Entre la universidad y la militancia: Estudiantes venezolanos víctimas de la represión durante la última dictadura argentina.
Introito
Durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), hubo numerosas y numerosos extranjeros que sufrieron violaciones de derechos humanos. Fueron víctimas del secuestro, de detenciones clandestinas, de tortura física y psicológica, fueron asesinados y/o desaparecidos, siendo objeto del “poder concentracionario” (Calveiro, 1998) en los Centros Clandestinos de Detención (CCD). Aunque, no parece que la condición de extranjero fuera la causa de ello, sino más bien el hecho de un proceso de violencia política que no era nuevo, pero que alcanzó características extremas a partir de 1976, en la cual el extranjero, sobre todo caribeño, era sospechoso de ser un infiltrado comunista cubano.
Es en ese período, específicamente entre el 27 de marzo de 1976 y el 24 de agosto de 1978, que fueron desaparecidos cuatro jóvenes de nacionalidad venezolana por ser supuestos “subversivos”. Uno fue asesinado, otro sigue desaparecido y dos lograron ser liberados. Dos eran estudiantes universitarios. Todos estuvieron comprometidos en la lucha contra la dictadura y las reivindicaciones sociales. Ninguno se conoció con el otro. Fueron desaparecidos en años diferentes, en distintas ciudades y sus familias no se agruparon entre sí en comités de denuncia, aunado a ello, en Venezuela eran de ciudades distantes unas de otras. Sin embargo, eso no impidió que las familias de las víctimas se movilizaran para denunciar la desaparición de sus familiares, tanto así que dos de ellas lograron presionar al gobierno venezolano para que intercediera ante la Junta Militar argentina y obtener la liberación de ellos.
En estás breves líneas trataré de describir el caso de estos jóvenes estudiantes venezolanos víctimas de la represión legal e ilegal durante la última dictadura argentina, reconstruyendo la realidad que les tocó vivir tanto en Venezuela como en Argentina, siendo migrantes, y sobre todo, a partir de archivos privados personales, de fuentes hemerográficas y entrevistas, reconstruir ese proceso de desaparición, que al día de hoy sigue ausente dentro de las políticas de memoria, justicia y reparación del Estado venezolano.
Argentina y Venezuela en el contexto de la Guerra Fría
Para comprender el por qué unos jóvenes venezolanos que vivieron durante el período democrático en Venezuela decidieron migrar por motivos estudiantiles a Argentina (en nuestro caso, en otros al Chile de Allende por nombrar uno más), es necesario observar las condiciones de posibilidad tanto en Venezuela como en Argentina, además de poner el foco en las prácticas represivas a las cuales nuestros connacionales fueron sometidos.
El bloque temporal sesenta/setenta fue una época signada por hechos y procesos históricos tales como la revolución cubana, la descolonización africana, la guerra de Vietnam, la rebelión antirracista en los Estados Unidos, y la rebelión juvenil radicalizada, de proliferación de grupos críticos y dispuestos a la movilización, del acercamiento o fusión entre arte/intelectualidad y política revolucionaria, en la cual la violencia adquirió centralidad en la militancia y la intelectualidad. En palabras de Claudia Gilman: “En esa época, según manifiestos y declaraciones que proliferaron entonces, la lógica de la historia parecía ineluctable, y su modo de temporalidad se expresaba por la emergencia de tiempos rápidos, cuya mejor metáfora es la del carro furioso de la historia, que atropellaba a los tibios en su inevitable paso” (Gilman, 2012: 37).
En ese bloque temporal también se presentaron respuestas violentas por parte de las clases dominantes hegemónicas nacionales e internacionales que no toleraron la insurgencia de las clases subalternas. En algunos casos las respuestas vinieron desde democracias tuteladas y/o pactadas, o desde gobiernos dictatoriales, dependiendo el grado revolucionario en cada país, por ejemplo en el caribe ya no era factible mantener gobiernos militares para contener a la izquierda, ya que, era un levantamiento continuo de guerrillas contra estos regímenes, en cambio en el Cono Sur la izquierda logró obtener poder por diferentes vías, allí fue necesaria la fuerzas armadas como restablecedoras del orden capitalista. El signo tanto en aquellas democracias como en estás dictaduras fue el anticomunismo, desde allí la construcción del enemigo interno, que fue mutando a enemigo “subversivo” y “terrorista”.
Todo esto sucede en un contexto de Guerra Fría, que en Latinoamérica tuvo sus matices, así el conflicto entre las dos superpotencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los Estados Unidos de América (EEUU), se sobrepuso a complejos procesos locales de transformación social, económica y política. La convergencia entre estos procesos dio pie a un periodo de más de cuatro décadas de fuerte inestabilidad política y económica, de polarización interna y de episodios de dramática violencia como golpes de Estado, represión a la oposición política, emergencia de las guerrillas y la desaparición de personas por parte del Estado (Pettiná, 2018).
De esta manera, nos encontramos con una Argentina que viene de una continuidad de inestabilidad política en el siglo XX, por lo menos desde 1930, con golpes de estado (1930-1943-1955-1962-1966-1976), fraude electoral (1931) y proscripciones políticas (al peronismo desde 1955 a 1973), en términos de Quiroga (2005) existió hasta 1983 una “democracia entrecortada”, esto partiendo desde el concepto de “pretorianismo”, con alternancia en el poder entre civiles y militares, pero con una mirada peyorativa sobre la democracia liberal, la democracia es vista como un problema y hay escasa competencia entre partidos.
Ante la frágil democracia argentina, con la construcción de enemigos internos como el comunismo o el anarquismo, y luego el peronismo, es que se desarrolló el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 con anuencia de diversos sectores de la sociedad argentina.
El gobierno militar creó la tesis de la “guerra antisubversiva”, crearon al enemigo interno “subversivo”, que ya no era el enemigo interno “comunista” dentro del peronismo (Franco, 2012). Este gobierno dictatorial definió a su “enemigo” como: miembros de las organizaciones político-militares peronistas como Montoneros y, no peronista como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); a simpatizantes de aquellas organizaciones; también eran blanco del aparato represivo militantes de organizaciones políticas no armadas; obreros sindicalizados y sus delegados; militantes y dirigentes de partidos políticos; miembros de agrupaciones estudiantiles; docentes; periodistas; familiares y amigos de las víctimas; y, artistas e intelectuales sindicados de ser “ideólogos de la subversión”, entre otros (Águila, 2016). De esta forma, cualquier individuo sospechoso para la dictadura podía entrar en los parámetros imprecisos de ser acusado de “subversivo”.
La estrategia de la dictadura para enfrentar al sujeto “subversivo” fue el exterminio del enemigo a través de la utilización de tácticas y métodos “no convencionales” inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y en la doctrina francesa de guerra contrainsurgente, como los nombrados en el primer párrafo de este escrito. A estas estrategias debe sumarse el “Plan Cóndor” que fue la coordinación entre instituciones represivas de los Estados del Cono Sur en dictadura para la época: Paraguay (1954-1989), Brasil (1964-1985), Bolivia (1971-1978), Uruguay (1973-1985) y Chile (1973-1990), conociendo que otros países en democracia colaboraron con el Cóndor, como los Estados Unidos y Venezuela (IPPDH, 2015).
En Argentina a ese gobierno de facto se le definió desde la denuncia y la lucha por los derechos humanos como “Estado terrorista” o “terrorismo de Estado”. Es el jurista argentino Luis Eduardo Duhalde (1983) quien definió esa forma estatal durante la dictadura militar argentina como una que se caracterizó por aplicar el “Estado de excepción” (suspensión de las garantías constitucionales); la militarización del aparato del Estado; y un alto contenido represivo, legal y clandestino, que pretendió la aniquilación física de sus opositores así como la destrucción de todo vestigio de organización democrática y antidictatorial. La categoría, aunque nativa argentina, ha viajado y ha sido recepcionada por otras naciones, sin embargo su uso político en Argentina fue para cuestionar la idea militar de que se había librado una “guerra” o “lucha contra la subversión”, asignando el término terrorista a los militantes políticos, entonces lo que se hizo fue usar el termino terrorismo contra los militares y sus prácticas.
Pero, ¿Qué sucedió en Venezuela?
Desde la “tesis de excepcionalismo venezolano”, Venezuela era presentada, después de la caída de la dictadura en 1958, como una “democracia modelo” en Latinoamérica junto a Colombia, ya que, venía de pacificar la guerrilla, no prosperaron los intentos de golpes de estado de un sector cívico-militar, se respetaron los resultados electorales, sistema partidista abierto a pequeños partidos y hubo alternancia política entre el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el partido socialcristiano llamado Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), todo dentro de un pacto entre ambos partidos con exclusión de la izquierda. A estos dos países se les definió como “democracias pactadas” porque los acuerdos interpartidistas echaron las bases para el restablecimiento de gobiernos democráticos que supuestamente mantenían la conciliación de clases (Ellner, 2014).
Siguiendo a Ellner, la “democracia pactada” venezolana encontró un clima de receptividad creciente en el gobierno de Estados Unidos y sus intelectuales. Asimismo, se hizo pensar que la condición de la nación como país exportador de petróleo fortalecía la estabilidad de la democracia y creaba oportunidades para la clase media, con esto se impedía la lucha de clases, se creaba una armonía social y estabilidad política.
Sin embargo, la realidad era otra, esa tesis chocaba abiertamente contra una historia criminalizada e invisibilizada de luchas populares, en las cuales sus protagonistas fueron objeto de la represión y la exclusión dentro del sistema democrático instaurado que violó sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela: detención ilegal a militantes y simpatizantes de izquierda; tortura y ejecución a la disidencia de izquierda dentro y fuera de instituciones del Estado; amenazas a familiares; desaparición de cuerpos en el mar; violación de la autonomía universitaria; persecusión a los estudiantes de secundaria y universitarios; criminalización a la protesta estudiantil; cierre de universidades; creación de seis Teatros de Operaciones (llamados también Campos Antiguerrilleros) y más de 20 campamentos técnicos, donde aplicaban interrogatorios con equipos especializados en prácticas de tortura que incluían al personal médico. Estos emplazamientos de los diversos componentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela eran a su vez campos de prisioneros donde se aplicaron los manuales de torturas aprendidos en la Escuela de las Américas, así combinaban sus acciones operacionales y represivas en vastas zonas campesinas, con la aplicación de métodos de interrogatorios basados en la tortura y el terror psicológico a los prisioneros. Estos métodos de guerra antisubversiva estaban a cargo de un equipo denominado Servicio de Interrogatorio a los Prisioneros de Guerra, integrado por torturadores de las distintas ramas y servicios.
Así, en tiempos recientes, la Comisión por la Justicia y la Verdad en su Informe Final (2017) determinó que 10 mil 071 personas fueron víctimas de torturas, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos por razones políticas durante el período 1958-1998. Se recibieron mil 387 denuncias, en muchas de las cuales se reportaron la desaparición o muerte de varias personas y también, se examinó un total de 16 mil 630 expedientes, que fueron investigados en los archivos policiales y militares. La Comisión también comprobó que fueron asesinadas mil 425 personas y 459 desapariciones forzadas y, se logró la ubicación y exhumación de 19 restos de personas desaparecidas, de las cuales 14 de ellas fueron entregadas en actos públicos a sus familiares.
Estudiantes venezolanos en Argentina durante la última dictadura ¿Qué sabemos de ellos?
Fueron cuatro los venezolanos víctimas de la represión de la última dictadura argentina (1976-1983). A continuación describiremos brevemente cada caso y sus trayectorias, que aún sigue en proceso de reconstrucción en la tesis doctoral que estoy desarrollando para el Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, veamos:
José Enrique Tomanelli Desimini (1953-1976), nació en los Guayos, Estado Carabobo. Era hijo de inmigrantes italianos en Venezuela. La familia se trasladó en 1958 a Argentina por motivos de salud del padre. Fue militante de la Juventud Peronista (JP) entre 1973-1976 y cadete montonero, luchador de base barrial y obrero. Secuestrado en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires (PBA), el 27 de marzo de 1976, fue asesinado el 2 de abril de 1976 en Escobar (PBA) junto a otros cautivos. Su cuerpo fue calcinado, encontrado en una tumba marcada como N/N el 4 de abril de 1976. El acusado del homicidio fue el oficial de la Policía Bonaerense Luis Abelardo Patti. La familia realizó gestiones ante la Embajada de Venezuela apelando a su nacionalidad. El 24 de marzo de 2013 se inauguró un Espacio por la Memoria en la plaza “Juan Manuel de Rosas” de Escobar, al lado de la comisaría 1ra, donde en 1976 funcionó un CCD. En el acto se enterraron los restos de José Enrique, que fueron identificados por estudios forenses y exámenes genéticos en el 2012. Para aquel momento, el Director General de Derechos Humanos de la Municipalidad de Escobar era Oscar Tomanelli, hermano de José Enrique, el cual invitó al Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, Carlos Martínez Mendoza al acto. La Embajada venezolana aceptó la invitación y envió al funcionario Alfonso Ocando, Coordinador de Prensa y Difusión de la Embajada de Venezuela.
Jaime José Colmenares Ramírez (1949-1977), nació en Valera, Estado Trujillo, el 17 de octubre de 1949. En febrero de 1969 se trasladó a Buenos Aires, Argentina, como artista becado con fondos estatales del gobierno venezolano a través del Instituto de Cultura y Bellas Artes (INCIBA), junto a otros dos jóvenes artistas: Francisco Grisolía Dávila y Gregorio Torres.
Jaime de muy joven se inclinó por el mundo artístico, pero también por la militancia de izquierda en una Venezuela que vivía un clima de rebelión popular entre grupos insurgentes y el gobierno dirigido por una cúpula política que había traicionado la revolución popular de 1958 contra la dictadura.
En Buenos Aires conoce a la reportera gráfica Cristina Bettanin con la cual se casó en el año de 1971 en Ejido, Estado Mérida. Cristina era hija del dibujante, artista plástico, cineasta y militante peronista Alfredo Atilio Bettanin (colaborador de la revista De Frente 1953-1956 y diagramador de la revista Dinamis del sindicato de Luz y Fuerza a finales de los sesenta) y de Elba Juana Ferraro de Bettanin. Era hermana de los periodistas y militantes de Juventud Peronista (JP) Guillermo Juan Bettanin (secuestrado-desaparecido desde el 7 de mayo de 1976) y Leonardo Bettanin, este último era un cuadro político de la corriente peronista de izquierda Tendencia Revolucionaria, llegó a ser diputado nacional por Capital Federal en las elecciones del 11 de marzo de 1973 por el Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI), en septiembre de 1974 fue uno de los diputados que renunció a su banca en desacuerdo con el proyecto de Código Penal pero mantuvo su militancia política en la organización Montoneros.
Jaime, que era pintor, se interesó por la fotografía a través de Cristina, trabajó de reportero gráfico en el diario Noticias y en las revistas Ya y Evita Montonera. Jaime fue secuestrado-desaparecido el 2 de enero de 1977 (27 años al momento del secuestro), en la calle 2, N° 626 del barrio Gráfico, en Fisherton, Rosario, Santa Fe, en la casa de su cuñado Leonardo y de su esposa María Inés Luchetti (embarazada de nueve meses), que vivían allí junto a sus hijas Mariana (tres años) y Carolina (un año y medio).
Según una declaración jurada del 24 de julio de 1984 ante la Embajada de Argentina en Caracas, el exiliado argentino Lisandro Raúl Cubas declaró que en su detención ilegal en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) compartió cautiverio con una persona de nacionalidad venezolana que era fotógrafo, al cual tenían trabajando clandestinamente en el laboratorio de fotografía que se encontraba en el sótano, hacia fines de marzo de 1977 el venezolano fue trasladado de allí, ese venezolano era Jaime Colmenares, identificado por Cubas en un encuentro en Venezuela con Betty Colmenares, hermana de Jaime, quien le mostró una foto de Jaime. Cubas dice que otro prisionero, Marcelo Camilo Hernández, también identificó a Jaime.
Jaime sigue desaparecido. Todos los 24 de marzo, desde el año 2017, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Grupo de Reporteros Gráfico 81 (GRG81) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) marchan con imágenes de sus reporteros gráficos desaparecidos por la última dictadura, entre ellos Jaime y Cristina.
Lilido Nelson Ramírez Iglesia (1944-2018), nació en Encontrados, Estado Zulia. Llegó a Argentina en 1964, se radicó en Corrientes donde ingresó a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste. Estudió con recursos propios. Su hermano estudió Medicina también en Argentina unos años antes. Fue secuestrado en noviembre de 1977. Militaba en una organización estudiantil perteneciente a la Federación Argentina Universitaria de Izquierda (FAUDI), siendo un cuadro político estudiantil importante. Su hermano desde Venezuela denunció su caso y buscó a la familia de Milton Marinelli cuando se enteró que eran dos los estudiantes desaparecidos en Argentina. El gobierno de Venezuela a través de su canciller Simón Alberto Consalvi intercedió ante la Junta Militar para que fuese liberado. El gobierno de facto argentino lo legaliza. Fue expulsado de Argentina por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), el 31 de agosto de 1978, mediante el Decreto S 2050/1978, que lo presenta como extranjero en actividades subversivas del orden público. Falleció en Venezuela el 19 de abril de 2018.
Milton Gabriel Marinelli Sequera (1953), nació en Miranda, Estado Carabobo. Se trasladó a Argentina en 1973, específicamente a la ciudad de Tucumán para cursar estudios de Ingeniero Zootecnista en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), primero con recursos propios y luego con una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho). En diversas entrevistas con Milton siempre se presentó como un migrante obligado por el Estado venezolano a continuar sus estudios en otro país, ya que, por la intervención y cierre de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en la cual él estudiaba, debió buscar otro destino para culminar sus estudios.
Milton participó en las luchas estudiantiles, sobre todo lo referente al Comedor Universitario en el cual estaba presentando problemas para ingresar y usar el comedor por ser extranjero. Terminó militando en el Grupo de Base Independiente con el dirigente estudiantil José “Macho” Luna de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, que a su vez, tenía una amplia trayectoria de lucha obrera y estudiantil, perteneció al Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS) y fue artífice de la politización de los espacios públicos como los comedores, los cuales fueron atacados tanto por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en el tercer peronismo como por la última dictadura.
Milton fue secuestrado-desaparecido en mayo de 1978. Su familia junto a diversos actores políticos y sociales armaron una campaña de lucha por su aparición con vida y luego por su repatriación. La campaña fue ampliamente difundida en los medios de comunicación del Estado Carabobo pero también por medios nacionales. Exiliados argentinos agrupados en Fundalatin junto al sacerdote Juan Vivés Suria intercedieron ante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, así como el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo y el Colegio de Periodistas de Venezuela. El gobierno venezolano decidió interceder ante tal demanda, encargando al canciller Consalvi esa tarea.
La Junta legalizó a Milton mediante los decretos S 1796/1978 y S 1797/1978 ambos del 7 de agosto de 1978, en el primero se pidió su arresto y prisión a disposición del PEN por actividades subversivas, y el segundo es la expulsión de Milton del país y su prohibición de regreso. Días antes, el 30 de julio de 1978 un juez en Tucumán abre causa contra Milton por asociación ilícita colectiva. La Junta siempre negó haberlo detenido, y así, de la nada aparece Milton con esa causa preso en una cárcel. El gobierno venezolano, a través de su Ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage (AD), se hace eco del parte de la Junta y reproduce lo de las actividades subversivas, a lo cual respondió la familia de Milton para desmentir a la Junta y al gobierno venezolano. Milton es enviado a Venezuela y llega el 24 de agosto de 1978.
La pregunta que nos interpela es ¿Qué sucedió luego con estas víctimas? El Estado venezolano a fecha actual no ha participado en ninguno de los juicios por sus ciudadanos; Fundayacucho no cumplió su promesa con Milton de acompañarlo para que terminara sus estudios en otra facultad, dejándole solo; a ninguna de las víctimas ni a sus familiares se les ha hecho un proceso de memoria, verdad, justicia y reparación desde Venezuela; las causas siguen abiertas, aún hay tiempo.
Bibliografía citada y recomendada
Águila, G. et al (2016). Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina: Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
Alvarez, A. L. (2020). “Los desaparecidos en el pasado reciente argentino. Un enfoque historiográfico”, en Presente y Pasado. Revista de Historia, Año 25, N° 49, pp. 121-145.
Alvarez, A.L. (2022). “Represión al peronismo revolucionario en Escobar (1975-1977): una aproximación a partir del caso de José Enrique Tomanelli”, en Revista de la Red de Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, Año 9, N° 17, pp. 38-61.
Calveiro, Pilar (2006 [1998]). Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires: Colihue.
Comisión por la justicia y la verdad (2017). Contra el silencio y el olvido. Por la verdad y la justicia. Informe Final. Caracas: autor.
Duhalde, E.L. (1983). El Estado Terrorista argentino. Buenos Aires: El Caballito.
Ellner, S. (2014). El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto (hasta 2013). Caracas: Celarg y CNH.
Franco, Marina (2012). Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Gilman, C. (2012). Entre la pluma y el fusil: debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
IPPDH (2015). A 40 años del Cóndor. Autor.
Pettiná, V. (2018). Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina. México: El Colegio de México.
Quiroga, H. (2005). “La reconstrucción de la democracia argentina”, en Suriano, Juan (dir.) Nueva Historia Argentina (Tomo X). Buenos Aires: Sudamericana.
Autor: Arturo Lev Alvarez Abreu
Fuente: Cuadernos Para El Debate Bolívar Vive / año 1. Numero 3 Diciembre de 2023
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