Economías legales e ilegales: un debate pendiente

A finales del año pasado el presidente Petro, en un discurso que dio a los militares, dijo que al Gobierno Nacional «no le emocionaba el cese al fuego» y que no lo ve prioritario «si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción» de las economías ilícitas.
Además de restarle importancia a uno de los principales esfuerzos de la Mesa de Diálogos, sus declaraciones dieron la impresión de que para el Gobierno el principal factor del conflicto social, político y armado fueran las economías ilícitas.
Desde el inicio de este proceso el ELN ha enfatizado que en cualquier impulso por construir una sociedad en paz debe traer consigo transformaciones de fondo para la vida política, social y económica de la sociedad, donde por supuesto se incluyen reflexiones, debates y la superación de las economías llamadas ilegales.
Frente a cada una de las que mencionó Petro, nuestra Organización ha planteado una postura clara. Por ejemplo, hemos repetido incansablemente que el ELN no tiene cultivos, ni laboratorios, ni rutas de narcotráfico; en cambio, nuestras estructuras responden a la orientación del deslinde categórico con el narcotráfico y podemos demostrarlo.
En ese sentido hago un llamado nuevamente a la Comunidad Internacional, a las organizaciones interesadas y al mismo Gobierno, para que se constituya una comisión internacional para que examine que lo que decimos es verdad y no los inventos de las empresas de la comunicación en su guerra mediática.
Ahora, regresando a la afirmación del presidente, considero que hablar de «destruir», como él mismo lo dijo, y de «declarar una guerra frontal» contra las economías consideradas ilícitas, como afirmó al comienzo de este año el Comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, son discursos peligrosos.
Estos son los mismos que durante décadas han legitimado estrategias militares, de persecución y represión de los sectores vulnerables como cocaleros, raspachines y pequeños mineros, sin tocar siquiera a quienes realmente se lucran de estos negocios.
Además la reflexión del presidente se queda corta, pues no solo es necesario repensar las economías ilegales, sino que también es fundamental revisar las dinámicas de las economías extractivas, que sí son consideradas legales, donde las Fuerzas Militares del Estado actúan en connivencia y coordinadamente con los paramilitares protegiendo a las transnacionales y desarticulando el tejido social y las comunidades en los territorios, para sembrar el despojo.
En muchos casos las consecuencias de lo que se considera «legal», han sido iguales o más graves que las que han generado lo que se entiende por ilícito, cito tres ejemplos:
El asesinato de líderes sociales y sindicales por parte de empresas extranjeras. Un caso que ha generado debate en la actualidad por el involucramiento de Álvaro Uribe Vélez, fue el asesinato de tres sindicalistas del Cesar en 2003, por parte de la minera Drummond. Esa multinacional, además, también habría tenido vínculos con los paramilitares.
Por otro lado, la base de datos de la JEP confirmó que entre 2005 y 2008 las Fuerzas Militares asesinaron a 93 personas en municipios de Casanare y Boyacá, de las cuales 69 ocurrieron en zonas aledañas a los campos que la multinacional British Petroleum explotó hasta el 2010.
Finalmente, otro hecho importante fue la creación de las Estructuras de Apoyo (EDA) de la Fiscalía para «observar delitos contra la infraestructura minero energética», las cuales han judicializado a decenas de líderes. Hace años se comprobó que mantienen convenios con el sector minero energético. Además, 70 empresas de este sector tienen acuerdos de cooperación con instituciones públicas como el Ministerio de Defensa.
En fin, estos son apenas unos pocos datos, pues ya existen muchos casos documentados que evidencian la relación entre empresas que se mantienen en la «legalidad» con asesinatos, hostigamientos y deterioro de los bienes naturales en los territorios donde operan.
Con todo esto, a la reflexión del presidente Petro le falta una pata. La construcción de la paz sí requiere un debate profundo alrededor de las economías, pero no solo ilegales sino también las legales que son motor del conflicto armado, social y político, con el apoyo del Estado.
Por eso, invito a la sociedad colombiana a que inicie una discusión profunda y necesaria que cuestione las dinámicas de la economía y trascienda la legalidad o no de las mismas. Imaginar alternativas al extractivismo y al neo extractivismo es clave para construir circuitos económicos que complementen una apuesta colectiva por la paz.
Autor: Antonio García

Huele a azufre es una plataforma digital de análisis geopolítico contrahegemónico, que busca visibilizar las voces y los discursos silenciados por el poder mediático.