Venezuela: la Guayana Esequiba ante una nueva provocación en La Haya

En este contexto, no es casualidad ni sorpresa lo que ocurre. Bajo la administración de Donald Trump, se ha reactivado y reformulado la vieja Doctrina Monroe, una política que, como hemos venido advirtiendo, se despliega en múltiples frentes para ganar posiciones militares, económicas y políticas en nuestra región. Bajo esa misma lógica de dominio e injerencia, el gobierno del presidente de Guyana, Irfaan Alí, impulsa esta nueva maniobra, que no es más que una provocación al servicio de intereses ajenos.

Esta audiencia no nació del diálogo, ni del acuerdo entre las partes; fue convocada unilateralmente por Georgetown, empujada y respaldada por grandes empresas transnacionales y potencias extranjeras que, una y otra vez, repiten las mismas viejas fórmulas de despojo que han marcado la historia de América Latina. Frente a esta estrategia, Caracas ha respondido con la fuerza de la verdad histórica y con la claridad de quien defiende lo suyo: este conflicto no es un problema bilateral aislado, sino un capítulo más de una larga trama de ambiciones externas puesta sobre las riquezas y la soberanía de Venezuela.

Samuel Moncada, representante venezolano ante la CIJ, desmontó punto por punto la narrativa de victimismo que el gobierno guyanés intenta vender al mundo. Mientras presentan la justa reivindicación venezolana como una supuesta “amenaza” contra su existencia, la realidad es muy distinta: lo que está en juego es la defensa de un territorio que nació unido a la Capitanía General de Venezuela, heredero de fronteras que tanto el derecho colonial como el derecho republicano han reconocido siempre como parte integral de este país.

Moncada calificó la postura contraria como “una interpretación errónea flagrante y engañosa”, y dejó claro el argumento central de esta posición: “Venezuela jamás ha aceptado ni consentido someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte internacional. Nos mantenemos fieles a una tradición de soberanía absoluta: no delegamos nuestros derechos ni entregamos nuestras causas a instancias que, a lo largo de la historia, han demostrado servir a intereses ajenos y ser perjudiciales para la integridad y la independencia de los pueblos”.

Guyana, en su exposición, insiste ante la CIJ en pedir que se valide definitivamente el Laudo Arbitral de París de 1899, una resolución dictada bajo fuerte presión de las potencias de entonces, que trazó fronteras y le entregó el control de más de 160.000 kilómetros cuadrados —nada menos que el 70% de lo que hoy reclaman como propio—. Lo presentan como un acto jurídico válido, definitivo y aceptado por más de un siglo. Además, sostienen que el Acuerdo de Ginebra de 1966 solo sirvió para abrir un espacio de diálogo, sin anular ni modificar ese laudo, y aseguran que Venezuela aceptó tácitamente esa situación durante décadas. Para Georgetown, el reclamo venezolano es solo una acción política sin fundamento legal, que pone en riesgo su supervivencia, frena su desarrollo y viola principios de integridad territorial.

Pero Venezuela tiene una respuesta clara, firme y documentada para cada uno de esos puntos: el Laudo de 1899 es nulo, fraudulento y fruto de una imposición colonial; carece de todo valor jurídico real. Y el Acuerdo de Ginebra de 1966 no es un simple papel de buenas intenciones: es el único marco válido y vigente, que obliga a resolver la controversia mediante negociaciones directas entre las dos naciones, sin intermediarios, sin tribunales externos y sin imposiciones.

El Estado 24: una realidad respaldada por su gente

Lejos de los pasillos fríos y las discusiones técnicas de La Haya, la realidad en el terreno cuenta una historia muy distinta: una historia de integración, de presencia activa y de venezolanidad que nadie puede borrar ni ignorar. La Guayana Esequiba no es solo un nombre en los mapas ni un tema de debate diplomático: es el Estado número 24 de la República, con su estructura legal, administrativa y política plenamente operativa, trabajando día a día al servicio de sus habitantes.

Bajo la gestión del gobernador Neil Villamizar, la presencia del Estado venezolano se hace sentir en cada rincón: en los programas de atención social, en las jornadas de salud, en la entrega de servicios públicos y en el reconocimiento pleno de la ciudadanía venezolana para quienes viven en ese territorio. “Hay claridad absoluta en la posición histórica. El pueblo del Esequibo quiere integrarse plenamente a la nación; se sienten parte de un Gobierno que está allí para atender sus necesidades y garantizar sus derechos”, afirmó Villamizar. Y los datos lo confirman: más de 12.000 ciudadanos en la zona ya cuentan con su cédula de identidad venezolana, un acto administrativo que, en esencia y en derecho, es un acto de soberanía irrevocable.

Esta presencia cuenta además con el respaldo irrenunciable de todo el país: el referendo consultivo del 3 de diciembre de 2023 marcó un hito histórico, cuando la inmensa mayoría de los venezolanos blindó con su voto la hoja de ruta hacia la recuperación definitiva del territorio. La presencia del canciller Yván Gil en La Haya no es más que el cumplimiento de ese mandato popular: Venezuela acude no a pedir permiso, sino a hacer oír su voz, a defender su verdad y a dejar claro que la decisión final ya la tomó el pueblo, y nadie podrá cambiarla.

Detrás de esta disputa no hay solo líneas dibujadas en un mapa ni discursos jurídicos: hay riquezas inmensas y la vieja ambición imperial que nunca abandonó nuestra región. Como recuerda el historiador Edgar Figuera, ya en el siglo XIX el interés británico por esta zona despertó al descubrirse yacimientos en el sur de la Guayana. Hoy, el guion es exactamente el mismo; solo han cambiado los nombres de los actores.

El crecimiento económico y el alto ingreso per cápita que muestra Guyana, disparado por la bonanza petrolera de los últimos años, no es fruto del azar ni del esfuerzo aislado: es el resultado y el motor de una estrategia de confrontación financiada y sostenida por grandes corporaciones transnacionales, entre ellas Exxon Mobil. Esta empresa no solo extrae de forma arbitraria petróleo y recursos de una zona en plena reclamación, sino que también financia la guerra política contra Venezuela, utiliza al gobierno guyanés como plataforma de operaciones y emplea a sectores de la extrema derecha interna venezolana como peones de avanzada en este complejo tablero geopolítico.

No es casualidad que ocurra justo ahora: esta zona es rica en petróleo, gas, oro, diamantes, madera y vías navegables de valor estratégico mundial. Los yacimientos marinos adyacentes figuran entre los mayores descubrimientos energéticos del siglo XXI, pieza clave en la economía global y en la crisis energética provocada precisamente por las políticas del gran hegemón norteamericano, diseñadas para controlar recursos y rutas de suministro en todo el planeta.

Para el gobierno de Guyana, perder el Esequibo significa perder su mayor fuente de riqueza y casi todo su acceso al mar; lo presentan como una cuestión de supervivencia nacional. Pero detrás de esa retórica están los intereses de quienes quieren controlar esas riquezas no para el desarrollo de ese país, sino para imponer condiciones y dominio sobre toda la región.

El intento de despojo territorial y la campaña internacional para deslegitimar el reclamo venezolano son dos caras de una misma moneda: el control absoluto de los recursos estratégicos por parte del capital transnacional, que utiliza el derecho internacional solo cuando le conviene y lo ignora cuando se trata de defender causas justas y legítimas como esta.

Venezuela participa en esta instancia porque su voz no puede ser silenciada por argumentos ajenos. Defender el Esequibo es defender lo logrado por la independencia que se comenzó a construir hace siglos y que retomó con fuerza el Comandante Hugo Chávez. Hoy cuenta con un marco definitivo en la nueva Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. Es la lucha de todo un pueblo, que sabe que su futuro depende de la firmeza con la que hoy defienda su pasado y su suelo.

¿Qué pasará ahora? El escenario que se avecina

Para entender lo que viene, es necesario analizar con claridad cómo funciona este proceso y cuál es el alcance real de cualquier decisión. La CIJ es el principal órgano judicial de la ONU, y sus sentencias tienen características definidas: son definitivas, sin posibilidad de apelación, y en teoría son vinculantes según la Carta de Naciones Unidas. Esto significa que, si falla a favor de Guyana, el derecho internacional formal exigiría que Venezuela acate y renuncie a su reclamo; si falla a favor de Venezuela, correspondería a Guyana retirar su administración y reconocer la soberanía de Caracas.

Pero hay una realidad que muchos olvidan: la Corte no tiene policía, ni ejército, ni capacidad para imponer sus decisiones por la fuerza. Todo depende de la voluntad de los Estados y de la presión internacional. Si alguna de las partes no cumple, la otra puede acudir al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir medidas o sanciones; sin embargo, Venezuela cuenta con aliados con derecho a veto —como Rusia o China—, lo que hace prácticamente imposible que se aprueben medidas coercitivas en su contra. Eso sí, cualquier fallo tiene consecuencias políticas y diplomáticas, y quien no lo acata puede enfrentar aislamiento, pérdida de credibilidad o dificultades en sus relaciones internacionales.

Los análisis coinciden en señalar que, por la vía jurídica y los antecedentes que se manejan, es muy probable que la sentencia —que se dictaría entre 2027 y 2028— sea favorable a Guyana, basada en los argumentos que ha presentado y en la visión tradicional que han mantenido ciertos sectores internacionales respecto al laudo de 1899. Pero frente a eso, Venezuela ya ha sido clara y contundente: no reconocerá ni acatará ninguna sentencia, porque la Corte no tiene jurisdicción sobre este asunto, y cualquier fallo será nulo, una imposición política y no un acto de justicia.

Así se perfila el escenario real

Guyana quedaría respaldada por el derecho internacional escrito, podría firmar contratos con mayor apariencia de legalidad y pedir protección abierta a sus aliados, como Estados Unidos o el Reino Unido.

Pero en la práctica concreta la situación en el territorio seguirá igual. Guyana mantendrá la administración que ejerce actualmente, y Venezuela seguirá reclamando, reforzando su presencia institucional y consolidando al Estado 24. Habrá más tensión, más denuncias mutuas y más incidentes fronterizos, pero no habrá cambio de control territorial ni guerra abierta, ya que países clave como Brasil y Colombia —en un año de definiciones electorales y políticas— mantienen la presión por la paz, conscientes de que cualquier escalada afectaría a toda Sudamérica.

La sentencia definirá una posición ante la norma internacional, pero no resolverá el problema real. Venezuela seguirá defendiendo su causa con la misma fuerza de siempre, porque el Esequibo no es un asunto de tribunales, ni de intereses extranjeros: es parte de la historia, de la geografía y del corazón de un pueblo que nunca renunciará a recuperar lo que es suyo por derecho y por justicia.

¡El Esequibo es venezolano, y así será por siempre!

Fuente: PIA Global/Oscar Rotundo