores emergentes como los BRICS.
En medio de esta realidad, es evidente que la paz no es un objetivo político. En la práctica, queda subordinada a la competencia geoestratégica; a la par, la guerra ya no es el último recurso de las vías políticas, sino como el mecanismo permanente de acumulación de capital, reorganización territorial y disputa por recursos estratégicos sin ningún sonrojo.
Las decisiones adoptadas en Ankara muestran que la OTAN deja claro lo que es: un complejo económico-industrial al servicio de una maquinaria global de la muerte. El incremento del gasto militar hasta el 5 % del PIB; la creación del Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (Defence, Security and Resilience Bank -DSR Bank-), promovido inicialmente por Canadá y varios aliados; y la ampliación de las cadenas internacionales de producción militar evidencian que la guerra se institucionaliza como política económica.
Los grandes beneficiarios son las corporaciones del complejo militar-industrial; las empresas tecnológicas dedicadas a la inteligencia artificial, la vigilancia, la ciberseguridad y el procesamiento masivo de datos; las compañías militares privadas y los gigantes financieros que administran buena parte de estas inversiones.
Aumenta irracionalmente el gasto militar, haciendo circular dinero de la gente hacia este conglomerado industrial del mal. Así, mientras enormes recursos públicos son transferidos al negocio de la muerte, millones de personas enfrentan pobreza, hambrunas, una catástrofe climática que impacta indistintamente a pueblos del norte desarrollado y del sur explotado y el deterioro de los sistemas públicos de salud y educación. Todo mientras se normalizan el genocidio contra el pueblo palestino y los genocidios en África, donde el respeto al Derecho Internacional Humanitario ya no suena sino como mala broma.
En este escenario, América Latina adquiere un valor geopolítico extraordinario. La región concentra reservas decisivas de litio, cobre, agua dulce, biodiversidad, hidrocarburos y minerales críticos indispensables para la transición tecnológica y militar de actualidad y de tiempos venideros. Pero también ofrece puertos sobre el Pacífico, corredores bioceánicos, abundante mano de obra y capacidades militares crecientemente subordinadas a doctrinas diseñadas desde Washington.
La expansión de iniciativas como AUKUS (Australia, Reino Unido y Estados Unidos) y la creciente articulación estratégica del espacio Indo-Pacífico evidencian que la disputa ya no se limita al Asia oriental. El objetivo es construir una arquitectura global capaz de contener la expansión comercial, tecnológica y geopolítica de China, Rusia e Irán. En esa estrategia, los países latinoamericanos con costas sobre el Pacífico adquieren un papel cada vez más relevante como plataformas logísticas, corredores comerciales y espacios de proyección militar.
No resulta casual que se multipliquen acuerdos de cooperación militar, plataformas israelíes de inteligencia y vigilancia, procesos de interoperabilidad entre fuerzas armadas y ejercicios conjuntos en países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Colombia. Bajo la narrativa de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, se consolida una infraestructura que fortalece la capacidad de intervención regional y se preparan escenarios de guerra utilizando nuestros territorios, nuestros recursos y, eventualmente, nuestros propios jóvenes como fuerza de combate.
La llamada interoperabilidad no busca únicamente mejorar capacidades defensivas: persigue integrar doctrinas, sistemas de inteligencia, logística y cadenas de mando bajo estándares definidos por Washington y la OTAN.
Toda expansión imperial necesita construir amenazas permanentes. Durante la Guerra Fría fue el comunismo; después, el terrorismo internacional; hoy emergen categorías como “amenazas híbridas”, “narcoterrorismo”, “extremismo violento” o “actores malignos transnacionales”. Bajo estos conceptos se legitiman mayores presupuestos militares, vigilancia masiva, restricciones de derechos e intervenciones sobre territorios considerados estratégicos.
El derecho internacional queda subordinado a un doble rasero, pues mientras se invoca la defensa de la democracia y de un supuesto “orden basado en reglas”, se normalizan guerras, ocupaciones y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario en Palestina, Líbano, Siria, Yemen y otros territorios del Sur Global.
Europa, lejos de consolidar una política exterior autónoma, aparece cada vez más subordinada a las prioridades estratégicas y a los vaivenes políticos de Washington, asumiendo crecientes costos económicos, energéticos y militares derivados de una confrontación cuyo principal beneficiario continúa siendo el complejo militar-industrial estadounidense-israelí.
La gran pregunta es quién terminará pagando el costo de esta nueva carrera armamentista. Todo indica que, una vez más, serán los pueblos. Particularmente, los del Sur Global y -de manera especial- Nuestra América, convertida nuevamente en cantera de materias primas, plataforma logística, laboratorio tecnológico y reserva estratégica para una confrontación que no responde a sus intereses.
Frente a esta nueva reingeniería colonial, la lucha por la independencia y liberación vuelven a cobrar plena vigencia. A medida que avance la militarización, el extractivismo y la subordinación, también crecerán la inconformidad popular y las resistencias de los pueblos que se niegan a convertirse en territorios de sacrificio.
La verdadera seguridad no nace de la militarización ni de bancos destinados a financiar armamentos. Nace de la justicia social, de la soberanía, de la integración latinoamericana, del cuidado de la Amazonía y de la Madre Tierra y del derecho irrenunciable de nuestros pueblos a decidir libremente su destino.
Mientras el poder imperial organiza la economía mundial de la guerra, corresponde a los pueblos organizar la economía de la vida. Esa es la gran disputa civilizatoria del presente: entre quienes pretenden administrar el planeta mediante la guerra permanente y quienes seguimos creyendo que la paz solo puede construirse desde la justicia, la cooperación, la soberanía y la dignidad de los pueblos.
Esa es desde siempre la guerra de los poderosos contra los débiles y los pobres, donde el poder la justifica. Por eso, el 17 de julio pasado Marco Rubio dijo sin sonrojarse: “Es una rebelión de los peores contra los mejores, una rebelión de los débiles y cobardes contra los fuertes y los buenos”.
Lo chistoso de este cuento es que siga creyendo que los pobres somos cobardes.
Fuente: Antonio García
Huele a azufre es una plataforma digital de análisis geopolítico contrahegemónico, que busca visibilizar las voces y los discursos silenciados por el poder mediático.
