Elecciones 2026 en Perú: La voluntad popular frente a la manipulación institucional
La burocracia tramposa de una institucionalidad política, vuelve a emboscar a un pueblo que se volcó masivamente en busca de respuestas y obtuvo como tal la incertidumbre de no percibir que le depara el destino.
Las recientes elecciones generales de Perú, celebradas el pasado 12 de abril de 2026, han puesto de manifiesto la resiliencia del pueblo peruano frente a una preocupante ineficiencia institucional. Lejos de la apatía pronosticada, la ciudadanía acudió masivamente a las urnas, aunque la jornada estuvo marcada por fallas logísticas y un conteo de votos agonizante que hasta el día de hoy no ha podido concluir con el recuento de los votos, anunciando que habrá que esperar hasta la primera quincena de mayo, arrojando la lógica desconfianza sobre el proceso electoral.
Más allá de esto, uno de los datos más destacados de estos comicios es la notable disminución del ausentismo. Mientras que, en las elecciones de 2021, año marcado por la pandemia, la abstención alcanzaba el 29.95%, en 2026 se situó en un 23.8%. Esta reducción, evidencia la expectativa de los ciudadanos por encontrar respuestas en el proceso democrático, por eso no es extraño ver que en los lugares de votación populares como Villa El Salvador, la participación superó el 75%, confirmando que la población, especialmente en las zonas más pobres, percibe el voto como una herramienta importante de resistencia y cambio.
La contracara de la alta participación ciudadana fue la alarmante ineficiencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que no se produjo por la ausencia de los miembros de mesa, sino por la deficiente planificación y despliegue de las 92.720 mesas necesarias para atender a los más de 27.3 millones de electores.
En un contexto de normalidad sanitaria y sin la existencia de un estado de excepción, quedaron 211 mesas sin instalar en Lima, registrando un “récord histórico”, en relación de las 47 mesas no instaladas en 2011 y las 26 no instaladas en 2016, situación que ha obligado a miles de peruanos a regresar a sus centros de votación el día 13 de abril, vulnerando su derecho y generando una justificada indignación.
La jornada electoral se cerró con la preocupante cifra de 5.000 actas pendientes de revisión. Este volumen inédito en la etapa de conteo ha generado desconfianza y ha puesto en evidencia la lentitud del organismo electoral.
Con el 94% de los votos procesados, el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), mantenía una ventaja de 14.092 votos sobre Rafael López Aliaga, uno de los candidatos de la ultraderecha. Según las proyecciones de las consultoras IPSOS y Transparencia Internacional, Sánchez sería el segundo ganador.
Faltando el 6% de los votos tenidos como “observados” que están siendo revisados por representantes de ambos candidatos y funcionarios electorales, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, adelantó que, “por la paridad de quienes están en el segundo y tercer lugar en las elecciones presidenciales y la necesidad de resolver impugnaciones o actas observadas, recién en la primera quincena de mayo se podría confirmar quién sería el rival de Fujimori en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio”.
Elecciones Legislativas: Un Escenario Fragmentado en el Congreso
Después de las elecciones del 12 de abril de 2026, el Congreso de la República de Perú vuelve a ser bicameral, compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La distribución final de escaños, muestra una presencia mayoritaria de Fuerza Popular en ambas cámaras, pero sin tener autonomía para imponer las leyes.
La Cámara de Diputados estará compuesta por 130 miembros, elegidos en 27 distritos electorales. Los resultados son los siguientes:
– Fuerza Popular (FP): Obtuvo 40 escaños. (Fujimori)
– Juntos por el Perú (JP): Consiguió 31 escaños. (Sánchez)
– Partido del Buen Gobierno (PBG): Logró 18 escaños. (Jorge Nieto)
– Renovación Popular (RP): Obtuvo 16 escaños. (Rafael López Aliaga)
– Partido Cívico Obras (Obras): Consiguió 15 escaños. (Ricardo Belmont)
– Ahora Nación (AN): Alcanzó 10 escaños. (Alfonso López Chau)
La Cámara de Senadores estará compuesta por 60 senadores. De estos, 30 son elegidos a nivel nacional y los otros 30 se distribuyen en 27 distritos electorales.
Luego de más de tres décadas se elige un Congreso bicameral, con mandato de cinco años; en él, el Senado actuará como una cámara revisora y de control, con facultades exclusivas en ciertos ámbitos:
Será la instancia encargada de revisar, aprobar o desestimar las leyes que provengan de la Cámara de Diputados. Esto significa que las leyes deben pasar por ambas cámaras para su aprobación definitiva.
Designará a los altos funcionarios (elegir y ratificar) del Estado, como:
– El Defensor del Pueblo.
– Los magistrados del Tribunal Constitucional.
– El Contralor General de la República.
– El Superintendente de Banca, Seguros y AFP.
– Los miembros del directorio del Banco Central de Reserva.
También ejercerá Control político y judicialización:
– Podrá suspender o inhabilitar y enjuiciar a altos cargos acusados oficialmente.
– Autorizar los viajes internacionales del Presidente de la República.
– Examinar y decidir sobre tratados y convenios internacionales.
Además, aunque su función principal es revisora, los senadores tendrán la iniciativa legislativa en reformas constitucionales y leyes orgánicas.
A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado no puede ser disuelto por el Presidente de la República. Esto le otorga una mayor estabilidad y autonomía en el sistema político.
Según los últimos datos, la conformación es la siguiente:
– Fuerza Popular (FP): Tendría 22 senadores, consolidándose como la primera fuerza.
– Juntos por el Perú (JP): Contaría con 14 senadores.
– Renovación Popular (RP): Obtendría 8 senadores.
– Partido del Buen Gobierno (PBG): Sumaría 7 senadores.
– Partido Cívico Obras (Obras): Lograría 5 senadores.
– Ahora Nación (AN): Conseguiría 4 senadores.
Esta configuración del Poder Legislativo muestra un Congreso fragmentado, donde la fuerza de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) será preponderante, pero quien gane en segunda vuelta, necesitará negociar con otras bancadas como Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación para impulsar su agenda legislativa.
Hacia la segunda vuelta
Con un padrón electoral de más de 27.3 millones de electores y un ausentismo del 23.8%, se puede inferir que aproximadamente 20.8 millones de ciudadanos acudieron a votar en estas elecciones. Es importante recordar que esta cifra incluye el voto voluntario de los mayores de 70 años.
Según los datos más recientes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 20 de abril de 2026, con un avance de escrutinio cercano al 93.59% de las actas contabilizadas, se habían registrado 2.202.885 votos en blanco en las elecciones generales del 12 de abril. Esta cifra equivale aproximadamente al 11.64% del total de votos emitidos, por el momento.
Nuevamente, en estas elecciones presidenciales se han expuesto una serie de maniobras antidemocráticas, con las cuales se deja en evidencia que el acto electoral es tomado por la derecha mafiosa como un simple acto administrativo en el cual lo único válido es el triunfo de la derecha.
Mientras el pueblo peruano, que nunca abandona la lucha en las calles, demuestra una clara voluntad de participación electoral para terminar con el flagelo neoliberal, las instituciones cooptadas por las mafias políticas, fracasan en la tarea de garantizar un proceso electoral eficiente y transparente.
La demora en el conteo de votos y las fallas logísticas, aunque no demuestran que puedan alterar los resultados, ponen en duda la legitimidad del sistema democrático.
La amenaza de un golpismo preventivo por parte de la ultraderecha, no es descartable ante la fragilidad del escenario político y la plena y contundente participación popular.
Cuando muchos no lo pensaban, Roberto Sánchez, aumenta levemente a 14.000 votos su ventaja sobre el candidato de ultraderecha que está en 3er. lugar en el conteo de sufragios de la primera vuelta electoral.
Ocho días después de las elecciones generales, pareciera que Roberto Sánchez, congresista de la izquierda y aliado del expresidente Pedro Castillo (ilegalmente en prisión), será el contrincante de la ultraderechista Keiko Fujimori (primera con cerca del 17% del total de los votos) para la segunda vuelta.
Aunque el 6% de los votos restantes, “observados”, pudieran tener una influencia en el resultado final de esta primera vuelta, es previsible que el candidato de la izquierda sume votos de las zonas andinas y, por eso, las consultoras (IPSOS y Transparencia Internacional) lo dan públicamente como ganador y contendiente para la segunda vuelta.
La derecha golpista, que en la elección pasada demoró tres meses el reconocimiento a la victoria de Pedro Castillo tratando de anular su triunfo por vías legales e ilegales, ahora, busca activar los mecanismos para un golpismo preventivo de la mano de una anulación del proceso electoral que ellos mismos viciaron.
Tratan de declarar fraudulentas y nulas las elecciones, por las maniobras que posibilitaron las fallas logísticas que demoraron el ejercicio del voto, obligando a extender votaciones un día más, situación que provocó la detención de las autoridades electorales, aunque los observadores nacionales e internacionales, no se hayan pronunciado por las demoras producidas en el acto comicial, entendiéndolos como un elemento de alteración de los resultados.
La estrategia del golpismo preventivo no tiene otro objetivo que imponer a López Aliaga a segunda vuelta sea como sea. El mismo candidato encabezó el llamado a desconocer los resultados a través de sus redes sociales, llamando a la “insurgencia civil”, convocando a una marcha en el centro de Lima.
De confirmarse su derrota, comenzará otra batalla de los sectores postergados del Perú profundo y lejano, para derrotar la endémica catástrofe del fujimorismo por cuarta vez, pero ahora con la experiencia de los errores cometidos y con la certeza de que, o Perú se refunda, o quedará condenado por mucho más tiempo, a ser un Estado fallido.
Fuente: PIA Global/Oscar Rotundo
Huele a azufre es una plataforma digital de análisis geopolítico contrahegemónico, que busca visibilizar las voces y los discursos silenciados por el poder mediático.
