EXCLUSIVO. La política neocolonial: el robo de Citgo y de otros bienes a Venezuela
Estados Unidos insiste en el embargo ilegal y el robo de Citgo, empresa que reúne un grupo de refinadoras de petróleo y estaciones de gasolina y lubricantes.
Buscan el colapso y la ruina del país, según reconoce un informe del Congreso gringo.
El Departamento del Tesoro gringo ordenó “cerrar todas las operaciones” de Minervén.
El 8 de marzo de 2015 Estados Unidos patenta su política de agresión contra Venezuela, con el relato de que representa una “amenaza inusual y extraordinaria”, para su seguridad nacional y su política exterior.
Esa medida ejecutiva, unilateral y de ataque, era la consecuencia de una anterior, del 18 de diciembre de 2014, cuando el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela (Ley Pública 113-278), para sancionar a quienes actuaron en contra de las acciones violentas, las llamadas guarimbas.
A partir de esa declaración lanza una embestida de acciones criminales contra el pueblo de Venezuela, que va renovando y al mismo tiempo exhibiendo, para asfixiar las finanzas públicas y los ingresos, el comercio exterior y la industria petrolera. También como parte de la intimidación y la amenaza contra lo que considera su patio trasero latinoamericano.
La lista incluye el robo de Citgo Holding Inc y Citgo Petroleum Corporation, Monómeros, 31 toneladas de oro; bloqueo de las cuentas en el sistema bancario internacional, la prohibición de cualquier operación financiera con PDVSA. Es una política de bloqueo económico y financiero que le ha arrebatado a Venezuela más de 35.000 millones de dólares.
Cuenta la profesora de la UCV, Judith Valencia, que Venezuela, con su proceso constituyente y renovador que comenzó en 1998, quebró e interrumpió la estrategia imperialista en desarrollo, cuando el 14 de diciembre de 1994, en Miami se reunieron —35— presidentes y jefes de gobierno, convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA). Esa vez, dice Valencia, firmaron el compromiso de «reestructurar el sistema interamericano”. Es la política publicitada como «Cumbre de las Américas».
La quiebra y la ruina como meta
¿Cómo es que un país como Venezuela empieza a mostrar signos de mejor vivir? Desde la llegada del presidente Hugo Chávez, en una coyuntura de mejoría en los ingresos petroleros, la Venezuela que tiene una línea independiente y soberana, pudo mostrar avances y mejoras en el ingreso de los trabajadores, en los servicios públicos, en las condiciones de vida.
De allí que Estados Unidos impuso una política de fuerza, arbitraria y unilateral para arruinar a Venezuela y desestabilizarla, para promover un “cambio de régimen”. Así lo acaba de reconocer un informe de la Oficina de Servicios de Investigación del Congreso estadounidense(1). “Esas sanciones no lograron desalojar a Maduro y contribuyeron a una crisis económica en el país que ha llevado a 7,7 millones de venezolanos a huir”, dice el texto. “La administración Trump amplió las sanciones estadounidenses más allá de aquellas dirigidas a individuos, para incluir sanciones financieras más amplias, sanciones sectoriales y sanciones al gobierno de Nicolás Maduro”.
Las medidas coercitivas y unilaterales
A lo largo de una década Estados Unidos ha impuesto leyes y medidas ejecutivas, para bloquear a Venezuela, apoyándose en decisiones coercitivas y unilaterales.
El Observatorio Venezolano Antibloqueo(2) detalla que, además de las dos citadas de diciembre de 2014 y marzo de 2015, han sido dictadas otras ocho medidas coercitivas unilaterales (MCU). El 27 de mayo de 2021 anunció una para paralizar las operaciones en el sector oro de la economía venezolana.
El 5 de agosto de 2019, Trump decidió el bloqueo sobre los activos de Venezuela en territorio estadounidense, para confiscar Citgo, las sedes diplomáticas y otros activos venezolanos. El 1 de noviembre de 2018 el Congreso de EE.UU aprobó la Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo de Venezuela 2019 para apoyar al autoproclamado Juan Guaidó, a quien pretendieron hacer pasar como un presidente interino.
El 21 de mayo de 2018, Estados Unidos prohibió cualquier operación financiera o jurídica legítima que permita a Venezuela obtener financiamiento internacional, realizar compras o pago de deudas, en una acción directa contra la petrolera PDVSA.
El arrebato de Citgo
Ese afán de agresión es en los hechos una política neocolonial de sometimiento y de intervención descarada, que se ha concretado, desde hace cinco años, en el embargo ilegal y el robo de Citgo Petroleum Corporation, empresa que reúne un grupo de refinadoras de petróleo y estaciones de gasolina, lubricantes y petroquímicos. Es una de las principales en su área, con 14,885 estaciones de servicio.
Para ponerle la mano a Citgo, buscaron el atajo del autoproclamado Guaidó, que de manera inmediata Estados Unidos reconoció. Quizás no tuvo fuerzas ni capacidad para poner en riesgo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero si era la excusa precisa para confiscar los bienes de Citgo. Lo que vino después fue la puesta en marcha de un guion en desarrollo.
El gobierno venezolano denunció como un «vulgar despojo» la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar e impedir que se pueda apelar una orden judicial, para facilitar la labor de los acreedores que subastan y se apropian de Citgo.
Para leer respuesta de Venezuela ante el fallo de la Corte Suprema de EE.UU.
Caso del oro
Igual robo se registra con el caso de las 31 toneladas de oro venezolano colocadas en el Banco de Inglaterra.
Como documenta el Observatorio Venezolano Antibloqueo(3), el gobierno británico utiliza el mismo expediente de reconocer a Guaidó, para quedarse con el valioso mineral.
En Londres se elimina la seguridad jurídica y se desconoce el sistema internacional de inversiones. Se avanza con la apropiación del oro, como sea, con unos pretextos hoy y otros mañana.
Minervén, empresa que dirige proyectos de minería, oro y plata, es un objetivo declarado. Este 29 de enero resumió La Iguana TV que “la administración de Joe Biden, a través del Departamento del Tesoro, publicó la Licencia General número 43A que ordena cerrar todas las operaciones de la Corporación Venezolana de Guayana, Minerven C.A, antes del 13 de febrero”.
De la respuesta en construcción y en desarrollo
Durante esta década, distintas iniciativas políticas, legales y de poder del pueblo han levantado la bandera de la soberanía y la independencia. Cabe recordar dos: El 22 de mayo de 2023, el Ejecutivo venezolano promulgó la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, para hacerle frente a la corrupción y al robo del patrimonio del país.
Así mismo, el 9 de octubre de 2020 fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.
Falta añadir otra que resulta fundamental, crucial y definitiva: la respuesta popular y comunal, que se expresa en experiencias valiosas como las de las comunas de El Panal, en el 23 de enero de Caracas, y la de El Maizal, entre Lara y Portuguesa.
En medio de fortalezas, debilidades y controversias han sido útiles para contener la arremetida imperial y para abrir otros horizontes.
Autor: Orlando Villalobos Finol
@orlandovillalobos26/ @pasionporeldiscurso
Para consultar las fuentes del autor:
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